Cómo Se Regulan Los Juegos De Azar En Argentina

El periodista Federico Poore analizó en esta nota para el sitio Chequeado, un medio digital que se dedica a la verificación del discurso público y la promoción del acceso a la información, cómo se regulan los juegos de azar en Argentina y cuál es la situación en las distintas provincias.

El primer dato a tener en cuenta es que la regulación de los juegos de azar en la Argentina es facultad de cada provincia. Esto es así porque no está incluida dentro de las facultades del Poder Legislativo Nacional establecidas en el artículo 75 de la Constitución, y porque la Corte Suprema de Justicia, en un fallo dictado el 31 de mayo de 1999, resolvió que el régimen en la materia (incluyendo loterías, casinos, bingos y máquinas tragamonedas) y sus posibles infracciones no son una cuestión federal.

"Todas las provincias declaran ilegal el juego salvo el que esté admitido por sus leyes, con muchas que tercerizan y concesionan permisos a particulares contra el pago de canon a Loterías e Institutos Provinciales," resume ante Chequeado Gustavo Arballo, docente de la Universidad Nacional de la Pampa y autor del blog Saber Derecho.

El control provincial también incluye a los sorteos promocionales, como por ejemplo los que ofrece una empresa con la compra de un producto o servicio. "Por eso es que en varias publicidades se lee 'promoción no válida en Córdoba y Mendoza'. Ponen eso para evitar pagar impuestos muy altos que esas provincias ponen a los sorteos que no son de loterías oficiales", explica Arballo.

A partir de esta premisa se han desplegado diferentes modelos de operación del negocio, que van desde la explotación de casinos por parte del Estado -como sucede en varios casos en provincia de Buenos Aires- hasta la privatización total de la actividad (ocurrió en Salta durante varios años hasta que el gobierno de Juan Manuel Urtubey revocó la licencia de la empresa ENJASA).

Sin embargo, el esquema más extendido es el de concesiones a privados a cambio de un canon y/o una serie de impuestos.

A continuación la situación de los distritos más importantes.

Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires es uno de los distritos que incluyó una referencia directa al juego en su propia Constitución. Pero si bien el artículo 37 de la Carta Magna sancionada en 1994 establece que "la provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración de todos los casinos y salas de juegos" -y deja en claro que "no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica"- varias de estas salas son explotadas, en la práctica, por privados.

El ejemplo más claro de este fenómeno es el Casino de Tigre. La sala, que abrió sus puertas en noviembre de 1999, es operada por la firma privada Trilenium SA (Unión Temporal de Empresas, UTE, entre la empresa Boldt y Sociedad Comercial del Plata, que el año último cedió su 50% a Casino Club, del empresario Cristóbal López). ¿Cómo fue posible? Gracias al decreto 726/99, que dispuso la extensión de un contrato con Boldt de 1993 para el control online de las apuestas de las agencias de lotería. Jorge Omar Rossi, entonces titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), argumentó ante la Justicia que el decreto era una especie de "contrato sui géneris".

Al momento de su inauguración, el casino ofrecía 1.500 máquinas tragamonedas y 44 mesas de paño. Según el acuerdo, la empresa se llevaba el 50,82% de la ganancia bruta de las máquinas tragamonedas, mientras que la recaudación por los juegos de paño iba para el Estado. Este último caso se replica en todos los casinos de la provincia. La clave detrás de esta división estaba en la propia redacción del artículo 37, que prohibía la privatización de la banca. "Un juego bancado es la Quiniela, donde existe la posibilidad de que el operador pierda. Lo mismo con la ruleta de paño... y ambos son explotados por el Estado. Diferente es el caso de las máquinas tragamonedas, porque son juegos probabilísticos: ya tienen determinado el orden de pago de premios, lo único aleatorio es el momento en el que salen," sostiene Juan José Marc, director de sistemas del IPLyC bajo la gestión del gobernador Felipe Solá.

El resto de los casinos de la provincia son operados por el Estado, aunque en todos los casos (salvo en el Sasso de Mar del Plata, donde aún no hay slots) la empresa Boldt se encarga de la provisión de máquinas tragamonedas.

¿Qué sucede con las 46 salas de bingo distribuidas en 32 distritos bonaerenses? El artículo 36 de la Ley de Bingos sancionada durante la Gobernación de Antonio Cafiero, estableció que la autoridad de aplicación "podrá explotar el juego por sí, pudiendo autorizar a entidades de bien público (...) a explotar el mismo". No obstante, en la práctica, las entidades sin fines de lucro (clubes de fútbol, asociaciones de bomberos voluntarios) que recibieron una licencia subcontrataron la explotación de la sala.

