Tragamonedas ilegales hasta en los mingitorios públicos

Un proyecto de ley que impulsa la prohibición de alrededor de 20.000 tragamonedas en Uruguay y una fuerte embestida contra éstas máquinas ilegales en Chile, puso sobre el tapete, una vez más, a esta problemática común a toda Latinoamérica.

Se trata de un negocio multimillonario que ya ha generado diversas denuncias por juego ilegal y evasión impositiva. En Chile, estas máquinas se importan por partes y se arman en forma local. Luego se venden de manera directa.

Se estima que hay alrededor de 250.000 tragamonedas ilegales instaladas en Chile, generando un movimiento de 1.700 millones de dólares anuales, aunque es incierta la ganancia que se obtiene por cada una.

Los locales donde operan los tragamonedas no satisfacen las condiciones mínimas de seguridad contra el fraude, son escasamente fiscalizados, y a menudo, son foco de atracción para delincuentes de todo tipo.

Peor aun, estas máquinas se encuentran en lugares públicos donde el acceso es totalmente libre, cualquiera puede jugar, inclusive los niños.

Hace unos 10 años, las tragamonedas de Chile sólo podían encontrarse en casinos como los de Viña del Mar o Iquique pero, en la actualidad, se han diseminado, literalmente, por todas partes. Incluso los negocios de barrio tienen tragamonedas para atraer clientes y nuevos ingresos.

El alcalde de Santiago inició en mayo una campaña que condujo a la clausura en su comuna de 57 locales y que debiera llevar al cierre de otros 100 en los próximos meses. Iniciativas similares han tenido lugar en las comunas de Colchagua y Chepica.

Sin embargo, si en la mayoría de los casos sólo se aplicara la ley vigente, este tipo de máquinas, que se encuentran a la vuelta de la esquina en comercios, bares, almacenes, panaderías, y kioscos, deberían dejar de funcionar.

En Uruguay, el diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini presentó un proyecto de ley de prohibición de máquinas tragamonedas en locales no habilitados.

La propuesta recoge la iniciativa presentada con la firma del ex presidente Tabaré Vázquez en el 2009, que prohibía el juego ilícito y clandestino y establecía sanciones penales a título de delito para los proveedores y capitalistas de esos juegos de azar.

Según Gandini, "Tenemos que darle alguna solución a este fenómeno que se expande de manera ilimitada y que tiene detrás a un pequeño grupo de propietarios de máquinas, que ya son grandes casinos descentralizados" porque se
instalan en todo tipo comercios.

Una situación similar se da, también, en Costa Rica. Resulta extraño circular por lugares remotos de este país -que se caracteriza por tener una flora y fauna exuberante- y encontrarse, de pronto, en medio de bellezas naturales únicas, con rústicos caseríos en los que, por supuesto, no faltan las máquinas tragamonedas.

Tal es el caso de Matapalo, una localidad que no alcanza la categoría de pueblo, a la que se llega por un camino de tierra. Se sitúa en la región de Guanacaste, al noroeste de Costa Rica. Sus playas, sobre las aguas del Pacífico, están consideradas como una de las áreas más bellas y de difícil acceso. Allí, sin embargo, el almacén del pueblo tiene varias tragamonedas donde siempre hay gente jugando, especialmente niños.

Las empresas o los dueños de los tragamonedas, son grandes cadenas que registran onerosas ganancias. Operan de manera absolutamente informal. Dejan las máquinas sin ninguna condición ni la firma de algún documento y, después del pago de una comisión a los dueños de los comercios, cada semana, pasan a retirar el acumulado de ese periodo de tiempo.

El escenario se repite en toda Latinoamérica, casi en las mismas condiciones. En Cochabamba, Bolivia, la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol), no extendió ningún permiso ni licencia para el funcionamiento de tragamonedas. Sin embargo, la presencia de esta actividad en la urbe cochabambina es tal, que las máquinas se encuentran hasta en los mingitorios públicos.

Estos artefactos funcionan con monedas de 1 y 0.50 bolivianos, lo cual hizo que estas escaseen o desaparezcan de la circulación diaria.

La situación se repite también en México. A pesar de que el estado mejicano ha decomisado miles de estas máquinas y además capturado a personas dedicadas a su importación y operación, cada vez son más las tragamonedas que funcionan de manera ilegal.

El hecho de que no estén permitidas y que su entrada al país sea ilegal (mayormente procedentes de China) no ha generado acciones determinantes para atacar lo que algunos advierten como un grave problema social.


 

 


 

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