La Nueva Ley De Juego En México Avalará El Juego "En Vivo"

La titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Marcela González Salas, admitió que en México con la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos "se autorizará el juego en vivo, porque hoy por hoy en muchos lugares los hay de carácter clandestino, y la capacidad de supervisión de la Dirección General es limitada".

González Salas señaló que esa modalidad ya opera de manera clandestina, por lo que la única vía para regularlo es su legalización. Gobernación no cuenta con plantilla suficiente de inspectores para atajar esa modalidad, admitió.

Se prevé, dijo la funcionaria, un aumento presupuestal para ampliar la plantilla de inspectores a 120 unidades -divididos en supervisores de juego en vivo y casinos e inspectores de sorteos-, y subirles el salario.

Con el proyecto de la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos de México, los actuales permisionarios de casinos en el país, también tendrían la posibilidad de expandirse, en un periodo de dos años, incluso hasta su máxima capacidad autorizada. Ahora hay registrados 340 casinos y la cifra superaría los 800 locales.

González Salas, explicó que la pretendida ley (integrada por 220 artículos y 10 transitorios) no puede ser retroactiva, de ahí que se abrirá un periodo de 24 meses para que las actuales compañías canjeen sus autorizaciones: una por cada casino y no como ocurre con el marco legal actual, que una sola ampara la apertura de decenas de negocios.

El permisionario con un paraguas mayor vigente podría abrir en los próximos meses hasta 94 negocios.

Sólo tres estados del país no tienen centros de apuestas (Zacatecas, Oaxaca y Tlaxcala) y dos más (Chiapas y Coahuila) enfrentan litigios para evitar la reapertura de los que operaban en su territorio.

En el resto de México durante los años recientes, específicamente a partir de 2005, se evidenció una expansión sin precedentes de estos negocios. Ahora están registrados 340 casinos, y si los empresarios pudieran o decidieran multiplicar sus negocios, la cifra superaría los 800 locales.

Consultada acerca de porqué dejar esa bisagra para la expansión de los casinos, cuando en el país hay más negocios de ese tipo que universidades, según se afirmó recientemente, la funcionaria dijo que "la ley no puede ser retroactiva; es lo más que logramos. Los permisionarios también se pueden ir a la Suprema Corte y decir: Yo tengo un permiso que me faculta abrir tantos casinos por 25 años. Ahora ya se acortó el plazo a dos años y la mayoría de los permisionarios lo están aceptando".

En opinión de la funcionaria (y así lo negoció con los empresarios) retirar todo el espectro de permisos para iniciar de cero, con la nueva ley, habría provocado un alud de conflictos en el Poder Judicial.

En entrevista con el diario La Jornada, dijo que para abrir un casino se requiere la venia del ayuntamiento (o delegación política, en el caso del Distrito Federal), así como de los estados; sin embargo, aseveró, las autoridades locales cada vez son más estrictas para emitir las autorizaciones. Adicionalmente, la nueva ley de amparo impide obtener una suspensión (de clausura, por ejemplo) en el sector de juegos y sorteos.

En Baja California, la entidad con mayor número de este tipo de centros, ya hay un decreto para prohibir la apertura de alguno más, a menos que el permiso del uso del suelo se haya obtenido antes de mayo de 2012.

Ahí la preponderante es Administradora Mexicana de Hipódromo (de Jorge Hank Rohn y su socio Codere), cuyo permiso inicial es de septiembre de 1997 para un hipódromo y 65 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números. Actualmente tiene en operación un hipódromo y 49 salas. La vigencia es por 25 años y concluye en 2023; con la nueva ley podrá expandirse pero también canjear cada uno de sus establecimientos por un permiso independiente.

En Baja California Sur ya está prohibido el uso de suelo para ese fin, lo mismo que en Coahuila y Chiapas.

A pesar de que la nueva ley podría derivar en la apertura de más casinos, la estrategia de contención en este tipo de actividades se concentra en la ubicación y confiscación de las máquinas tragamonedas, ubicadas sustancialmente en pequeños negocios de barrio. Las autoridades calculan que en el país operan unos 175.000 aparatos de este tipo y hasta el momento se decomisaron apenas 8.000.

