La Ley De Juego Vigente Favorece La Ilegalidad

Por Fabián Bataglia

El presidente de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSCA) de México, Alfonso Pérez, consideró que la actual legislación que rige esa actividad debe ser modificada porque presenta vicios que posibilitan la instalación y funcionamiento de salas de juego ilícitas. Durante una entrevista exclusiva para El Diario del Juego, Pérez analizó la situación del sector en ese país.

A pesar de que la legislación sobre juegos  y sorteos en México no está actualizada respecto a la realidad que se observa en el país, se está viviendo un crecimiento sostenido de casinos y terminales de juego que hizo que de la misma forma crezca la cantidad de apostadores.

Tomando en cuenta que las primeras terminales electrónicas para apuestas fueron permitidas en México en 2005, luego de que la Secretaría de Gobierno (SEGOB) otorgara la primeras licencias, este país puede ser considerado unos de los lugares en donde el sector creció de manera más rápida, aunque no muy ordenada. Según estimaciones oficiales, en México funcionan cerca de 300 salas de juego en forma legal, otras 150 ya solicitaron permiso para empezar a operar y existen unas 70 mil terminales electrónicas con varios cientos de juegos para elegir.

En México existe desde 2007 la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSCA), la cual fue creada para generar las condiciones adecuadas para que las empresas de juegos puedan desenvolverse dentro de un marco de cierta legalidad. El actual presidente de la APJSCA, Alfonso Pérez, explicó que la ley de Juegos y Sorteos de México debería ser modificada, ya que en la actual legislación se observan vicios legales que permiten la instalación de salas de juego ilícitas. No obstante, explica que con la legislación vigente permite operar tanto casinos terrestres como portales de juegos de azar online, ya que nada se opone legalmente a ello.

Pérez cree que un marco jurídico a nivel nacional elevaría la cantidad de puestos de trabajo en un 80 por ciento, debido a que los casinos que actúan dentro de la ley generaron más de 130 mil puestos de trabajos de forma directa e indirecta. La decisión de actualizar la ley de juegos y sorteos es de hecho una medida que atañe directamente al sector político, como así lo es la disposición de cerrar los establecimientos clandestinos. El presidente de la APJSCA explica que en México existen alrededor de un centenar de establecimientos y salas de juegos ilegales, los cuales no están ocultos sino a la vista de todo el mundo y por ende, de las autoridades.

Inclusive, muchos sectores que se oponen a la instalación de casinos y salas de juego de azar, arguyen que éstas están relacionadas de alguna forma con grupos armados o carteles de la droga, sobre todo en materia de protección. Pérez, sin embargo, afirmó que el gobierno mexicano está haciendo todo lo posible para terminar con la influencia de los grupos armados, aunque, dijo, que sólo se puede actuar a partir de las denuncias de los damnificados. Con los niveles de violencia que se ejercen en México, de conocer a sus denunciantes se corre un riesgo muy elevado de que
los chantajistas se conviertan en verdugos.

No obstante, el limbo legal que rige a los casinos y salas de juego en México no atañe sólo a los establecimientos que ya están en funcionamiento. La venta de licencias no autorizadas por la SEGOB es moneda común, ya que incluso se pueden observar sendas ofertas en portales de internet en donde se pueden adquirir permisos para la instalación de casinos por unos 5 millones de dólares. Al parecer una ganga. Sin embargo, el presidente de la APJSAC dijo al respecto que esta modalidad no es sólo la menos adecuada, sino que una flagrante mentira ya que ningún permisionario ofrecería sus licencias por ese medio. A pesar de ello, ver ventas como estas es muy frecuente dentro de la Red.

La gran explosión de los casinos y salas de juego en México llevó también algunas cuestiones que pueden ser consideradas muy positivas para la sociedad, sobre todo en materia de impuestos ya que, con el actual crecimiento en el sector, se espera que para 2021 la recaudación fiscal en la industria se eleve a 40 mil millones de pesos mexicanos, alrededor de 3300 millones de dólares. Hoy el juego legalmente establecido contribuye con una cantidad de impuestos a nivel estatal y municipal, además de una tasa extraordinaria del 30 por ciento creada sólo para el sector.

También, la llegada de importantes grupos multinacionales para operar salas de juegos fue un punto positivo dentro de esta cuestión. Los permisos otorgados por la SEGOB recayeron en empresas como la española Codere, Cirsa, grupo Televisa, Play City y Divertimex, entre otras, lo que da la pauta de un manejo claro, por lo menos en la parte del juego que cumple con las reglas. La administración de grupos de experiencia en el sector no sólo le dará empuje a la industria, sino además a una actividad tan importante dentro de la economía mexicana como es el turismo.

La actual ley de juegos y premios que rige al sector fue sancionada en México en 1947, pero recién en 2004 se elaboró y sancionó el decreto reglamentario de esa norma jurídica.

Demás está decir que la ley de 1947 es obsoleta y pocas posibilidades tiene de abarcar normativamente la realidad actual. Y el decreto, como corresponde, poco tiene que ver con la norma legal que reglamente, y si bien enmarca y normatiza en alguna forma la actividad, deja un número tan grande de zonas grises que la interpretación es carne de abogado especializado, en el mejor de los casos, y de funcionario inescrupuloso en el peor.

El rápido crecimiento de la industria, la gran masa de jugadores y los peligros de las asociaciones fuera de la ley, sobre todo en los Estados fronterizos o más alejados de la ciudad de México, requieren una ley que se ajuste a la realidad y que sea puesta en marcha en el lapso más corto posible.


 

 


 
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