Un Pasatiempo Campero Al Borde De La Ilegalidad

Si bien, desde el año 2000 la ley 12.449 prohíbe en la provincia de Buenos Aires las carreras de perros de cualquier raza “excepto aquellas que se realicen en canódromos creados y habilitados por ley”, normas municipales, grandes criadores, apuestas ilegales y la ausencia de una ley nacional que regule la actividad, hacen que en varias provincias las carreras, ilegales o pseudo-legales, se den sin que las autoridades intervengan a pesar de que muchos organizadores publicitan por la Web estos eventos.

Hace algunas semanas una noticia pasaba casi inadvertida. En la pequeña localidad de Daireaux, provincia de Buenos Aires, el juez de Trenque Lauquen prohibió una carrera entre un galgo y un caballo debido a posibles peligros hacia el can. Si bien el juez actuó a partir de la denuncia de un activista en pro de los derechos de los animales, el evento se había anunciado con bombos y platillos por blogs y varias publicaciones en la Web. Incluso, varios medios de la zona del hecho lamentaron que la carrera fuese prohibida de forma "intempestiva", ya que miles de personas habían llegado a presenciar el evento, desarrollado en el marco de la Fiesta Internacional del Galguero.

La Ley 12.449 prohíbe la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, a excepción de aquellos canódromos creados y habilitados por la ley. Asimismo, la ley advierte que si se comprobara que los canes fueron objeto de algún tipo de estimulación farmacológica para mejorar el rendimiento, los responsables serán juzgados por el delito de crueldad y malos tratos a los animales. A esto se le suma el hecho de que las carreras son objeto de apuestas ilegales, que mueven millones en todo el país.

Marta Wagner, activista y responsable de la Asociación de Protección al Animal Abandonado (A.P.A.A.) de Dolores, está convencida de que los perros son drogados para que rindan más en las carreras, lo que hace que terminen enfermos o muertos. Explicó además, que en la provincia de Córdoba existen laboratorios clandestinos que fabrican estas sustancias a base de "arsénico, estricnina y clembuterol" (sic). Wagner, inclusive involucró en el negocio al dirigente sindical Gerónimo "Momo" Venegas, a quien calificó de "referente galguero" y quien prometió luchar en el congreso para permitir y regular las carreras de galgos.

"Estamos trabajando porque en varios lugares de la provincia (de Buenos Aires) se están haciendo carreras de galgos totalmente fuera de la ley, bajo el amparo de ordenanzas que son normas de categoría menor que no pueden pasar por encima de la ley", explicó. Cabe destacar que en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires existen canódromos permitidos por la ley, y el único habilitado fue el de Villa Gesell, el cual cerró sus puertas a mediados de los '90 "por ser un negocio muy poco rentable", recuerda Marta.

Para ella, la legalidad es sinónimo de fracaso económico en esta actividad, ya que pagar veterinarios, tener sueldos en blanco y pagar el canon al Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) suponen costos que reducen drásticamente las ganancias hasta convertirlo en un negocio poco o nada viable. "Acá (en las carreras ilegales) se maneja muchísimo dinero y en el circuito ilegal es dinero líquido, esto no tributa impuestos cuando a todo el mundo le cobran impuestos hasta por el salario familiar. Los organizadores se llevan la mayor tajada y no les importan los animales", aseguró.

Lo cierto es que la mayoría de los defensores de las carreras argumentan que éstas son una tradición muy arraigada, a lo que los detractores contestan que hace sólo algunas décadas que la actividad galguera se viene desarrollando. La tradición, en verdad, proviene de Inglaterra y pasa luego a la Europa continental y de allí a América del Norte. Los activistas coinciden en argumentar que los organizadores, más que tradicionalistas, se mueven por el dinero que producen las carreras.

Si bien las apuestas en estos eventos son ilegales, capta la mayor parte de la atención de los concurrentes, ya sean
espectadores comunes, organizadores o criadores. Incluso, hace algún tiempo salió una especie de manual de usuario para saber por cuál galgo apostar, en donde se explica que el apostador debe visitar antes de apostar la rotonda donde se exhiben los canes. Por lo general, las apuestas van de $ 10 a $ 100 (de 1 a 10 dólares), según la importancia de la carrera. Eventos como el que se prohibió en la localidad de Daireaux pueden llegar a recaudar 1,5 millones de pesos en concepto de entradas, apuestas y ventas de bebidas y comidas.

Lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires se replica en otras provincias como Santa Fe, Córdoba, la Pampa y San Juan, en donde las carreras de galgos son parte importante de la vida festiva de pueblos y zonas rurales. En Santa Fe, por ejemplo, las carreras de galgos son eventos que se programan según las legislaciones municipales vigentes, las cuales, sin embargo, se transgreden sistemáticamente. Es el ejemplo de la localidad de Calchaquí, en donde el intendente, Gabriel Colnaghi, suspendió las carreras de galgos debido a que no cumplían con las normas municipales.

En el mismo sentido, la diputada provincial por el partido SI, integrante del Frente Progresista Cívico y Social,Alicia Gutiérrez, presentó un proyecto de ley en el que se establece la prohibición de las carreras de canes en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe y agregarlas al código de faltas mediante la incorporación de un inciso. El proyecto trata de impedir tanto el maltrato animal como la red de apuestas ilegales de las cuales se nutren estos eventos y que evaden todo tipo de control gubernamental.

También en La Pampa el diputado Darío Casado, del PRO, presentó un proyecto que impulsa la prohibición de los canódromos, pero en este caso se esgrimen cuestiones inherentes a los derechos del animal, ya que considera que los perros son sometidos a condiciones brutales y que sólo salen de sus caniles para correr. Además, agregó que los canes son criados para correr, pero si no dan con las expectativas de los dueños son abandonados o entregados a sociedades protectoras de animales.

La provincia de Córdoba, por su parte, es considerada "La Meca de los galgueros" por las condiciones favorables que la legislación ofrece a los criadores y organizadores de eventos. Incluso, muchas localidades incluyen en sus fiestas patronales o regionales, a las carreras de galgos como uno de los eventos principales. En Marcos Juárez, La Carlota, Arroyito o San Francisco, por nombrar algunos departamentos, las carreras de galgos son promocionadas en las mismas páginas web de las intendencias y cuentan con el aval de las autoridades a pesar de las quejas de los defensores de los derechos de los animales.

Ya sea por la crueldad con la que se trata a los canes, por los cócteles que se les administran para mejorar su rendimiento, o por la red de apuestas que mueve millones y que no tributa un centavo, las carreras de galgos entran dentro de un terreno controversial y muy poco simpático para buena parte de la sociedad. Es cierto que toda actividad debe ser regulada por el estado y tributar como tal, pero parece ser que ésta está muy lejos de lograr ese estatus. Lejos en el tiempo quedó el proyecto del canódromo de Villa Gesell, que fue considerado uno de los más modernos del mundo pero que cerró antes de que los activistas llegaran con sus pancartas de protesta, ya que, bailar al ritmo de la ley provincial no les era rentable.


 

 


 
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