Hace unos días, una propuesta dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó el interés que mueve a los empresarios interesados en abrir casas de juego, entre los que se encuentran el Jockey Club de la ciudad de Carazinho, que formalizó un plan estratégico para reactivar las operaciones de la Lotería del Estado de Río Grande (Lotergs), que paralizó sus operaciones en el 2004. El Jockey Club ofreció invertir 10 millones de Reales (unos tres millones de dólares) en el negocio, los que permitiría, según la propuesta, invertir recursos para equipar los sistemas de seguridad, hoy sacrificados por la crisis financiera que sufre el estado.

La estrategia incluye el rescate de antiguas decisiones judiciales, el uso de brechas legales, alquileres de predios y obras. Este avance de los empresarios obedece a otro factor, que el poder judicial gaúcho ha dejado de condenar a quienes explotan los juegos de azar como un delito penal, ya que los jueces ven que los fundamentos que se enarbolan para su prohibición no son consistentes con lo principio constitucionales vigentes. Estos elementos están produciendo la receta de una nueva ofensiva del sector. La meta de los empresarios, es abrir grandes emprendimientos a la vista de todos, a diferencia de los actuales que funcionan a escondidas en edificios con poco o ningún atractivo.

Al menos cinco empresarios de Río de Janeiro y de San Pablo, se dicen representantes de grupos extranjeros y ya están buscando a dueños de predios y directores de inmobiliarias, para conseguir locales ubicados en puntos comerciales estratégicos. Entre los nombres que se filtraron está el de Rogério Andrade, sobrino del “bicheiro” Castor de Andrade, muerto en 1997. Rogério ya está operando un bingo en Porto Alegro, obviamente uno de esos ocultos, y está en la búsqueda de locales en Serra y en Santa Catalina.

Además, trascendió que la empresa Sparta Administração e Participações, una firma dedicada a la administración y el mantenimiento de edificios, habría obtenido el amparo legal para abrir una sala de bingo, con socios de Río de Janeiro y Florida. La empresa alquiló hace cinco meses un predio donde funcionaba un supermercado y tiene como socio en este negocio al Jockey Club de Carazinho. Para evitar que estas actividades sufran la represión de la las autoridades policiales, el Jockey ingresó en julio, una interpelación judicial al secretario de Seguridad Pública, Cezar Schimer, que declara que no se permita a la policía militar y policía civil confiscar equipos destinados a actividades lícitas, haciéndose eco de la decisión judicial que rige en el estado.

Cabe destacar que el Jockey Club mencionado, ya tuvo un fallo judicial a su favor en 1999, cuando denunció la incautación de equipos de su propiedad, destinados a apuestas electrónicas de carreras de caballos. La decisión judicial favorable a la entidad, determinó que no existía una regla legal que impedía que el equipamiento secuestrado por la policía pudiese ser instalado y explotado. Además, se estableció que la policía no tiene la autonomía para realizar estos tipos de incautaciones. Los empresarios que están determinados a invertir en Rio Grande Do Sul, se aferran a estas decisiones para declarar que la actividad lúdica no es ilegal en el estado.

De esa manera, el atractivo de la región y la posible vía legal que permita los juegos de azar, está llamando la atención de empresas de juego de todo el mundo. Por ejemplo, el grupo español Pefaco, con operaciones en Europa, África y Paraguay, alquiló en junio, un antiguo edificio en el sur de Porto Alegre, que estaba destinado a abrirse en agosto último, pero fue postergado por atraso en las obras, según comunicó la misma empresa. Pefaco tiene planeado abrir unas 20 casas de juego, cuatro de ellas en Porto Alegre y las demás repartidas por todo el estado, y se la ley favorece, piensa en desarrollar emprendimientos por otros estados del Brasil.

Cabe destacar que la SSP dijo que se va a regir por la ley y por las decisiones judiciales y que apoyan la reactivación de Lotergs y la utilización de las tasas devenidas del juego en inversiones de la seguridad pública. Sin embargo, desde esa secretaría se anunció que hasta ahora no se ha presentado ningún documento legal para que la lotería estatal sea reactivada, y sólo hay cartas de intención. Los analistas explican que todo es parte de un conjunto de decisiones, es decir, que si las salas de bingos dejan de verse como antros ilegales en el Estado, es muy probable que Lotergs sea reactivada. Buena parte de las autoridades apoyan el desarrollo de la actividad, porque quieren recolectar los ingresos fiscales que llegarán del juego y que tiene como bandera de batalla a la alicaída seguridad pública.