Cambios Introducidos Al Texto Para Regular El Juego Online En La Provincia

Con la aprobación del presupuesto para el 2019, la provincia de Buenos Aires introdujo la legalización de los juegos en línea con el objetivo de “garantizar la protección del orden público, erradicar el juego ilegal y salvaguardar los derechos de los participantes de los juegos”, -según el texto de la ley- pero también, teniendo como fin primordial, el recaudatorio. Se prevén ingresos fiscales por 5.000 millones de pesos anuales, unos 134 millones de dólares. El proyecto tuvo algunos cambios y agregados significativos al articulado original.

Uno de los agregados indica que la ley entiende que esta nueva legislación es para los juegos que se produzcan bajo las conexiones que se materialicen en la Provincia de Buenos Aires y para los convenios que puedan celebrar la autoridad de aplicación, es decir el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, cuando los efectos incluyan otras jurisdicciones. En el mismo punto se especifica que "estos convenios, no darán lugar a aumentar la cantidad de licencias fijadas en la presente ley".

Con respecto a los operadores, donde se dejaba sentado que La organización y explotación de las actividades podrán ser efectuadas por entidades públicas o privadas con domicilio constituido en la Provincia de Buenos Aires, se agregó un inciso en el que se detalla sobre las empresas extranjeras, cuestión que había sido pasada por alto. El texto indica que, "En caso de tratarse de Personas jurídicas extranjeras, las mismas solo podrán presentarse bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas -UTE- con otra persona jurídica nacional y siempre que ésta última posea una participación social no inferior al 15 % respecto a la primera. La Autoridad de Aplicación podrá acordar un plazo de hasta 36 meses, para que las personas jurídicas de capital extranjero que resulten adjudicatarias cumplimenten dicha obligación, en el modo que determine la reglamentación".

Dentro del mismo artículo, -donde se determinan las prohibiciones, las cuales, entre otras, alcanzan a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes participantes u organicen los eventos deportivos u otro cualquier acontecimiento sobre el que se realicen las apuestas-, se agregó que en el caso de las sociedades normadas por el artículo 299, Ley 19550, la prohibición alcanzará a administradores, representantes vigentes en su cargo, socios y accionistas que tengan derecho a voto, de acuerdo al capital social. Asimismo se sumó el carácter público del registro de licencias de juegos en línea, el cual está a cargo de la autoridad de aplicación.

A los derechos y obligaciones de los licenciatarios se le sumó que los operadores habilitados para realizar actividades de juego deberán asumir como compromiso en la gestión del juego responsable "respetar y asegurar el cumplimiento de la ley 25.246 a efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, en su calidad de sujetos obligados por el artículo 20 inc. 3 de dicha norma, como así también de las reglamentaciones vigentes y/o sus modificatorias". Esta ley federal indica que los operadores están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de cualquier anomalía al respecto. Se agregó además que el sistema técnico deberá disponer de los mecanismos de autenticación suficientes para garantizar la autenticidad y cómputo de las apuestas "en tiempo real".

Con respecto a la publicidad, el texto indica que "queda prohibida la publicidad, patrocinio o promoción, bajo cualquier forma, de los juegos de azar incluidos en el presente Título, así como la publicidad o promoción de los
operadores de los juegos, cuando se carezca de la correspondiente autorización de la Autoridad de aplicación para la realización de la misma" es decir que la publicidad estará sujeta de forma directa a la licencia. El agregado indica que el IPLyC "deberá expedir al operador la autorización respectiva a los fines de su presentación ante el medio publicitario correspondiente".

Con relación al registro de jugadores, a la obligación de los licenciatarios de comprobar la información facilitada por el jugador en relación con el registro y obtener la documentación necesaria para comprobar la exactitud de la información, se añadió que "para la comprobación de la información deberán exigirse mecanismos de comprobación de identidad que cumplan dicho objetivo en el menor tiempo posible. La Autoridad de Aplicación establecerá las especificaciones técnicas a fin de cumplir con lo establecido en el presente artículo. A los efectos de cumplir con las disposiciones de la presente ley, el registro debe estar conectado con la base de datos de los organismos que la Autoridad de Aplicación considere, a fin de obtener los datos y corroborar que el jugador esté en condiciones de registrarse". Los titulares de licencias deberán mantener la información personal del jugador registrado durante 5 años.

Con respecto a las políticas de juego responsable, el reglamento indica que los operadores de juego deberán habilitar una función que le permita al jugador establecer límites de depósitos y otra para que el jugador pueda solicitar su exclusión temporal o permanente del juego y/o su restricción horaria. A estos dos incisos se le sumó un tercero que obliga a los operadores a "iniciar una alerta que le indique al usuario que ha iniciado sesión hace más de 3 horas, repitiendo la misma por cada nueva hora cumplida". Asimismo se sumó otro artículo indicando que "la Autoridad de Aplicación deberá mantener actualizado y en soporte electrónico el Registro de autoexclusión, el cual estará vinculado con el registro de jugadores, a fin de garantizar la exclusión de quienes se hayan inscrito".

Es de los premios es el artículo con mayores modificaciones ya que no se había establecido un porcentaje y quedó sentado que "la reglamentación establecerá el porcentaje de premios respecto a las apuestas deportivas, no pudiendo ser el retorno al jugador menor a un 80% del importante total jugado en un periodo anual". Por último, también se añadió el artículo respectivo a los cánones para el operador, dejando sentado que "las personas humanas y jurídicas que pretendan la autorización como operadores y/o la transferencia en los casos de cesión abonarán al Instituto Provincial de Lotería y Casinos en su carácter de Autoridad de aplicación un canon, que no podrá ser menor al uno por ciento (1%) ni mayor al tres por ciento (3%) de las utilidades brutas, a determinarse en el procedimiento establecido por la reglamentación. Del canon que se establezca, los Municipios de la Provincia de Buenos Aires recibirán el porcentaje previsto en el inciso 6 del artículo 1° del Decreto N° 356/04".


 

 


 

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