Slots Fuera De Juego

Con un conflicto en la Justicia, siete ordenanzas, movilizaciones sociales y hasta manifestaciones por Facebook, ya son 11 los municipios y comunas de Córdoba que resisten la instalación de salas o bien la incorporación de más tragamonedas para este negocio que, sólo en 2010, le significó a la Compañía de Entretenimientos y Turismo (CET) un ingreso neto estimado de 216.933.814 pesos, con una facturación de unos 314 millones de pesos.

A la compañía del grupo Roggio y a la Lotería de Córdoba se les complica su meta de incorporar 2.100 tragamonedas para llegar a 5.000 en toda la provincia. El año pasado, logró sumar sólo 300, y todas en salas ya existentes.

La fuga de recursos y los casos de ludopatía son las principales causas que esgrimen autoridades y vecinos para el rechazo. Además, se hace difícil que prospere la idea de incorporar nuevas salas en un año electoral.

Desde Lotería, señalan que no están obligados a instalar esa cantidad de máquinas este año, a pesar de que el plan de negocios 2011 lo contemplaba. Y agregan que podría continuarse "en los años subsiguientes, hasta llegar al máximo permitido por la ley".

Respecto de la negativa creciente de algunas localidades, comunica que "se cumple con lo políticamente establecido por el gobernador: si el municipio no quiere la instalación, Lotería se allana a esa decisión".

Un vocero de la empresa CET señaló a este diario que no hay en la mira nuevas localidades para llevar slots "en el corto plazo". "A futuro, se estudiarán", dijo.

Un caso especial se da en la ciudad de Villa Carlos Paz, la principal ciudad turística de la provincia: "No pedimos más tragamonedas porque consideramos que la plaza está completa", explica el intendente, Carlos Felpeto (UCR).

En ese sentido, el intendente Felpeto agrega: "La actividad está muy vinculada al turismo, por lo que baja mucho fuera de temporada".

Sin embargo, dice no tener noticias de casos de ludopatía y no ve aspectos negativos en las instalaciones de CET. Lo recaudado se destina a programas sociales.

No quieren más. Río Cuarto. Hay un conflicto judicial entre CET y el municipio, ya que éste busca reducir el horario de funcionamiento de las salas. El intendente Juan Jure (un radical que llegó en alianza con el juecismo, pero ahora dejó el frente) quiere terminar con el juego y hasta podría impulsar una consulta popular. Habla de las consecuencias sociales por adicciones, de la fuga de capitales y del nulo impacto turístico. "Ponen el cáncer y después nos reclaman que demos aspirinas", argumenta, en respuesta a quienes demandan campañas contra la ludopatía.

Arroyito. Hubo una ordenanza contra las tragamonedas y después, en octubre pasado, se acordó un documento que anticipa el compromiso del municipio, concejales, empresarios, Iglesia Católica, clubes y hasta gremios para impedirlas.

Río Tercero. En enero de 2009, se votó una ordenanza que prohíbe "la explotación de casinos, loterías, slots" y otros tipos de juego de azar, a excepción del Bingo, para evitar la ludopatía y los daños económicos a las familias más humildes.

San Francisco. "No las quiero y no pediré nunca que haya más", dice el intendente Martín Llaryora (PJ). Asegura que los 80 mil pesos mensuales no justifican el perjuicio que ocasionan. "No hay nada positivo. En especial, porque aquí ni siquiera llegó con una inversión hotelera y se instaló en un lugar céntrico". El municipio sólo logró la reducción del horario del casino.

Santa Rosa de Calamuchita. Hay una prohibición, a menos que se instale un hotel de cuatro estrellas. Se rechazó un complejo comercial con slots.

Villa General Belgrano. Rige una ordenanza de 2007 que impide la radicación de estas salas de juegos. Consideraron que eso no coincide con el perfil del turista al que aspiran.

Colonia Caroya. Impide por ordenanza la instalación de juegos de azar.

Jesús María. En 2004 y 2005, se intentó instalar slots, pero el municipio lo rechazó por no venir acompañadas de un hotel cuatro estrellas. En paralelo, se registró el rechazo del comercio y otros sectores.

