Aumentos Impositivos Para Bingos Y Casinos: Un Negocio Redondo Para Los Municipios

Albertina Dore

Por Albertina Dore *

El aumento de las tasas a bingos y casinos se ha convertido en una iniciativa política impulsada por los municipios de distintas provincias del territorio argentino. A las legendarias propuestas para restringir el horario de funcionamiento de las salas, se le suman ahora las de incrementar los porcentajes impositivos del sector. Teniendo en cuenta la alta rentabilidad generada por el juego, con el intento de elevar los porcentajes tributarios se pretende armonizar el supuesto desfasaje que existe entre las utilidades producidas y la recaudación estatal por esos montos. Aún así, el complejo esquema lúdico exige un análisis más profundo e integral antes de implementar medidas sustentadas en la simple impresión o el sentido común de los funcionarios.

Innumerables son los actores que intervienen en el desarrollo de esta actividad -operadores, empleados,  proveedores, acreedores, apostadores y el propio Estado- , por tanto, cualquier mirada de enfoque  reduccionista puede terminar generando un resultado desviado. En principio, es responsabilidad del Estado lograr el equilibrio justo entre las ganancias e intereses de todas las partes: fomentar la inversión privada, garantizar la seguridad jurídica, proteger la salud de los apostadores y la conservación de los puestos de trabajo, y promover la recaudación pública garantizando la transferencia de esos fondos sociales hacia la comunidad.

Teniendo en cuenta la autonomía de las provincias del país en materia de juegos de azar, se debe reconocer que  no existe una normativa nacional única que regule la actividad, por lo tanto,  las legislaciones provinciales varían respecto a la regulación de las diferentes modalidades de juego. Las cargas impositivas a tributar por los concesionarios de las salas también dependen de lo dispuesto reglamentariamente por cada provincia del país. Este hecho hace que en muchos casos, algunos porcentajes sean ínfimos respecto a otros mas elevados, incluso dentro del mismo territorio las diferentes unidades de juego soportan distintos gravámenes. Las salas de juego tributan de manera diferente respecto a los juegos de paño y las máquinas electrónicas, incluso los bingos tienen otra carga porcentual -el típico caso de la provincia de Buenos Aires-.

Considerando la extrema complejidad del esquema lúdico del país, en base a las singularidades expuestas, cualquier opinión generalizada sobre temas relacionados a la actividad recaería en una vaga conclusión, un tanto alejada de la realidad. Independientemente de estas diferencias, la intención de aumentar las tasas a las salas de juego es una medida que últimamente están compartiendo algunos gobiernos locales de distintas provincias del país a través de iniciativas legislativas que parecen prosperar más allá de los reclamos del sector.

En el sur argentino, principalmente en la provincia de Río Negro, se viene impulsando modificaciones de este tipo. El año pasado, en Viedma, la capital rionegrina, el Concejo Deliberante aprobó la aplicación de gravámenes de hasta un 600 por ciento para el casino. Pese a los reclamos de los operadores, que incluso llevaron el caso a la justicia,  el Supremo Tribunal de Justicia falló a favor del municipio, quien pretendía imponer una habilitación por un valor de $300 mil y una tasa de seguridad e higiene de $ 25 mil pesos.

Los impuestos variaron dependiendo de cada unidad de juego, soportando un monto mayor las ruletas electrónicas y las tragamonedas, por ser los juegos que más tributan; las primeras pasaron de pagar 100 pesos contra 600 y, las segundas, un valor de 420 pesos sobre los 70 que pagaban mensualmente. Cabe mencionar en este punto que la política de fiscalización respecto del movimiento que generan las tragamonedas y el monto que deben devolver en premios, es un tema que genera dudas y sospechas acerca de la autenticidad de lo que se declara.

En base a este antecedente, teniendo en cuenta los criterios que definieron la  posición de la justicia en este caso,  los ediles de Bariloche se entusiasmaron para avanzar en la presentación de un proyecto propio. Entre idas y vueltas, por estos días se encuentran analizando una propuesta presentada durante el pasado año legislativo que contempla el posible aumento de las tasas del casino de la ciudad. Actualmente la empresa concesionaria, Entretenimientos Patagonia S.A, cuenta con una sala principal de juegos en el centro de la ciudad y una sala anexa dentro de un centro comercial. Por la explotación de ambas salas, la firma paga alrededor de $ 5000 pesos mensuales. Por eso, el Ejecutivo local impulsa la medida para que el casino pase a pagar $187 mil pesos mensuales por sus dos salas en concepto de Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene y un canon por la  habilitación comercial de $300 mil pesos por año.

Los legisladores que se encuentran al frente de la iniciativa, alegan que este aumento es una deuda histórica del municipio, mientras advierten que los porcentajes actuales tributados por el casino son muy bajos, y esto genera la sensación de que el gobierno está estimulando un juego irresponsable, a través del cobro de tasas tan irrisorias para un sector que genera mayor rentabilidad respecto a otras actividades de la ciudad. En contraposición a los argumentos del gobierno local, empleados y empresarios cuestionan la suba impositiva; unos por temor a perder sus puestos de trabajo, los otros, por el supuesto efecto negativo que implicaría una disminución de las utilidades.

