Operadores Colombianos Unen Sus Fuerzas Contra Decisión De Coljuegos

Las asociaciones que nuclean a los operadores colombianos podrían abroquelarse para hacer frente a lo que creen es un ataque directo a la industria por parte de la entidad reguladora, Coljuegos. La controversia nació a partir de una circular emitida por ese organismo que excluye a los contratos de los operadores de juego de los beneficios impositivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El Gobierno colombiano está impulsando el Plan Nacional de Desarrollo, que se basa en un pacto por la equidad en el marco del bicentenario de la independencia del país y promueve una mejora de las condiciones para el desarrollo económico y social de los colombianos. Los empresarios del juego contaban con ser parte de este programa y así poder generar mayores nichos de negocios y oportunidades de desarrollo y sustentabilidad, en un momento en que aseguran que el sector necesita un salvavidas urgente. Pero la circular de Coljuegos, que deja fuera a las máquinas tragamonedas de los beneficios del PND, echó por tierra estas aspiraciones y los operadores deberán seguir solventando la misma carga impositiva que, según dicen, "los está ahorcando".

Ante la posición adversa de Coljuegos, la respuesta de los empresarios no se hizo esperar. Enviaron una nota al presidente de la entidad, Juan Pérez Hidalgo, solicitando se aclare cuáles son las tasas de derechos de explotación que deberían ser liquidados y pagados en el periodo correspondiente al mes de junio. Este pedido se basa en que los operadores fundamentan que no están claros los conceptos vertidos por Coljuegos en su circular, donde se asegura que no están dadas las condiciones de confiabilidad de las tragamonedas. En consecuencia, exigen que el regulador se expida "de manera clara, si para los contratos suscritos y perfeccionados antes de 25 de mayo de 2019, la tarifa aplicable es la contemplada en el artículo 34 de la ley 643 de 2001 o en caso contrario, cuál es
la tarifa a aplicar y su sustento legal".

Las agrupaciones de empresarios del juego parecen ver cierta incoherencia en la circular emitida por Coljuegos en materia de pagos de tarifas ya que nombra dos leyes diferentes para los contratos celebrados entes del 25 de mayo. El pedido de aclaración puede ser apreciado como un preludio de una presentación judicial por parte de los operadores para que sean considerados dentro de las bondades del PND.

En un comunicado, firmado por Elizabeth Maya y Evert Monteros, presidentes de Cornazar y Fecoljuegos, respectivamente, se destaca que los empresarios vienen uniendo sus esfuerzos para exigir la aplicación de la nueva norma, la cual les va a permitir crecer y poder trabajar en nuevos portfolios de productos. Los empresarios aseguran que, si bien es cierto que en un principio se verán afectadas los ingresos a la salud, el crecimiento del sector hará que estas remesas crezcan en el mediano plazo y que el sector pueda tener un margen más amplio de crecimiento.

Los empresarios aseguran que la posición de Coljuegos es desafortunada al no aplicar la nueva norma a los contratos de concesión de las máquinas tragamonedas, pero advierten a los empresarios miembros que sigan con el actual régimen de liquidación para evitar cualquier riesgo jurídico o perjuicio legal. Sin embargo, dejaron por sentado que las asociaciones de empresarios del juego están unidos y decididos a emprender acciones legales para defender los intereses de las empresas.


 

 


 
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