Indagaron Al Ex Presidente Del ISS De La Pampa Por La Modificación Del Canon Del Casino

El ex presidente del Instituto de Seguridad Social, Miguel Angel Erquicia, es el primer indagado en la causa penal donde se investiga si hubo irregularidades en el otorgamiento de la concesión del juego a favor de Casino Club, cuando en 1994 se firmó el contrato por veinte años, y también cuando, en 1999, se lo modificó para que el canon pasase de ser móvil a fijo.

Hace tres semanas el ex funcionario marinista fue indagado por el juez de instrucción Daniel Saez Zamora. Cuando un juez cita a indagatoria a alguien es porque, a priori, sospecha que pudo haber cometido un delito. Ahora, en algún momento de la investigación, Saez Zamora deberá resolver si procesa a Erquicia -lo que significaría avanzar hacia un posible juicio oral y público- o si le dicta la falta de mérito.

La causa abierta en el Juzgado de Instrucción 7, en noviembre de 2009, fue promovida por la fiscal Alejandra Ongaro a partir de una denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, que a su vez estuvo basada en una presentación del diputado provincial del radicalismo, Martín Berhongaray.

Hasta marzo pasado fue tramitada por la jueza Florencia Maza, y a partir de esa fecha quedó en manos del nuevo juez. En un primer momento trascendió que Ongaro había pedido que se investigara si hubo anomalías en la concesión cuando en 1999 se modificaron las condiciones del canon, y cuando en 1995 se permitió la apertura de una sala céntrica de máquinas tragamonedas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ello cambió. La cuestión de las máquinas tragamonedas quedó resuelta porque otro fiscal, Mauricio Piombi, dijo que no hubo delito en la apertura del local que funciona en la calle Hilario Lagos (es una "sala anexa", argumentó). En cambio la justicia sigue apuntándole a la modificación del canon y, además, a si el Instituto necesitó -y lo obvió- un decreto del Poder Ejecutivo Provincial para llamar a licitación en 1994. Ese llamado terminó con Casino Club reemplazando a una firma neuquina en la concesión del juego en La Pampa.

Erquicia se había presentado espontáneamente ante Maza, en junio del año pasado, para entregar un escrito y pedir que sea incorporado al expediente. En ese momento aún no estaba imputado, es decir no era sospechoso, aunque había participado en los dos actos administrativos objetados.

El, para concurrir al tribunal sin ser requerido, recurrió al artículo 63 del Código Procesal Penal de La Pampa, referido al derecho del imputado, que dice que "la persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se estáinstruyendo una causa, tiene derecho, aún cuando todavía no fuere procesada, a presentarse ante el tribunal, personalmente o por intermedio de un defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que a su juicio puedan ser útiles".

Si bien no habló ante la jueza, en el texto mencionó a una serie de funcionarios y ex funcionarios que luego debieron declarar como testigos. Ellos son Omar Martínez Almudévar, el actual gerente general del Sempre que en aquella época era auditor del ISS; Mario Azcárate, por entonces gerente general de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (Dafas); Atilio Carlos Gambulli, ex asesor letrado del Instituto; y Pablo Langlois, ex asesor letrado de Gobierno. Erquicia habría dicho que ellos fueron consultados cuando se dispusieron las modificaciones al contrato original.

Otros cuatro nombres.