La "Comisión Especial Investigadora de lo actuado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos", creada en 1999 por la Cámara de Diputados de la provincia, denunció que todas y cada una de las solicitudes para abrir bingos fueron presentadas por los terceros contratados y no por los verdaderos titulares de la concesión (es decir, las asociaciones de bien público), "lo cual aclara definitivamente quiénes eran los principales beneficiarios de la operatoria".

Salas en el distrito: 62 (Asociación de Loterias, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, ALEA, 2012).

Máquinas tragamonedas: 21.870 (ALEA, 2012).

Canon: 34% del net win (ganancia bruta) en bingos, 50,82% del net win en el Casino de Tigre.

Ingresos brutos: 12%.

Control online: Sí, del IPLyC.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Como se explicó en este chequeo anterior, la administración de juegos de azar es una facultad que la Ciudad reservó para sí en el artículo 50 de la Constitución local, aprobada en 1996. La Legislatura porteña, además, sancionó la creación de un Instituto de Apuestas de la Ciudad. Sin embargo, el negocio del juego fue históricamente potestad de Lotería Nacional.

En la Ciudad existen cinco bingos (Caballito, Flores, Belgrano, Congreso y Lavalle: ninguno tiene máquinas tragamonedas) y tres casinos: los barcos Princess y Estrella de la Fortuna, amarrados en Puerto Madero, y los 4.500 slots del Hipódromo de Palermo.

En 2003, el Gobierno porteño firmó un convenio con Lotería Nacional en el que se estableció el destino de lo producido.
Se pretendía así que la Ciudad pudiera comenzar a recibir al menos una parte de estos ingresos, lo que implicaba abandonar la batalla judicial entre jurisdicciones. "El convenio era como un corsé sobre el juego: se reconocía lo que estaba, sobre eso se tributaba y no se podía ampliar nada sin autorización de la Ciudad," explicó el entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, en el libro El poder del juego.

Luego de la llegada de Mauricio Macri al Gobierno porteño, y con el argumento de que resultaba difícil cobrar ingresos brutos a los operadores del juego, el PRO sancionó su propia adenda al convenio, ajustando hacia arriba el canon pagado por los operadores. Al mismo tiempo, el macrismo renunciaba a la pretensión de cobro de ingresos brutos, algo que varios legisladores de la oposición entendieron como un perjuicio a las arcas estatales.

Un tema no menor es cómo hace la Ciudad para controlar que las empresas paguen el canon correspondiente de acuerdo a lo recaudado, ya que (a diferencia de lo que sucede en provincia, donde el control en línea es operado directamente por el IPLyC) el Gobierno porteño no dirige el proceso.

"El Gobierno de la Ciudad no ejerce un control fehaciente sobre su recaudación efectiva, ya que la fiscalización del juego en territorio porteño está a cargo de Lotería Nacional", sostiene la legisladora de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto Lago. La legisladora se refiere al hecho de que la Ciudad, que por Artículo 50 de su Constitución debería "regula[r], administra[r] y explota[r] los juegos de azar", no está dirigiendo el proceso de control de lo producido.

Según explicó el titular del Instituto de Juegos de Apuestas, Néstor García Lira, la Ciudad recibe las cifras de recaudación mediante terminales instaladas en el noveno piso de la sede del Instituto de Juegos de Apuestas. Sin embargo, el control online en tiempo real de las máquinas (hasta 2012, los operadores pagaban en base a sus propias declaraciones juradas) es operado por Lotería Nacional, que utiliza un software de control de salas provisto por la empresa IGT, la misma que fabrica los slots del Hipódromo de Palermo.

Salas en el distrito: 8.

Máquinas tragamonedas: 6.031 (ALEA, 2012).

Canon: 30% del net win (hipódromo) / 20% del net win (casinos flotantes); desde 2013 se divide en partes iguales entre Lotería Nacional y la Ciudad *.

Ingresos brutos: No paga.

Control online: Sí, de Lotería Nacional (provisto por la empresa IGT).

* Según Decreto PEN 1155/2003 y Decreto PEN 600/99

Santa Fe

Santa Fe fue una de las últimas provincias en habilitar salas de juego en su territorio. La Ley de Casinos, aprobada en diciembre de 2001 durante la gestión de Carlos Reutemann, permitió por primera vez la instalación y explotación de casinos y bingos en la provincia.