La funcionaria expresó al respecto: "Lamentamos que alguien pierda su patrimonio, pero tenemos la certeza de que es una fuente de adicción al juego y de una actividad vinculada con otros ilícitos".

El proyecto de Ley, que será discutido el mes entrante en la Cámara de Diputados, también avalaría el juego en vivo.

En ese sentido González Salas señaló que esa modalidad ya opera de manera clandestina, por lo que la única vía para regularlo es su legalización. Gobernación no cuenta con plantilla suficiente de inspectores para atajar esa modalidad, admitió.

El nuevo INJS

La nueva ley también prevé que la Segob conservará el control absoluto de apertura o cierre de casinos, hipódromos, canódromos, frontones, ferias, peleas de gallos, entre otras actividades de apuestas.

La actual Dirección General de Juegos y Sorteos se transformará en el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos (INJS). El director general del Instituto será designado por el secretario de Gobernación.

Los inspectores verificadores supervisarán casinos, juegos en línea, hipódromos, canódromos), carreras de caballos y peleas de gallos, así como sorteos.

Sin embargo, el grupo actual de inspectores es muy pequeño (actualmente son sólo 62) para estar al tanto de la operación de todos los casinos registrados y un número indeterminado de episodios de otros juegos de apuesta y sorteos.

Se prevé, dijo González Salas, un aumento presupuestal para ampliar la plantilla de inspectores (a 120), y subirles el salario.

"Una de las ventajas de la nueva ley es que se autorizará el juego en vivo, porque hoy por hoy en muchos lugares los hay de carácter clandestino y la capacidad de supervisión de la dirección general es limitada. En cuanto al lavado de dinero y otros delitos, se entrega la información a las autoridades; además, las máquinas serán certificadas con un chip conectado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los casinos tendrán que reportar a los jugadores que intenten gastar más de 30 mil pesos", dijo la funcionaria.

En la lista de las atribuciones del INJS (artículo 144 del proyecto elaborado por funcionarios de Gobernación y una comisión especial de diputados), se delinea el poder que éste tendrá en la industria del juego.

Ante otras instancias de la administración pública federal, la PGR, así como de las autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal, el INJS sólo establecerá "cooperación interinstitucional".

El instituto se acercará con las instancias en mención e incluso con instituciones públicas y privadas para celebrar acuerdos, aunque absolutamente toda la actividad -y las decisiones fundamentales- estará bajo su control: otorgamiento y revocación de los permisos; supervisión, vigilancia y regulación; prevención y combate de la ludopatía; requisitos para la publicidad; formación de recursos humanos; control del registro y archivo; auditoría a permisionarios, denuncias de delitos, entre otras.

El artículo 144 marca 36 atribuciones; a su director (artículo 145) le da 13 facultades, entre ellas requerir a cualquier autoridad la información necesaria para vigilar el cumplimiento de la ley. También deberá expedir informes periódicos de su labor y resultados.

Si bien deberá pedir "opinión favorable" al consejo consultivo para determinar las zonas o regiones para la instalación de establecimientos, la decisión última la tendrá el INJS.

En cuanto al consejo consultivo, la futura ley indica que podrá emitir al instituto opiniones y recomendaciones, además de hacer actividades en colaboración con el mismo.

El consejo se integra por tres miembros permanentes: secretario de Gobernación (presidente); los titulares de las secretarías de Hacienda, Economía, Trabajo, Salud y Turismo, así como el titular del órgano Interno de Control de la Segob.

Como "invitados permanentes", sólo con derecho a voz, estará el titular de la PGR; tres especialistas en el ámbito empresarial, educativo o de investigación "designados por el secretario de Gobernación", además de tres representantes de la sociedad civil, igualmente designados por el responsable de la política interna en turno.

Finalmente, el consejo tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros (es decir, funcionarios) y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.


 

 

Fuente:m.jornada.com.mx y www.vanguardia.com.mx

 

 


 
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