El contrato de concesión entre el Instituto de Seguridad Social y Casino Club fue firmado el 7 de diciembre de 1994 y, de acuerdo a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas -el organismo denunciante-, se modificó en 1999 cuando el presidente Erquicia y el gerente general de la Dafas, Azcárate, dispusieron que el canon móvil pasara a ser fijo (el pliego licitatorio hablaba del 13,33 por ciento mensual o de un monto mínimo de 120.000 pesos), y además eliminaron una serie de controles y fiscalizaciones.En la denuncia penal Carola sostuvo que "dos elementos del contrato de concesión, la inversión y el canon, habrían sido ilegítimamente modificados con posterioridad a la firma del mismo por funcionarios del I.S.S." Con ello, adujo, se violó el principio de igualdad para el resto de los oferentes. Si bien en la denuncia no incluyó nombres, sí habló de delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El fiscal también cuestionó fuertemente a la comisión técnica evaluadora -integrada por Erquicia y el auditor interno, entre otras autoridades del ISS-, que recomendó el otorgamiento de la concesión al único oferente que quedaba en pie, sin controlar la viabilidad objetiva de la inversión propuesta. Esa tarea quedó a cargo de la comisión de control que, de acuerdo a lo que surge del expediente instruido en la FIA, nunca se reunió.Al hacerse pública la denuncia, este diario consultó a Erquicia en octubre de 2009, quien relativizó los hechos. El imputado respondió textualmente: "No leí las notas, no leo diarios locales (...) Fue hace 15 años, es historia antigua".

Cuando en 1994 se firmó el contrato de concesión por dos décadas, en el acto estuvieron presentes el presidente Casino Club, Cristóbal López, (hoy apodado "el rey del juego" y vinculado íntimamente con el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner), el vicepresidente del I.S.S., Carlos Ibarra, y los directores Elda Pordomingo (jubilados) y Julio Fernández (policías). Otros directores de la época eran Elda Salvetti y Luis Camejo.

La licitación se hizo y Casino Club -con la participación del empresario local Daniel Pinna, por entonces dueño del hotel Calfucurá, lugar donde el casino iba a funcionar en un primer momento- le ganó la pulseada a Casino del Plata, de La Rioja, y a Casinos del Litoral, de Corrientes. Ese llamado a ofertar se produjo luego de que el gobierno de Neuquén anunciara que dejaría de explotar los juegos de ruleta, punto y banca y black-jack en las instalaciones del club All Boys.

Ese llamado a licitación está siendo investigado porque presuntamente el directorio necesitaba un decreto del Poder Ejecutivo Provincial que lo avalara. Las autoridades del ISS de entonces consideraron que no era necesaria esa herramienta legal.

El hotel, bajo la lupa judicial

Otro punto de la investigación judicial es si Casino Club,
cuando firmó el contrato de concesión en 1994, había adquirido el compromiso de construir un hotel. Eso es lo que sostiene la oposición política. En cambio, las autoridades del Instituto de Seguridad Social consideran, de acuerdo a la letra del contrato (ver página 11), que la empresa recién tomará esa obligación cuando a la brevedad las partes firmen la prórroga de la concesión por 15 años (hasta 2029 porque el actual vence en 2014). Ayer, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, abrió otro sumario para saber si es legal o no la forma en que se extenderá los plazos.

El nuevo acuerdo que aprobó el directorio del ISS prevé que a cambio de ese alargamiento de los plazos, Casino Club invierta 73.575.000 pesos más IVA (en total serán alrededor de cien millones porque se incluye la compra de dos inmuebles linderos) en la construcción de un hotel cuatro estrellas de 81 habitaciones y 162 plazas, y un centro de convenciones para 350 personas.

Además la empresa patagónica tendrá tres años, a partir de los 90 días de aprobada la propuesta, para cerrar la sala tragamonedas del centro, y quedará obligada a mantener la totalidad del personal, "reubicándolo en el hotel y/o el casino".

Otro punto negociado entre las partes fue el aumento del canon, que pasará de 429.000 pesos a 200.000 dólares mensuales. Ese piso se mantendrá hasta fines de 2014. A partir del 1 de enero de 2015 los 200.000 dólares se incrementarán a razón de un cinco por ciento anual acumulativo.

"Falta un decreto del gobernador", reclamó el diputado Berhongaray

"No se puede un análisis jurídico completo de la cuestión, porque no tenemos elementos de juicio; los expedientes, los pliegos y toda la documentación la venimos solicitando desde 2008 y nunca hemos tenido acceso a ellas", planteó el diputado frepamista Martín Berhongaray, en alusión a las trabas que ha encontrado para acceder a toda la documentación vinculada con la instalación de Casino Club en la capital pampeana.