En los años siguientes, ya durante la gestión de Hermes Binner como gobernador, se inauguraron el Rosario City Center, el Casino Melincué y el Casino de Santa Fe, todos con sus respectivos llamados a licitación.

Una disputa por la alícuota de ingresos brutos, que la provincia subió del 4,1 al 6,5%, terminó en la Justicia. A fines de 2012, la entonces diputada provincial peronista María Eugenia Bielsa presentó un pedido de informes para que la provincia explicara exactamente cuál es la alícuota de ingresos brutos aplicada a las tres salas. No recibió respuesta.

Salas en el distrito: 3.

Máquinas tragamonedas: 3.901 (ALEA, 2012).

Canon: 20,56% (Rosario City Center), 25% (Casino Santa Fe); 21% (Casino Melincué) *.

Control online: Sí.

Ingresos brutos: 6,5% (juegos de paño), 10,5% (máquinas tragamonedas).

* Además, los operadores pagan un canon mensual por cada mesa de paño. En el Rosario City Center esta cifra es de US$ 2.243 y EUR 1.820, en el Casino de Santa Fe son US$ 2.000 y EUR 1.820, y en el Casino Melincué son US$ 1.250 y EUR 1.100.

Córdoba

En marzo de 2000, el gobernador José Manuel de la Sota aprobó una ley de reforma del Estado, conocida como la Ley del Nuevo Estado cordobés. Además de permitir una oleada de privatizaciones, la legislación -en su artículo 209- habilitó por primera vez la instalación de máquinas tragamonedas en la provincia.

El gran beneficiado por la medida, y a la fecha dueño absoluto del juego en Córdoba, es la Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET), una UTE entre el Grupo Roggio y el empresario Miguel Ángel Caruso. Como se explica en El poder del juego, Este empresario es el ex socio de Ángel Adolfo Alé, alias "El Mono", un miembro del clan Alé acusado por la desaparición de María de los Ángeles Verón.

En noviembre de 2002, CET ganó la licitación para ser concesionaria de máquinas tragamonedas en la provincia. Hoy administra 19 salas en 17 localidades del interior, donde hay instaladas unos 3.600 slots.

Seis años más tarde, la Legislatura cordobesa autorizó la instalación de 2.400 máquinas más, pero hasta la fecha sólo se instalaron unas 300. En varias localidades pequeñas, los vecinos obligaron a firmar ordenanzas prohibiendo explícitamente el funcionamiento de slots. La Legislatura también aprobó la eliminación de la exención del gravamen de ingresos brutos a la industria del juego. Hoy la provincia grava con un 5% la facturación del juego de paño en casinos y aplica una alícuota del 10,5% para la explotación de máquinas tragamonedas en concepto de ingresos brutos.

Salas en el distrito: 19 (ALEA, 2012).

Máquinas tragamonedas: 3.398 (ALEA, 2012).

Canon: 34% del net win (31% para el gobierno provincial y 4% para los municipios).

Control online: Sí, de la empresa Gtech.

Ingresos brutos: 5% (juegos de paño), 10,50% (máquinas tragamonedas).

Otros: 5% de impuesto al cambio de ficha (ganadores); financia el programa Paicor de comedores escolares.


 

 

Fuente:chequeado.com

 

 


 

Comentarios  

 
+1 # cesar chumpitaz gonz 08-07-2015 10:26
Con leyes que beneficie al estado y al inversionistas ,con máquinas originales homologados ,con condiciones de lugar que no este cerca a colegios ,ni iglesia ,sobre un hotel 5 estrellas ,restaurantes 3 tenedores ,dentro del marco legal
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+1 # Ricardo 17-07-2015 09:19
"Diferente es el caso de las máquinas tragamonedas, porque son juegos probabilísticos : ya tienen determinado el orden de pago de premios, lo único aleatorio es el momento en el que salen," Totalmente erroneo, las maquinas que operan en Argentina y fabricadas en Estados Unidos respetan la Regulacion 14 del Estado de Nevada, por lo que su funcionamiento es 100% azaroso. La ganancia del Casino esta determinado de la misma forma que en una simple ruleta, es solo una cuestion estadistica.
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0 # Ricardo 17-07-2015 09:39
La ruleta es un juego de azar, exactamente como es el funcionamiento de una maquina tragamoneda en Argentina. No tengo conocimiento que se operen maquinas clase II como en Mexico o en el Estado de Alabama en EEUU.
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