Juego Ilegal: ¿Falta o Delito?

Albertina Dore

Por Albertina Dore

Si bien la erradicación del juego clandestino ha sido siempre uno de los principales propósitos de las administraciones estatales, las asociaciones y operadores del sector y los propios organismos oficiales que están al frente de la actividad, en la actualidad uno de los problemas parece centrarse, una vez más, en inconsistencias o deficiencias en cuanto a su encuadre normativo. En Latinoamérica, de un modo general, el juego ilegal es considerado una falta y no un delito penal. Configurar este ilícito desde una u otra figura jurídica, implica condenar con mayor o menor severidad el desarrollo de una actividad que no solo fomenta en la sociedad los efectos nocivos del juego sino que afecta directamente la recaudación estatal. Todo ello, sin mencionar las dificultades para contener la ludopatía, la participación de menores de edad y la posibilidad para blanquear dinero proveniente de los fondos generados a través de actividades criminales y/o clandestinas.

En la mayoría de los países de la región se observa un crecimiento generalizado de las apuestas clandestinas, aunque las características de este sistema ilegal en cada país sean diferentes dependiendo de las especificidades de cada mercado y el marco normativo establecido para el sector. Esto implica que los mayores niveles de apuestas clandestinas se concentren en diferentes unidades o modalidades de juego, como pueden ser la quiniela o las máquinas tragamonedas. Independientemente de esta variación, que en este caso va más allá de la simple elección de los apostadores en cuanto a sus gustos y preferencias, lo cierto es que en la región se necesitan mayores y nuevas leyes destinadas a combatir y reprimir directamente el juego ilícito.

El eje central de la discusión se centra en la importancia de la sanción penal que el código respectivo le otorga a esa transgresión. En la mayoría de los casos, actualmente el juego clandestino es considerado una falta, hecho que supone la aplicación de castigos menores que consecuentemente no disuaden a quienes incurren en dicha infracción. Debido al crecimiento de este mercado informal, básicamente por la proliferación de las tragamonedas,  países como Uruguay han presentado propuestas para tipificar esta actividad ilegal como delito. Sin embargo, estos proyectos presentados por la administración saliente no han prosperado, incluso con la nueva gestión de Javier Chá al frente de la Dirección de Casinos se elaboró un proyecto de ley que tiende a legalizar este comercio informal en torno a las tragamonedas.

Por su parte, Argentina es uno de los países que cuenta directamente con la una ley para reprimir este tipo de conductas.  Con la sanción de la ley provincial 13470 de Prevención y Represión del Juego de Azar Ilegal en el año 2006 la provincia contó con un nuevo instrumento para combatir el juego clandestino, reformando el Código de Faltas provincial y estableciendo fuertes penas de acuerdo a diferentes niveles de responsabilidad: el apostador, el del intermediario, el de quienes suplen al Estado como organizadores del juego o "banca" (financista), integrante de asociación de personas y el empleado o funcionario público que omitiere denunciar las conductas penalizadas por dicha normativa. De todos los casos, la mayor carga penal establecida recae sobre quien integre una asociación de personas, para el cual se dispone un arresto de dos meses a dos años de cárcel y una multa que va desde los $ 385.000 hasta el $1.925.000 millón de pesos.

Pese a los beneficios de una instrumentalización legal de este tipo -la cual prevé también la confección de un registro de infractores- que propicia un nivel mayor de recaudación fiscal, un mayor control sobre los efectos no deseados del juego y el desarrollo de una actividad mejor regulada, el alcance de la normativa sigue siendo limitado porque forma parte de una disposición provincial. En ese sentido, cabe mencionar que el Código Penal argentino no prevé ni contempla delitos vinculados a la actividad azarosa -sólo existen proyectos ingresados al Congreso Nacional; organismo facultado para la sanción de dicho Código- por lo tanto, no existe a nivel nacional una represión de este tipo hacia el juego clandestino. Más allá de ese dato no menor, lo cierto es que aunque de manera general el Código de Faltas tipifica conductas menos graves, no siempre la pena impuesta es menos grave, ya que ciertas contravenciones tienen penas mayores que algunos delitos leves. Y para este caso puntual, más allá de su alcance privativo, una reglamentación de este tipo permite contar con mayores herramientas para la represión de una actividad que, en algunos lugares de la región, se ha tornado ya incontrolable.

