Las Tragamonedas Ilegales Invaden Casi Toda Latinoamérica

Albertina Dore

Por Albertina Dore *

El negocio ilegal montado con las máquinas tragamonedas, posee casi las mismas características en toda América Latina. Casi nula es la regulación de esta actividad en la región, a diferencia de otras comunidades europeas o, incluso, del propio Estado argentino que, en este caso, ha demostrado una notable solidez jurídica.

Aunque este potencial mercado se expande vertiginosamente, la mayoría de los países latinoamericanos carecen de una norma que reglamente la actividad. Estos baches jurídicos son la puerta de acceso para el desarrollo de un negocio informal que roza lo fraudulento y escabroso. Instalados en bares, locales y comercios, no sólo atentan contra el desarrollo del sector legal de juegos de azar, sino que significan una inconmensurable pérdida de dinero para los Estados, mientras auspician  el ingreso de menores al mercado de apuestas, afectan a los sectores más vulnerables de la economía y propician un acelerado incremento de la ludopatía.

Lo que comenzó con algunos aparatos se transformó en una actividad creciente que fue ganando espacio. En la actualidad, la mayoría de los países Latinoamericanos no cuentan con una legislación al respecto, por lo que este negocio se ha multiplicado de tal manera que las máquinas tragamonedas se encuentran en cualquier lado. Mientras algunos gobiernos bregan por regularlo o erradicarlo, algunas jurisdicciones locales permiten su instalación teniendo en cuenta el aporte tributario que representan para su recaudación. A pesar de las posturas contrapuestas, lo cierto es que las tragaperras se han propagado por toda la región y sería casi imposible pensar en desmantelar este negocio millonario.

El funcionamiento de máquinas electrónicas en comercios, bares, recintos barriales, e incluso en la vía pública, en países como Bolivia, Chile, Costa Rica y Colombia, entre otros, ya forman parte del paisaje cotidiano. Se trata de un negocio que implica bajos costos de inversión para los comerciantes y un rédito económico millonario. Estas máquinas no tienen ningún tipo de fiscalización, no existe un control de seguridad de las mismas que garantice el porcentaje de retorno como premio a los jugadores. Estos aparatos son importados por piezas desde diferentes naciones para ser ensambladas luego dentro del propio país, incluso se ofertan masivamente en diferentes sitios clasificados de Internet y muchas ingresan al mercado como máquinas de destreza, en aquellos lugares donde la actividad está permitida, como sucede en Chile.

No casualmente, en este país andino se estima que existen alrededor de 250 mil tragamonedas ilegales instaladas por todo el territorio nacional, generando un movimiento de 1.700 millones de dólares anuales. Mientras la comuna de Santiago de Chile -la más afectada por la expansión de ésta actividad- lucha contra estos locales-casinos, otras comunas permiten su disposición a cambio del pago de una patente comercial, luego de que fallos judiciales determinaran que se trata de juegos de destreza y no de azar. Aunque algunas jurisdicciones han realizado últimamente operativos que dispusieron la clausura de cientos de comercios clandestinos y la nueva Industria de Casinos de Chile viene teniendo elevados niveles de productividad -que igualmente en nada se comparan con las utilidades millonarias que genera el juego ilegal- la actividad continúa en franca expansión sin que exista una legislación integral que las ponga en justa competencia con el desarrollo del juego legal.

Respecto a la ambigüedad jurídica, algo similar ocurre en México. Esta disociación entre "juegos de habilidad y destreza" y "los de azar", reglamentada a través de la Ley Federal de Juegos y Sorteos -emitida por la Secretaría de Gobierno en el año 2004- abrió la puerta para la instalación y la proliferación de máquinas tragamonedas en ese territorio nacional, implementado mecanismos en estos artefactos para que parezca un juego de habilidad. Lo absurdo y contradictorio del caso mexicano es que allí aún no haya sido aprobado el establecimiento de casinos, frenando su instalación ante el riesgo de lavado de dinero y la ludopatía pero, sin embargo, de manera indirecta se permita el establecimiento de estos artefactos. Lo cierto es que en Monterrey y otros sitios de México se convirtieron en lugares en donde los tragamonedas se multiplicaron por doquier debido a la ambigüedad de la ley vigente y a la falta de controles. La actual ley de juegos y premios que rige al sector fue sancionada en México en 1947, pero recién en 2004 se elaboró y sancionó el decreto reglamentario de esa norma jurídica. La legislación de 1947 es obsoleta y pocas posibilidades tiene de abarcar normativamente la realidad actual, observándose vicios legales que permiten el funcionamiento de un negocio ilícito paralelo al comercio legalizado.

Esta proliferación del negocio ilegal montado con las tragamonedas, ha puesto en muchos casos, en estado de alerta a los propios organismos gubernamentales vinculados al desarrollo o comercialización de los juegos de azar. Aunque en la mayoría de los países Latinoamericanos no existe un registro oficial acerca del volumen total de estos aparatos electrónicos de juego, en Colombia un informe realizado por la Empresa estatal "Etesa" -Empresa Territorial para la Salud que explota de manera directa o indirecta los juegos de suerte y azar- reveló que cerca de 14 mil máquinas tragamonedas operaban ilegalmente en el
país a mediados de 2009, generando pérdidas económicas por U$S 11, 4 millones de dólares en recursos para el sector salud.

