Uruguay Endurece Política Contra El Lavado De Activos

El 20 de diciembre último el parlamento uruguayo aprobó la nueva Ley Integral contra el Lavado de Activos. El Ejecutivo ahora prepara un decreto reglamentario específico para cada uno de los sectores obligados teniendo en cuenta los riesgos de cada actividad. Esto se da en un contexto donde el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, está siendo investigado por lavado de activos en el vecino país y cuya situación levantó críticas de varios sectores políticos por los pocos controles realizados para detectar los orígenes de su fortuna.

Los reportes de operaciones sospechosas en Uruguay han venido creciendo en los últimos seis años. Según datos no corroborados por el Banco Central del Uruguay (BCU), en 2017 el incremento sería de un 14 por ciento repecto del año anterior. Según el último documento publicado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del año 2016 y publicado el 31 de mayo último, los reportes ascendieron a 480, superando ampliamente a los 363 casos recibidos en el 2015. De estos últimos reportes del año 2016, el 81 por ciento representan operaciones realizadas en el sector financiero, siendo los bancos con 261 reportes y un aumento respecto al año anterior del 34 por ciento y las casas de cambio con 261 y 43 por ciento respectivamente, las entidades reportantes con mayor cantidad de casos y evolución.

Por su parte, desde el sector no financiero, los casinos han venido teniendo un crecimiento constante desde el año 2012, con importante variaciones. Desde unos tímidos 12 casos en 2012 y 2013, los ROS reportados en este segmento fueron creciendo desde 8 en 2014, 18 en 2015 y 24 en 2016, lo que supone un aumento del 34 por ciento entre estos dos últimos años, siendo este sector el de mayor cantidad de casos en el ámbito no financiero. Sin embargo, y a pesar del número creciente de casos, desde el BCU se emitió un comunicado señalando que resulta llamativo el bajo número de Casos de operaciones reportadas en el sector no financiero. El titular de la UIAF, Néstor López, explicó que en lo últimos 15 años hubo 2.500 reportes del sector financiero y sólo 200 del segmento no financiero, lo que le resulta muy llamativo y por lo cual, dijo, "tenemos que trabajar para generar un mayor involucramiento".

Por otra parte, y a pesar de que un medio uruguayo publicó que los reportes del año 2017 habrían aumentado un 14 por ciento con relación al año anterior con 550 operaciones sospechosas, un vocero del Banco Central del Uruguay, entidad responsable de la emisión de los reportes, explicó al Diario del Juego que el reporte correspondiente al año 2017 todavía está en proceso y será emitido en unas semanas.

El titular de la Secretaría Nacional Antilavado (SNA), dependiente de Presidencia de la República, Daniel Espinosa, había dicho en declaraciones a un portal de Montevideo, que "la plata negra de Argentina ya no será tolerada pacíficamente", y que el cambio legislativo en la ley de lavado votada a fin de año, es un intento de 'aggiornar' la normativa a las exigencias de los organismos internacionales.

Según explicó Espinosa, la normativa será adecuada teniendo en cuenta los riesgos de cada sector. "Se emitirá un decreto específico para cada uno de los sectores: escribanos, zonas francas, casinos, rematadores... que son sectores de riesgo, que están obligados por la ley antilavado, pero que requieren una reglamentación particular porque son actividades completamente distintas. La idea es reglamentar esta ley y adaptarla a cada sector en este primer semestre del año".

Estas declaraciones se dan al unísono con el caso del sindicalista Argentino Marcelo Balcedo, quien está siendo investigado en el vecino país por presunto lavado de activos, ya que se le detectaron una mansión en Playa Verde, catorce autos de alta gama y más de 400 mil dólares en efectivo. Varios sectores de la política uruguaya, incluyendo diputados frenteamplistas, dijeron que a partir de este caso, que los controles antilavado fallaron ya que el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) pasó durante ocho años desapercibido en el Uruguay a pesar de la vida ostentosa que llevaba.

Las claves

En primer lugar, la nueva ley nuclea en un solo texto las normas relativas al lavado de activos, hoy dispersas en decenas de leyes, decretos y rendiciones de cuentas.

