La Nueva Lógica Para Regular El Mercado De Apuestas Online

Albertina Dore

Por Albertina Dore *

La intención de regular del juego online, en líneas generales,  ya es parte de una tendencia mundial, principalmente en los países europeos. Pero dentro de un esquema de funcionamiento tan complejo como el de las apuestas online, cada eslabón de la estructura normativa –licencias, sistema tributario, estándares de protección al consumidor, etc-  es evaluado y adoptado según los criterios de las autoridades reguladoras. Es por ello que,  incluso dentro de las fronteras del mismo continente, los marcos regulatorios comportan diferencias sustanciales, llevando en la mayoría de los casos a un cruce de intereses entre el Estado y los operadores.

El grado de inmadurez de éste proceso embrionario reglamentario -aún en un estado de efectividad y viabilidad parcial- hace que continuamente surjan deficiencias en su marco normativo o nuevos campos que merecen ser incluidos o modificados en la regulación. La intervención de los operadores extranjeros en la comercialización de las apuestas online será, seguramente, el tema que en un futuro inmediato centralizará un nuevo debate dentro de la regularización de las apuestas en línea.

El lugar que ocupen los proveedores extranjeros dependerá del modelo bajo el que se regule el mercado online. Los hay de perfil netamente prohibitivo -como en el caso de los Estados Unidos-  recurriendo al bloque de direcciones IP y transacciones financieras; de carácter monopólico, donde el Estado autoriza un único operador de juego -argumentando que sólo el Estado puede supervisar y controlar adecuadamente el juego online- y el de operadores privados regulados, donde una entidad reguladora del gobierno impone directrices estrictas y controles de las actividades de los operadores privados y públicos , con un sistema tributario y regulador mas o menos justo - este es el caso emblemático de Italia-.

Cualquier formato que intente parecerse al de los dos primeros métodos planteados, recaerá en un sistema que para nada auspiciará el desarrollo de una actividad favorable y productiva, principalmente por su escaso nivel de competitividad y la consecuente expansión del mercado ilícito que repercutirá directamente en la recaudación fiscal del Estado. Al toparse con un régimen prohibitivo, los jugadores online activos recurrirán a operadores foráneos que operan al margen de la ley. Los consumidores, por tanto, estarán más indefensos bajo un régimen restrictivo.

Por otro lado, los operadores monopolistas no ofrecen una gama de productos o precios tan atractiva como la del sector privado, ya que, por definición, no existe competencia en el mercado. Al igual que el enfoque prohibitivo, esta política empuja a aquéllos que desean acceder a cuotas más competitivas y comparables a las ofrecidas por los operadores monopolistas, o que buscan juegos de azar innovadores, a recurrir a operadores de juego en el extranjero que no están sujetos a los estándares establecidos por el gobierno ni pagan impuestos. De nuevo, los consumidores se encuentran más indefensos en un régimen monopolista que en uno regulado.

Por oposición, el último modelo planteado, sería el régimen más eficaz para impulsar un equilibrio competitivo, estándares de protección social justos y la posibilidad de los estados de aumentar significativamente los ingresos provenientes del sector del juego, considerando el gran porcentaje de dinero que se fuga al extranjero porque termina siendo absorbido por operadores foráneos.

Llegados a este punto, se torna indiscutible el rol protagónico que representan los proveedores de servicios extranjeros en el desarrollo del mercado de las apuestas a través de la red. En muchos estados de la Unión Europea y del mundo en general, ha existido siempre una tendencia a priorizar la productividad de las empresas locales por encima de las trasnacionales, una especie de política proteccionista en defensa del "mercado interno" que se expresa tanto a través de  normativas directa y netamente prohibitivas hasta restricciones mas sutiles -con un claro interés excluyente- como lo es la aplicación de un sistema tributario más rígido y elevado para aquellas compañías que no poseen residencia en el lugar que operan.

