Operadores Acusan A Junta De Control De Ocultar Información

La Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (Asaja) interpuso ante la Corte Suprema de Justicia una acción de hábeas data contra la directora de la Junta de Control de Juegos (JCJ), Giselle Brea, quien habría proporcionado información incompleta sobre la operación de salas de máquinas tragamonedas tipo C.

En el recurso presentado el 14 de junio, Asaja solicitó a la JCJ que suministre el nombre de las empresas autorizadas al 30 de agosto de 2013, así como el número exacto de las máquinas reportadas por cada empresa.

La JCJ cambió en 2012 la norma que regulaba el negocio de las máquinas tragamonedas tipo C, aumentando la cantidad de equipos que se puede operar por local, y permitiendo que empresas con acciones al portador operen centros de apuestas, aspecto prohibido por ley.

Este segmento del negocio despierta interés después de varias movidas de la JCJ, que canceló la licencia a cuatro establecimientos que administraban estas máquinas, pero al mismo tiempo aprobó la apertura de nuevos locales, reservándose el nombre de los nuevos operadores.

Antonio Alfaro, presidente de Asaja, señaló que desconocen el monto de las apuestas que manejan estos locales y si estos pagan a la JCJ los 150 dólares mensuales por cada máquina que opera en sus locales.

Entre noviembre de 2012 y marzo de 2014, Asaja envió 12 cartas a Brea solicitándole el nombre de las empresas que administran "salas tipo C", que son aquellas que tienen máquinas tragamonedas donde la apuesta máxima es de 3 dólares y pagan premios que no superarán los 200 dólares.

"El 3 de junio la directora de la JCJ nos envió una carta donde brindó información incompleta sobre el listado de las salas que estaban operando después de agosto de 2013", señaló Alfaro.

De acuerdo con la carta de Brea, hasta esa fecha había 23 empresas autorizadas para operar salas de máquinas tragamonedas tipo C, que combinadas controlaban 5.690 equipos.

No obstante, Asaja maneja información de que a esa fecha existían más salas y el número de máquinas era mayor. El gremio que reúne a la mayoría de los operadores de centros de apuestas, pidió que la JCJ revele los nombres de las empresas detrás del negocio, así como el número de máquinas tipo C que opera en el país.

Antes de 2009 la información sobre los operadores de las salas tipo C aparecía en la página web de la institución, pero esta fue retirada ya que sería actualizada. A la fecha no se volvió a publicar el reporte.

En 2012 la junta directiva de la JCJ, encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, modificó las normas que regulaban el segmento de las salas tipo C.

Con el cambio se estableció que para operar máquinas tipo C, las empresas tendrán que pagar un derecho de llave de 10.000 dólares, además de una mensualidad de 150 dólares por cada equipo.

También se elevó de 15 a 50 y, en algunos casos, a 75 la cantidad de máquinas tipo C que pueden operar en un solo establecimiento.

En el último año estos establecimientos proliferaron en zonas con ingresos familiares bajos y medios como San Miguelito, 24 de Diciembre, y Río Abajo. Se estima que en Panamá hay entre 25.000 y 30.000 personas con problemas de adicción al juego.

Hace dos años, la JCJ canceló cuatro licencias y retiró del mercado unas 3.000 máquinas bajo el argumento de que eran equipos obsoletos que no cumplían con la Resolución N° 51 que contiene el reglamento para la operación de las máquinas tipo C.

Makaro, Electrodiversiones, Música y Video y Magic Game fueron las empresas que perdieron su licencia en 2012.

Asaja también cuestiona que hay empresas que han recibido autorización de la JCJ que tienen su capital divido en acciones al portador.

En el hábeas data se indica que, en el artículo 71 del Decreto Ley N° 2 de 1998, las empresas que obtienen una licencia para operar salas tipo C deben suministrar los nombres de todos los accionistas; por ende, no se permite la emisión de acciones al portador.

Las empresas que son señaladas por tener acciones al portador son: Big Bizz, S.A., Rando, S.A.; Max Bet S.A. y Diversiones Exitosas Panamá, S.A. Las dos últimas fueron creadas entre 2012 y 2013, las otras dos se constituyeron en 2004 y 2006.

"Al tener acciones al portador no se conoce quiénes son sus verdaderos dueños y los nombres que aparecen en el Registro Público podrían ser testaferros", señaló el presidente de Asaja.

Añade que la JCJ cerró locales familiares que por años tenían una o dos máquinas en restaurantes, bares y cafeterías, pero ahora se han creado salas exclusivas con tragamonedas tipo C.

Las licencias vigentes para operar centros de apuestas en todo el país son 66, y durante el primer trimestre del año se apostaron 583,2 millones de dólares, mientras que el monto acumulado de las apuestas entre 2002 y 2013 fue de 11.000 millones de dólares.


 

 

Fuente:www.prensa.com

 

 


 
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