Puerto Rico Permitirá Más Tragamonedas En El Sector Hípico

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este domingo un proyecto de ley que modifica el marco regulatorio de la industria hípica y que establece medidas -como la proliferación de máquinas tragamonedas- para atraer a apostadores y fortalecer el debilitado sector.

Sin embargo, la versión ratificada por la mayoría popular en la Cámara, descartó la propuesta original de instalar 500 máquinas de videojuegos en las instalaciones del Hipódromo Camarero, en Canóvanas, iniciativa que la Compañía de Turismo objetó enérgicamente por el potencial daño que representaba para la industria turística, al suponer una competencia directa para las hospederías aledañas donde operan casinos.

El Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1772, que enmendaría la "Ley de la Industria y el Deporte Hípico", permitiría establecer en las agencias hípicas hasta 2.500 terminales de videojuego adicionales a los 2.500 que el estatuto avala en la actualidad.

Por su parte, el titular de Empresas Puertorriqueñas de Recreación Comercial (Emprecom), Pablo Javier Rivera Corraliza, criticó la medida ya que "primero, aprobaron La Ley 77 para favorecer a los grandes hoteles lo que produjo la eliminación de las máquinas que se encontraban en pequeños negocios y ahora, también, premian al Hipódromo Camarero otorgándole la facultad de colocar más máquinas en sus agencias hípicas. Máquinas que al igual que las que se encuentran en los casinos pagan premios en efectivo".

Recordó que, "el gobierno, primero pasó la jurisdicción de las máquinas de los pequeños comerciantes puertorriqueños a la Compañía de Turismo, agencia que históricamente ha estado en contra de las máquinas; segundo, bajo el subterfugio de reglamentar, permitió que Turismo se convirtiera en el inquisidor del pequeño comerciante para lograr la eliminación de nuestras máquinas; tercero, anticipando la eliminación de nuestras máquinas, le conceden 2.500 máquinas más al Camarero. Así, se comienza a cerrar los eslabones de la agenda de la ejecución de los dueños de las máquinas locales y los comerciantes puertorriqueños".

"El proyecto viene a salvar a 8.000 empleados puertorriqueños que podrían quedar sin empleo si la industria (hípica) quiebra", dijo durante su turno de debate el representante Ramón Luis Cruz Burgos, presidente de la Comisión cameral de Transportación, Infraestructura, y de Recreación y Deportes, que evaluó el proyecto en vistas públicas.

Se refirió a los empleos directos e indirectos que se estima produce la industria hípica. La pieza legislativa se
fundamenta en estadísticas sobre el deterioro en las apuestas de caballo, que en el 2011 produjeron 168 millones de dólares , mientras que en 1994 la cifra alcanzaba los 298,2 millones.

Según la exposición de motivos de la medida, la merma en ingresos en la industria hípica, no solo ha recortado los recursos de sus componentes, como el operador del hipódromo, los dueños de caballos y el apostador con premios más reducidos, sino que también ha significado menos recaudos en arbitrios para el Gobierno.

"El proyecto analiza profundamente la realidad de la industria hípica de cara al momento. La industria necesita ser reformada", insistió Cruz Burgos.

La pieza legislativa, entre otras cosas, amplía las facultades de la Junta Hípica, que es el ente regulador de la industria, y del administrador hípico, que actúa como el funcionario que ejecuta la política pública. Asimismo, modifica el proceso de revisión administrativa respecto a las decisiones de la junta, y la manera en que se podrían impugnar judicialmente esas determinaciones.

La medida, además, disminuye de 12% a 4% la participación del Gobierno en la industria, y crea el Fondo de Crianza y Mejoramiento para fomentar la crianza y adquisición de ejemplares purasangre. Ese fondo se nutriría de los premios de las apuestas que no hayan sido reclamados, recursos que hoy pasan al Fondo General.

Además, si la medida se convierte en ley, los ingresos derivados de los premios regulares y suplementarios, y cualquier otro caudal que generen los dueños de los ejemplares inscritos en la Administración de la Industria y el Deporte Hípico estarían exentos de cualquier tributación.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) se opuso a la medida por entender que fue concebida para satisfacer exclusivamente los intereses del operador del hipódromo. Mientras, la representante Brenda López de Arrarás se abstuvo de votar.

"Aquí no se intenta ayudar a nadie que no sea a los dueños del hipódromo, que están cobrando de forma usurera a los dueños de las agencias hípicas cuando su cargo por licenciamiento anual (como proveedor del sistema de vídeo juego) es de 100.000 dólares ", subrayó el representante novoprogresista Angel Rodríguez.


 

 

Fuente:www.primerahora.com y www.metro.pr

 

 


 
Banner
Banner
Banner