Los propios trabajadores, amparados por el sindicato que los nuclea, han focalizado su temor en la presunta reducción del personal que generaría un aumento de este tipo en los casinos, considerando los prejuicios salariales que sufrieron cuando tiempo atrás se aprobó una ordenanza para limitar el horario de funcionamiento del mismo. Desde la
empresa, los propios directivos, han coincidido en este punto argumentando que de implementarse la medida se verán obligados a reducir los costos, incluso poniendo en riesgo las fuentes laborales..

Los operadores, consideran la medida un aumento desproporcionado, e inclusive denuncian su inconstitucionalidad al no respetar el concepto de tasa, debido a que el monto a cobrar por la TISH se determinaría por la facturación de las salas de juego y no por el concepto de tasa municipal definido por el servicio brindado al contribuyente, como sucede con el resto de las actividades comerciales. A estos reclamos se le suman el aumento porcentual de un 8 por ciento que los concesionarios debieron soportar en los ingresos brutos -más del doble de lo abonado en otras provincias- y el desembolso de $1 millón de pesos mensuales en concepto de canon y la inversión de otros US$ 5 millones de dólares en maquinas y un sistema on line de control de ingresos, que debieron realizar por exigencia de la Lotería provincial.

En medio de esta tendencia generalizada, de aumento de impuestos a las salas de juego, los municipios bonaerenses se encuentran analizando sus propias iniciativas. En esta región del país ya son moneda corriente las innumerables propuestas tendientes a limitar el horario de funcionamiento de los bingos. A la clásica tendencia, ahora se le añade la intención de aumentarles la tasa impositiva. Esta vez le tocó al bingo de la ciudad de Bahía Blanca, donde se pretende elevar una propuesta que incluye la restricción horaria y aumentar la tasa de Seguridad e Higiene en un 15 por ciento, porcentaje que elevaría la recaudación a $ 56 mil pesos por bimestre con respecto a los $42 mil pesos actuales. Los fondos obtenidos por este incremento serían destinados a las áreas de Salud Preventiva y Asistencial -Secretaría de Salud- y niñez y Adolescencia -Secretaría de promoción Social-.

Precisamente en este punto, cabe recordar que la ley provincial de bingos, prevee que del total recaudado por la actividad un 4 por ciento debe ser destinado a los municipios donde se encuentra emplazado el establecimiento de juego, quedando distribuido el porcentaje restante entre: 58% en premios para los apostadores, el 21% para el tercero contratante y un 17% para el Estado en concepto de canon por la venta de cartones- lo cual incluye al Ministerio de Acción Social, el resto de los municipios bonaerenses, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, la policía bonaerense y el fondo Provincial de Educación-.

Entre las disposiciones contempladas en la mencionada Ley de "Lotería Familiar Gigante" o "Bingo"- Nº 110108- se expresa que los municipios no podrán gravar con tasas ninguna cuestión atinente a la actividad, debido a que los gravámenes municipales respecto de las utilidades del juego ya están cubiertos en la distribución de lo recaudado -4 por ciento-. Así mismo, por medio de la normativa los titulares autorizados para la explotación del bingo se encuentran obligados a abonar la tasa de seguridad e higiene. Aunque no se hace mención de la competencia de los municipios para viabilizar un aumento de las mismas,  lo expuesto anteriormente permite deducir que la administración local carecería de las facultades legales para ejecutar cualquier iniciativa de este tipo.

Más allá de las potestades legales que tengan o no los municipios para implementar subas en impuestos que recaigan directamente sobre los operadores de juegos de azar, en primera instancia, los funcionarios deberían llevar adelante un completo estudio acerca del impacto socio económico de estas medidas, y deducir así los porcentajes justos a aplicar. Este análisis, debería contemplar una serie de variables que incluyen: garantizar recursos para el Estado, de acuerdo a las variaciones de la explotación; contemplar la continuación de la fuente de ingresos, previendo que no se restrinjan las inversiones, tanto edilicias como tecnológicas; la continuidad y sostenimiento en el tiempo, protegiendo las fuentes de trabajo y garantizar que esos ingresos sean utilizados en acciones sociales para la comunidad.

De todos modos,  de prosperar estas medidas, considerando que los municipios se amparan en la defensa del juego responsable y la contención del incremento de la ludopatía, seria importante  que canalizaran parte de esos fondos al desarrollo de campañas y acciones tendientes a prevenir y asistir los aspectos nocivos del juego. Aunque son las empresas privadas las que en muchos casos cuentan con programas de este tipo, desde el sector público no existen demasiadas políticas municipales al respecto. Sería loable que el interés de los funcionarios por ajustar los impuestos y lograr una proporcionalidad acorde a las ganancias de los privados sea compatible con una planificación de políticas acordes a la contención de los aspectos nocivos del juego.


 

 

* La autora es periodista de investigación, especializada en juegos de azar. Desarrolla sus investigaciones en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 60 % del juego por dinero de la República Argentina, y se juegan, en todo concepto, alrededor de 2.000 millones de dólares por año.

 

 


 
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