La lucha contra el lavado de activos se añadió a la legislación nacional durante la dictadura militar y desde entonces quedó asociada con la persecución del narcotráfico. Bajo el entendido que el lavado de activos no se restringe a esa actividad, la nueva ley establece un nuevo organigrama para su combate.

A tales efectos, se crea una Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos, dentro de la órbita de la Secretaría Nacional Antilavado, dependiente de Presidencia.

Sujetos obligados

La ley integral amplía la nómina de sujetos obligados a reportar actividades sospechosas de lavado de activos.

Además de todas las personas físicas o jurídicas que estén bajo el control del Banco Central (es decir, los agentes del
sector financiero), la ley obliga a casinos, inmobiliarias, rematadores, asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos y otras organizaciones sin fines de lucro a "informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada".

Pero el punto más polémico de esta modificación, y motivo de diferencias entre el oficialismo y la oposición, es la inclusión de los escribanos, abogados y contadores entre los sujetos obligados.

Para las primeras dos profesiones, la obligación se restringe a una serie de actividades a cuenta de sus clientes, entre las que se encuentran la administración de dinero, de cuentas bancarias, la creación y operación de personas jurídicas o fideicomisos y la compraventa de establecimientos comerciales.

El punto más polémico de la modificación, y motivo de diferencias entre el oficialismo y la oposición, es la inclusión de los escribanos, abogados y contadores entre los sujetos obligados.

En el caso de los contadores, la ley es aún más exigente. Además de las actividades comprendidas para abogados y escribanos, los contadores públicos que actúen en calidad de independientes deberán reportar operaciones sospechosas que surjan de la confección de informes de revisión limitada o de informes de auditorías.

En todos los casos, los profesionales no estarán obligados a reportar las operaciones que surjan de prácticas de "asesoramiento", ni la información que se obtenga en el marco del ejercicio del derecho de defensa, o en aras de verificar el estatus legal de un cliente.

Los reportes deberán hacerse ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, so pena de percibir multas de entre 1.000 UI a 20 millones UI.

Delitos precedentes y autonomía del delito

Hasta ahora el delito de lavado de activos, en la legislación uruguaya, estaba atado a un delito precedente, a partir del cual se obtenía indebidamente la riqueza que luego habría de ocultarse en su ingreso al circuito legal.

La nueva ley, en cambio, lo declara un crimen "autónomo" y, como tal, podrá ser tipificado sin que exista un procesamiento previo por las actividades delictivas, "alcanzando con la existencia de elementos de convicción suficientes para su configuración".

Más allá de esa autonomía, la ley establece una serie de delitos precedentes a los que se vincula el crimen de lavado de activos.

Entre ellos, se destacan el terrorismo, el tráfico de armas, el contrabando (por una suma superior a 200.000 unidades indexadas), la extorsión, el secuestro y los delitos contra la administración pública.

Además, la ley agrega como precedente el delito de defraudación tributaria, cuando el monto supere determinado umbral. En el primer año de vigencia de la ley, ese mínimo será de 2.500.000 unidades indexadas, pero bajará a 1 millón UI a partir del 1° de enero de 2019.

Eso implica, a su vez, que los profesionales que constaten elementos propios de defraudación deberán reportarlo a las autoridades.

Paraísos fiscales

Entre las prohibiciones, se establece que los cargos políticos no podrán ser accionistas, beneficiarios finales, ni tener ningún tipo de vinculación con sociedades comerciales con domicilio en paraísos fiscales, mientras desempeñen dichos cargos.

En esa disposición están comprendidos el presidente, vicepresidente, senadores y diputados, ministros y secretarios de Estado, directores generales de las secretarías, los directores de entes autónomos, servicios descentralizados y personas públicas no estatales, así como cualquier otro cargo político y de particular confianza.

La ley establece nuevos actores obligados a reportar operaciones sospechosas de Lavado, entre ellos: casinos, zonas francas, traslado de valores y piedras preciosas; partidos políticos, asociaciones civiles y cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica. Además deberán hacerlo rematadores; quienes comercialicen obras de arte, abogados, contadores y escribanos, empresas constructoras y operadores inmobiliarios de cualquier tipo.

También establece una extensa nómina de delitos considerados "precursores" de Lavado; precisa los delitos vinculados , determina nuevas multas y condenas penales.


 

 


 

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