Pilar y Río Segundo. Existe un movimiento de vecinos en la red social Facebook que rechaza una eventual instalación de tragamonedas.

Almafuerte. Tiene una ordenanza contra las slots, promovida por los comerciantes de esa ciudad.

Sampacho. En octubre de 2010, el Concejo Deliberante rechazó por unanimidad la posible instalación de un centenar de tragamonedas en el pueblo de nueve mil habitantes. El Obispado de Río Cuarto y otras instituciones se sumaron a la negativa.

Vengan, con condiciones. ¿Qué pasará con las 2.100 máquinas que no se pueden instalar aún? Los candidatos más firmes a recibirlas son los 17 sitios con salas, a cuyos intendentes "no les molestaría". Todos pertenecen al oficialismo.

Adrián Walker, intendente de Miramar, que recibe apenas mil pesos mensuales, asegura que no tienen casos de ludopatía y que pidió más máquinas para los turistas veraniegos.

"Los jugadores (crónicos) se cuentan con los dedos de una mano", se defiende Germán Pratto, intendente de Morteros, que destina los ingresos a gasto social. Dio el visto bueno para más máquinas, pero no llegaron. "Se dice que disparan el daño social, pero puedo asegurar que no hubo variaciones", afirma, y elogia la afluencia de visitantes de Santa Fe por el juego.

En Cosquín, siempre se evalúa la posibilidad de recibir más tragamonedas, dice el intendente Marcelo Villanueva, que no ve problemas con la ludopatía ("salvo aquellos jugadores empedernidos") y afirma que las salas son una buena distracción para los turistas.

Alta Gracia aceptó recibir más equipos y el dinero va a programas sociales. "Acá el juego no es un escándalo; no es como en otros lugares, donde genera reacciones adversas", dice Mario Bonfigli, su intendente.

Hace más de un año que en Embalse pidieron slots, pero aún no tienen novedades. El intendente, Federico Alesandri, afirma: "Pedimos que se aumentaran siempre y cuando fuera con un fin turístico y recreativo y que hubiera ayuda de la Provincia para generar programas para los que tengan problemas. Además, dijimos que se fijaran criterios para construir hoteles-casinos para que sirvieran a la infraestructura de la zona".

Gaspar Lemos, intendente de Río Ceballos, reclama la nueva sede del casino prometida por el entonces gobernador José Manuel de la Sota y frenada en la gestión de Juan Schiaretti. Defiende el atractivo turístico del juego, pero dice que con las slots que hay "es suficiente".

En Deán Funes, hay un programa propio para la ludopatía, financiado con los 12 mil pesos en promedio que reciben, dice el intendente Alejandro Teijeiro, que no contesta si está de acuerdo o no con la incorporación de más tragamonedas, ya que "eso está atado a una ley; no depende de mi decisión", aclara. Admite que el casino no es por sí solo una atracción turística.

El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, no atendió las consultas. Su vocero comunicó que no le ofrecieron más tragamonedas; evadió contestar cuál sería la respuesta en ese caso. Mostró una planilla con los ingresos: 5.133.672 pesos en cinco años, del cual el 92 por ciento se destinó a viviendas.

En los casos de Cruz Alta, General Roca y Laboulaye, los jefes comunales aseguran que las salas son un atractivo para visitantes de Santa Fe. Utilizan los ingresos para viviendas y gastos sociales y dicen que, si bien hay casos de ludópatas, no es una cifra significativa y se les da contención. También en Corral de Bustos, aunque su intendente, Héctor Pagani, ve aspectos negativos: "Todos los días veo entrar al casino a familias muy ajustadas económicamente. En eso, nunca somos grandes ganadores", dice.

Casi ningún municipio posee programas propios para asistir a ludópatas. Aseguran que cuando se detecta algún caso, se le brinda contención.

Por las dudas, en la Provincia no hay interesados en generar estadísticas al respecto.


 

 

Fuente: La Voz del Interior

 

 


 
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