Mendoza Rescindió Polémico Contrato Por Tragamonedas

Mediante la resolución 375/16 el Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC) finalmente decidió rescindir el contrato con la empresa Sielcon, por el polémico control online de la recaudación de las tragamonedas.

Este jueves se conoció que se decidió dar de baja la participación de esa empresa en el negocio, que tenía prevista una recaudación de al menos 20 millones anuales.

A partir de ahora se abrirá un proceso a través del cual el directorio de la entidad, presidido por Josefina Canale, apunta a contratar al Instituto de Tecnología Industrial (INTI) como el organismo que se encargará de controlar lo que la anterior administración había dejado en manos de privados.

Este proceso fue el centro de todas las sospechas durante los últimos meses, que recayeron sobre el expresidente del Instituto, Carlos Biachinelli y sobre uno de los exintegrantes del antiguo directorio, Federico Domínguez, de haber intentado armar un negocio a medida de Alfredo Vila.

La empresa Sielcon fue quien resultó adjudicataria para establecer un control estatal y paralelo de la recaudación de las tragamonedas y, aunque el sistema debería estar funcionando desde agosto pasado, todavía no comenzó.

El acuerdo permite alzarse con el 1,35% más IVA de la recaudación neta de las tragamonedas, lo que representa en total ingresos por más de $20 millones anuales.

Hoy los casinos privados, que ya tienen controles en línea propios, pagan por este servicio 0,30 centavos de dólar por cada máquina. El Estado, le prometió a Sielcon un dólar por hacer el mismo trabajo.

La necesidad de los controles online pagados por el Estado no solo fueron desestimados por las actuales
autoridades. Sino que además los cuestionó también Pedro Pettignano, un hombre clave en la gestión del gobierno de Francisco Pérez en el IPJyC que se desempeñó entre 2013 y 2015 como gerente general.

Sin embargo el motivo central por el cual se decidió la rescisión fue la irregular transferencia del contrato que hizo la empresa hacia finales del año pasado a un fideicomiso para que se haga cargo del sistema.

Ese tipo de maniobra se realizó sin la autorización del Instituto, y la transferencia del contrato servirá para revelar quién está detrás de la operación.

Como socios en el fideicomiso figuraban dos empresas y una de ellas, ASA Internacional, está representada por un ex gerente del Multimedios UNO, Diego Corvalán, que figuraba como apoderado y además como administrador de Sielcon Mendoza.

Ante el pedido de explicaciones por parte del Estado de esta maniobra, la empresa respondió con diversos planteos judiciales que incluyeron desde recursos de amparo (que fueron rechazados hace quince días) hasta denuncias penales contra los miembros del directorio del Instituto.

Una voz oficial del IPJyC dijo para justificar la rescisión del polémico contrato que les pedimos explicaciones por la transferencia del contrato y nunca las dieron. E incluso contestaron que, en todo, caso se volvía a la situación anterior. Pero eso no quita que la cesión irregular existió”.


 

 

Fuente:www.mdzol.com

 

 


 
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