Tal es el caso de México. Quizás por sus propios problemas estructurales relacionados con el fuerte accionar de grupos criminales y mafiosos, es uno de los países con mayores dificultades para neutralizar actualmente esta situación. La ya obsoleta ley Federal de Juegos y Sorteos que data de 1947, de por sí por los vicios legales que presenta ha permitido la
instalación de un centenar de salas de juego ilícitas, asociadas en muchos casos a grupos armados o cárteles de droga.  Dicha normativa señala que la Gobernación tiene la obligación de clausurar todo local abierto o cerrado que vulnere la ley. No obstante, las sanciones son bajas y van de prisión de un mes a dos años y multa de cien a 5 mil pesos. Desde esta perspectiva, es lógico que una ley tan antigua no pueda ajustarse al contexto actual, máxime en un país donde no sólo prolifera el mercado ilegal de apuestas sino el resto de actividades ilegales, como el narcotráfico.

En líneas generales, la expansión del juego clandestino -en menor o mayor medida- es una realidad en todos los países de Latinoamérica. La incorporación de nuevas modalidades y plataformas de juego, aunque ha diversificado la concentración de apuestas de este tipo en novedosas unidades de negocio, a permitido a su vez la proliferación del juego ilegal dentro de mercados que no cuentan con rígidas y actualizadas legislaciones en el sector de los juegos de azar. Dentro de este panorama, la popularidad de las tragamonedas ha permitido que en países como Chile y Bolivia, por ejemplo, exista un fuerte e incontenible mercado ilegal en torno a la comercialización de estos productos. Algo similar ocurre con el juego on line en toda la región, ya que la ausencia de una reglamentación y por tanto, la falta de una penalización directa hacia este tipo de infracciones, habilita las mismas irregularidades que el resto de actividades lúdicas clandestinas -fraude fiscal, incremento de los efectos no deseados del juego, lavado de dinero, invasión jurisdiccional, etc-.

Aunque con un mayor nivel de garantías jurídicas y administrativas respecto al desarrollo del sector de los juegos de azar en general, Panamá -país que en los últimos años la industria lúdica ha demostrado un nivel superior de crecimiento respecto a la región- enfrenta similares problemas en cuanto a la existencia de juego clandestino. Aunque en líneas generales el juego en Panamá se desarrolla dentro de estrictos parámetros de legalidad, cierto es también que el juego oficial debe lidiar con la existencia de un mercado doméstico de apuestas. En este caso, al otorgamiento estatal de licencias de máquinas de calle, se le suma la precariedad normativa con que se reglamenta este negocio y la ausencia de auténticos sistemas de fiscalización, abriendo así una peligrosa ventana de acceso para el blanqueo de dinero. Por su parte, para el mercado de las apuestas on line el sector ligado a las apuestas tradicionales demanda una normativa que penalice directamente este tipo de delitos.

Más allá de las especificidades, el juego ilegal es un tipo de defraudación que genera descomunales sumas de dinero, pero que también tiene un destino incierto y fraudulento. Más que un cambio de legislación, hace falta un cambio de visión para que la contravención por juego clandestino se convierta en un delito por defraudación. Un rígido sistema de penalización directa hacia este tipo de infracciones puede coadyuvar a contrarrestarlo, teniendo en cuenta que mayores y estrictas sanciones obligarán indirectamente a los infractores a renunciar a dicho negocio, disuadirlos en su intención de comercializar apuestas ilegales o bien erradicar en parte el circuito ilegal ya instalado. Bajo un efecto en cadena, este tipo de represión más severa sobre el juego ilegal permitirá canalizar esos fondos hacia los Estados y transferir dichos recursos a programas sociales. No debe perderse de vista que esta política normativa debe, indefectiblemente, ir acompañada de otro tipo de estrategias: desde el aspecto comunicacional, concientizando al público apostador acerca de la importancia de jugar por los canales oficiales y desde el aspecto comercial, implementando diferentes programas capaces de competir con el mercado ilegal de apuestas. Pero más allá de la implementación de medidas mancomunadas, claro está que el nivel de severidad legislativa que se aplique al ilícito dependerá de la voluntad política para contrarrestarlo; voluntad que suele estar influenciada por intereses que exceden la cuestión de forma.


 

 


 

Comentarios  

 
-2 # evangelina 04-05-2012 13:07
juego no es delito!
 
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