Por su parte, reiterados han sido los intentos de la Lotería Nacional de Bolivia (LONABOL) para decomisar las tragamonedas ilegales montadas en ese país. Aunque ese organismo no otorga licencias para la instalación de tragamonedas, muchas funcionan sin autorización debido a los permisos otorgados por algunas comunas. Este hecho ha permitido que existan máquinas tragamonedas por doquier y en ciudades como Cochabamba de las 77 salas en existencia sólo 2 sean legales. Entre La Paz, Santa Cruz y Cochabamba suman un total de 1.559 máquinas electrónicas ilegales. Estos aparatos son importados por piezas y armados en Bolivia y se registran con precios irreales; una máquina cuesta entre 1000 a 2000 dólares, pero para su ingreso al país los dueños la registran al irrisorio precio de 250 dólares con tal de pagar ínfimos impuestos.

Por su parte, la explotación de tragamonedas es una cuestión que preocupa a todo el arco político uruguayo. Alrededor de 25 mil máquinas se encuentran distribuidas en bares y quioscos del vecino país. Una fuerte contienda divide a funcionarios y sindicalistas miembros de la Dirección General de Casinos del Uruguay (DGC) con la presidencia del organismo; mientras los primeros pretenden prohibir rotundamente el funcionamiento de máquinas en locales comerciales, el segundo, busca regularlas. Actualmente, este comercio no representa ningún beneficio para la sociedad, mientras la gente se inclina masivamente por las tragamonedas en detrimento de los juegos de azar tradicionales.

Esta situación generalizada, de proliferación de máquinas tragamonedas ilegales por toda América Latina no tiene demasiados antecedentes sobre una especie de "autorregulación" de los Estados tendiente a limitar o frenar el acelerado desarrollo de la actividad que se desenvuelve de manera desordenada. Por el contrario, en algunos lugares del continente europeo, como ha ocurrido recientemente en Galicia, se ha congelado el otorgamiento de permisos para el funcionamiento de tragamonedas por un plazo de cinco años, no pudiéndose superar las 13.312 licencias con las que cuenta en la actualidad. Esta innovadora medida, se sustenta en la decisión de ésta comunidad autónoma de planificar el juego para lograr una mayor seguridad jurídica y contener el posible aumento de casos de ludopatía. De esta manera, Galicia se suma a otras comunidades, puesto que en la mayoría -Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y La Rioja- está congelado el número de autorizaciones de explotación de este tipo de máquinas.

Un caso particular y quizás para destacar en cuanto al negocio de las tragamonedas, considerando el  precario y desactualizado marco jurídico que suele regir muchos aspectos del juego en Latinoamérica, es el argentino. En primera instancia, cabe destacar que, a diferencia de la mayoría de países de la región, en Argentina no se ha desarrollado un mercado ilegal de máquinas tragamonedas, incluso estás máquinas solo pueden verse funcionando de manera masiva en salones habilitados, como bingos, casinos y salas exclusivas de tragamonedas. En parte, quizás esto esté vinculado a que desde un primer momento la propia explotación de la actividad legal en base a estas máquinas, fue particularmente regulada. Si bien pueden objetarse puntuales aspectos de la normativa, la legislación bonaerense puede resultar ejemplar. En esta parte del territorio nacional, sólo los bingos están habilitados para instalar tragaperras y la cantidad permitida se calcula sobre la base de una máquina cada dos puestos de bingo. A su vez, se ha establecido un sofisticado sistema de fiscalización que controla todos los movimientos de dinero que se realiza por cada máquina -lo que entra, lo que sale y lo que se paga en premios.

Algo similar ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la principal actividad de estas máquinas se concentra en los casinos flotantes de Puerto Madero y el Hipódromo de Palermo. En este caso, también ha habido una clara tendencia a limitar la proliferación de salas de slot, ya que se encuentra prohibida la instalación de nuevas unidades, más allá de ciertas concesiones políticas-burocráticas que mediante sospechosos convenios han permitido la instalación de nuevas máquinas. Aunque por ley también las máquinas que funcionan de manera legal dentro de estos espacios de juego deben ser fiscalizadas, existen sospechas acerca de que este sistema de control no existe en la práctica. En síntesis, más allá de la irregularidad que presentan ciertos hechos o aspectos en base al desarrollo de esta actividad legal, cierto es que Argentina resulta una especia de caso emblemático en cuanto a la regulación y fiscalización de las tragamonedas. Quizás esta especie de "autorregulación" premeditada, haya prevenido de ante mano el florecimiento de máquinas tragamonedas por todos lados, como sí ocurre actualmente en el resto de los países de Latinoamérica.


 

 

* La autora es periodista de investigación, especializada en juegos de azar. Desarrolla sus investigaciones en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 60 % del juego por dinero de la República Argentina, y se juegan, en todo concepto, alrededor de 2.000 millones de dólares por año.

 

 


 
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