El legislador sí consideró "inaceptable e ilegítima" la medida adoptada por el directorio del ISS de autorizar a su presidente a ampliar el plazo de concesión del casino santarroseño en 15 años, a cambio de la construcción de un hotel. "Está faltando un decreto del Ejecutivo, el que dispone el decreto reglamentario de la Ley 1239, que autoriza en 1990 la apertura y funcionamiento de un casino y sala de juego en La Pampa".

"En ese decreto reglamentario, es donde se exige que sea el Poder Ejecutivo, el gobernador, el que emita el decreto cuando se trate de otorgar una concesión o prorrogar la existente", puntualizó el legislador opositor.

Berhongaray, en declaraciones a Radio Noticias, se refirió al pliego original donde se señalaba que el concesionario se obligaba a construir un edificio donde funcionaría el casino y otros que propusiera como partes de un complejo hotelero, cultural o deportivo. "En su momento entendimos que esto no quedaba a criterio de la empresa y que ésta debía construir ese hotel, pero estas son las cuestiones que el fiscal Carola puso a consideración de la justicia en una causa que viene a paso lento".

El legislador había presentado una denuncia por la apertura irregular de la sala accesoria del Casino, la sala de tragamonedas ubicada en el centro de la ciudad, la que fue desestimada por la justicia. "Esa presentación la hice con los pocos elementos que puede tener, pero el fiscal Carola profundizó la investigación y detectó otras irregularidades, las que impuso a la justicia".

Berhongaray, cuestionó que en esta historia del casino en La Pampa "hubo modificaciones al contrato en lo que hace a la eliminación de los controles y fiscalización a la modificación del canon, pasándose de un sistema variable a uno fijo, que al día de hoy ha quedado desactualizado. Este es uno de los puntos a discutir, porque se tratan de situaciones que de haberse conocido en un comienzo hubieran alentado la participación de otras empresas".

El diputado y sus pares de bancada Hugo Pérez, Adrián Peppino y Claudia Giorgis, se presentaron ante la FIA para denunciar la prórroga ilegal del contrato con Casino Club, medida dispuesta por el Directorio del ISS la semana pasada.

Qué dice el contrato

El artículo 30 del contrato que firmaron el Instituto de Seguridad Social y la empresa Casino Club, hace 17 años, dice textualmente: "El concesionario está obligado a invertir en la construcción de un edificio donde el casino de la ciudad de Santa Rosa, y en otros que él proponga, como integrantes de un complejo hotelero, cultural y/o deportivo, como mínimo la suma de 4.000.000 de pesos"

En esas pocas palabras se resume la polémica entre el ISS y los diputados del Frepam, trasladada al expediente judicial (ver aparte), acerca de si Casino Club ya debió haber construido el hotel o si es correcto que lo construya a partir de firmar una prórroga de la concesión por 15 años, que concluirá a fines de 2029.

El presidente del Instituto, Miguel Tavella, le entregó ayer a este diario una fotocopia con el texto de los puntos 2, 2.1 y 2.2 de ese artículo 30. Allí dice además que "el edificio para la sala de juegos" no podrá tener una superficie menor a 800 metros cuadrados y que ella "deberá contar, además, con todas las dependencias que permitan un desenvolvimiento normal de la actividad".

Agrega: "Estas podrán estar integradas o no al complejo a que hace mención el primer párrafo de este apartado, y en ningún caso las dependencias no preveerán (sic) un hall de ingreso, boletería, guardarropas, estar, confitería, sanitarios y sector de administración, compuesto por gerencia, tesorería, cajas, oficinas, sanitarios, servicios generales, sala de máquinas, depósito, inspección, etc".


 

 

Fuente: Diario La Arena

 

 


 
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