Tragamonedas Populares: Una Maraña Difícil De Destejer

El escándalo suscitado en Chile a partir de las sospechas de lavado de dinero por parte de la Fiden, la asociación de operadores de las máquinas de habilidad y destreza, sigue dando tela para cortar. Luego de los allanamientos y las denuncias de un lado y otro, los representantes de la entidad insisten que se trata de un caso armado que sólo busca evitar la regulación de la actividad.

Los representantes de la Fiden aseguran que todo lo relativo a los últimos acontecimientos que involucran al gremio que agrupa a los operadores y fabricantes de máquinas de habilidad es un intento de los sectores que manejan los casinos para que no se regule la actividad. Incluso, en declaraciones a un medio local, el gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), Rodrigo Guiñez, dijo literalmente que ellos no van a tolerar ninguna anomalía o cambio en la ley de casinos actual que rige en Chile. Desde la Fiden tomaron estas declaraciones como un intento de no permitir que la regulación de las máquinas de habilidad pueda alterar el estado actual de las cosas. Dicho de otro modo, para la Fiden quienes representan a los casinos parecen no estar dispuestos a aceptar que alguien se meta en su negocio.

Los representantes del gremio indican que la regulación de las máquinas barriales sigue tal cual que antes que se desencadenaran las acusaciones de lavado que pesan sobre ellos. Si bien, existe una propuesta de regulación en ambas cámaras legislativas, en la actualidad se encuentra estancada a raíz de estos hechos, los cuales fueron catalogados por los representantes de la Fiden como "escandalosos". Desde el gremio aseguran que no se puede legislar sobre la base de acusaciones falsas ni a partir de consideraciones "emocionales" de alguna de las partes. Un vocero de la Fiden aseguró que los juegos de habilidad y destreza van a seguir existiendo, pero recalcó que mientras la investigación sobre la acusación penal esté en curso, no estarán dadas las condiciones para tratar de establecer el debate sobre una legislación.

Si lo que se asegura desde el gremio es cierto y las acusaciones de lavado de dinero son falsas, cuestión que ellos están seguros poder demostrar ante la justicia, el fiscal actuó con el único fundamento de dañar la actividad económica que según la ley chilena sigue siendo lícita, pues todos los locales que trabajan con autorización de las municipalidades siguen funcionando normalmente. El temor de los operadores es que toda esta maraña de acusaciones cree un escenario en donde ganen terreno los sectores de la legislatura y del gobierno que están bregando por una prohibición total de la actividad.

La ley chilena indica que las tragamonedas consideradas de azar solamente pueden estar instaladas en casinos y cada una de ellas debe tener la homologación que extiende la Superintendencia de Casinos (SCJ), lo que implica que existe un registro público con estas máquinas. Ahora bien, la pregunta del millón es qué es lo que diferencia una máquina de juegos de azar a otra de habilidad y destreza. Aquí las cosas tampoco están del todo claras incluso para la
legislación chilena y desde la Fiden indican que hay otro vacío legal allí. De acuerdo con la definición general de la ley de casinos lo que define a una máquina de azar es que en una o dos jugadas se pueden obtener al mismo tiempo uno o varios premios, por lo que tienen un software de núcleo aleatorio para los resultados. En las de habilidad y destreza los resultados dependen de la habilidad que pueda tener el jugador, pero por otro lado existen las máquinas de juego programado, que no tienen un hardware aleatorio para el resultado, por lo que no pueden ser de azar desde el punto de vista conceptual, según los representantes de la Fiden. Pero estos conceptos parecen no estar del todo claros y otra vez la bruma del vacío legal hace que la ley pueda interpretarse de una u otra forma.

Según la SCJ, la ley chilena impide a los municipios obtener licencias para la explotación de máquinas de juegos de azar y cae sobre ellas la responsabilidad de determinar si están frente a una tragamonedas convencional o a una máquina de habilidad. Los municipios chilenos deben atenerse al procedimiento dictado por la Contraloría General de la República, el cual indica que deben considerar necesariamente el Catálogo de Juegos de la Superintendencia y en caso de dudas acerca de si se trata de un juego de azar previsto en el catálogo, deberán coordinar con la SCJ para que determine de qué se trata. El catálogo es un compendio de los diversos juegos que son considerados de azar y que sólo pueden desarrollarse en los casinos habilitados, por lo tanto los técnicos designados por las municipalidades deberán determinar si las máquinas que pretenden autorizar en sus territorios son o no de azar a partir de las características allí vertidas, lo que podría ser sensible a conceptos interpretativos.

Pero aquí no termina la controversia. Mientras que el representante legal de la Fiden da como única referencia la existencia de 32.000 operadores quienes pueden llegar a tener instaladas de una a varias máquinas, la SCJ indica que existen 3.039 locales en 80 de los 87 municipios, de los cuales 1.327 poseen en total 33.009 máquinas de habilidad y destreza. Por otro lado, según la ACCJ habría alrededor de 330 mil máquinas operativas habilitadas en los municipios -otras informaciones dan cuenta que llegarían a las 600 mil-, en definitiva, nadie parece saber cuántas de estas máquinas están operando en la actualidad. Aún más misterioso parece ser el monto que mueven. La única referencia se desprende de los dichos del representante legal de la Fiden quien asegura que, si bien no se puede precisar un monto exacto, las tragamonedas de barrio compiten con el volumen de operación de los casinos, lo que nos estaría dando un buen punto de comparación para comenzar a destejer la maraña.


 

 


 

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