El auge y acelerada expansión del mercado de las apuestas online pone de manifiesto que la prohibición de un producto basado en Internet no es eficaz ni viable en el siglo XXI. Y si la comprensión de estos  postulados ha puesto en los últimos años a los países en la senda de la regulación, algunos han comenzado a visualizar ahora la necesidad o conveniencia de liberalizar el negocio permitiendo el ingreso de proveedores extranjeros, o por el contrario, reglamentar la presencia de ese sector para incrementar las arcas del Estado, concientes de la tarea casi imposible que significa limitar la captación de apuestas al territorio nacional. La
tendencia, ahora, parece inclinarse a la apertura del mercado, abriendo el juego para los servidores trasnacionales y hacer aún más redituable el negocio de las apuestas online. Como ya se ha comentado, los países que prohíben o restringen el juego online pierden el control de los ingresos generados por el sector.

Quien recientemente ha dado un paso en este sentido ha sido el Reino Unido. Actualmente para obtener una licencia no es condición tener un servidor u oficina dentro del país, por lo que muchas empresas han decidido mover sus casas matrices hacia otros estados para evitar cumplir con una carga impositiva del 15% establecida para los operadores con residencia local y una cuota anual que deben pagar a la Comisión de Juego. Es por ello, que de ahora en adelante se pretenden prohibir los anuncios de publicidad a todos los proveedores con bases de operación por fuera del territorio británico. Aunque dicha medida se anuncia como una iniciativa para proteger al consumidor y encontrar maneras de proteger al público de las empresas de apuestas que no cumplen con los estándares del gobierno, la verdadera intención sería ampliar el margen regulado para incrementar los ingresos gubernamentales.

El mercado de apuestas virtuales del Reino Unido es bastante grande, estimado en 2.5 billones de libras esterlinas; sin embargo, los operadores autorizados para participar en dicha actividad representan menos del 25% de esa cifra total.

Hasta la actualidad, la justificación generalizada para limitar el ingreso de operadores foráneos y restringir la prestación de servicios de juego a compañías de carácter nacional -ya sean privadas, o en el peor de los casos, a través del monopolio estatal- ha sido la del orden público y la protección a los consumidores. Pero, en el caso de los mercados cerrados -de corte nacionalista-  donde en primera instancia se ha prohibido el ingreso de operadores foráneos, se esconde el interés por la rentabilidad de las empresas locales, mientras la nueva tendencia de liberalizar el mercado está focalizada en el aumento de la recaudación fiscal.

En este punto el caso de Europa resulta paradigmático. Precisamente porque el cierre o apertura del mercado online se encuentra limitado por disposiciones legales que rigen al sistema comunitario de la Unión Europea. Si bien cada Estado miembro posee plena exclusividad y autonomía para regular el juego en general y la unión Europea les permite restringir la oferta de servicios de apuestas en interés público, éstas disposiciones adoptadas por los diferentes países para limitar el mercado deben ser necesarias, proporcionadas,  y no discriminatorias. Cualquier incoherencia entre estos presupuestos violentaría los tratados de la Comisión Europea acerca de la libertad de prestación de servicios.

Precisamente, el antecedente más cercano en relación a este enunciado es el de Italia, quien el año pasado liberalizó el mercado del juego online al modificar la ley para que operadores extranjeros europeos pudieran obtener licencias para operar dentro de ese país, luego de que la Comisión Europea considerara que las restricciones impuestas por Italia a los proveedores de servicios foráneos y las consecuentes medidas para bloquear el acceso a los sitios webs eran desproporcionados en ese momento.

Por lo tanto, más allá de que los tratados que comprometen a los países comunes de la UE  limitan las restricciones que puedan impulsar esos estados a la hora de legislar sobre las apuestas virtuales, la tendencia a liberalizar el mercado del juego online actualmente se encuadra dentro de un nuevo paradigma lógico: absorber a través del sistema impositivo parte del flujo de dinero que se mueve dentro del mercado negro, ante la presencia de reglamentaciones que prohíben el ingreso de operadores foráneos o la ausencia misma de un marco regulatorio que incluya y contenga las actividades desarrolladas por ese sector. Seguramente, no habrá que esperar demasiado tiempo para que los diferentes estados se convenzan acerca del potencial económico que implica la liberalización del juego online en comunión con una equilibrada pero rígida reglamentación para el desarrollo de los proveedores de carácter trasnacional.


 

 

* La autora es periodista de investigación, especializada en juegos de azar. Desarrolla sus investigaciones en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 60 % del juego por dinero de la República Argentina, y se juegan, en todo concepto, alrededor de 2.000 millones de dólares por año.

 

 


 
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