Complicada Negociación Por El Casino Cóndor

La intención del gobierno de Mendoza es la de dar de baja la licencia al casino Cóndor De Mendoza, si hoy el operador, KLP Entretenimientos, no abona los 37 millones de pesos que había acordado pagar por la deuda impositiva que mantiene con la provincia, y que asciende a $107 millones. Ayer la empresa de Rafael Garfunkel, presentó un escrito a la Justicia minutos antes que venciera la intimación que le hizo la Provincia para adherirse al acuerdo y saldar esa deuda.

Con esta medida legal, se extienden los plazos para efectuar el cierre definitivo del casino si la empresa no paga, y habrá que esperar hasta el lunes para la decisión final del juez a cargo, Pablo González Masanes.

Los plazos que se puso el Gobierno se van cumpliendo, pero aún no puede cerrar la dilatada negociación con KLP que ocupó las dos últimas semanas.

La suspensión de actividades se dispuso el 12 de julio y si KLP cancela hoy los 37 millones de pesos que prometió hace una semana, volverá a funcionar. Pero si otra vez no cumple, entonces la intención oficial es darle de baja definitivamente.

La Provincia y el Casino continuaban ayer en tensas negociaciones -ya en el Tercer Juzgado de Procesos Concursales- para retomar el acuerdo que se rompió cuando Garfunkel se enteró que había motivos de sobra para cerrar la casa de juegos aún pagando lo adeudado.

Se preveía la cancelación en efectivo de $37 millones de pesos por impuestos y contribuciones. Y el compromiso de tramitar ante el juez, la autorización para acogerse a un plan de 36 cuotas a fin de cancelar unos $70 millones por multas. Ese pago, por estar concursada, debía hacerse a través de una compleja triangulación.

El Gobierno también negocia con el resto de los casinos privados del Gran Mendoza (Hyatt, Sheraton y Arena) y Valle de Uco (Fuente Mayor) que absorban a los empleados que quedarán sin trabajo.

El acuerdo estaba avanzado ayer, aunque había dudas sobre el número: el Ejecutivo insistía para que tomen a los 177 empleados y los competidores de KLP querían limitar el número a 150. Otra traba es que no reconocerían la antigüedad a los trabajadores.

Las razones que pesan para decidir el fin de la concesión son la deuda impositiva por más de 100 millones de pesos (entre capital, intereses y multas) que acumuló el casino del hotel Intercontinental con la Provincia entre setiembre de 2012 y noviembre de 2014 y, sobre todo, el concurso de acreedores que rige desde el último mes de 2014.

Desde entonces no hubo muchos avances, hasta que el Gobierno decidió suspender la sala de juego mientras no se solucione el conflicto.

Tanto la deuda que acumuló hasta que se declaró en concurso (desde entonces sí pagó Ingresos Brutos, Inmobiliario y los aportes para programas sociales) como este proceso en sí mismo son causales para poner fin a la concesión, según la ley provincial que regula la actividad.

En el Gobierno entienden que el concurso apunta sólo a licuar las deudas con el Banco Nación ($47 millones) y la provincia de Mendoza.

La empresa, desde un primer momento, mostró su desacuerdo con la suspensión y adujo que era una medida ilegal. Pero el Gobierno avanzó y presionó con el cierre.

Esta postura obligó a KLP a negociar e incluso aceptar de palabra un acuerdo de pago.

El aval legislativo que según Cornejo debía tener ese acuerdo fue el obstáculo que frenó todo. Garfunkel entendía que ese segundo paso podía terminar en rechazo y, consecuentemente, en un nuevo cierre, aunque él ya hubiera pagado.

Con esa divergencia se llegó hasta ayer, cuando las partes debían verse las caras en una audiencia en el Tercer Juzgado Concursal. La empresa apostó a que la intervención de la Justicia, así como la presión de los empleados, jugara a su favor.

De ese encuentro la postura oficial salió mejor parada y hoy los representantes del Estado y de la firma volverán a verse con el juez González Masanes, que puede tomar alguna decisión.

El gobernador Alfredo Cornejo puso la mira en el casino Cóndor apenas asumió y desde dos meses antes de disponer la suspensión, tenía sobre su escritorio un dictamen jurídico que avalaba el cierre.

Buena parte del tiempo que se tomó para avanzar con esa decisión, fue porque quiso negociar previamente con las otras salas de juego privadas para que absorbieran a los empleados.

Este acuerdo no incluye al personal del hotel Intercontinental, que podrá seguir funcionando como hasta ahora. Según fuentes del Gobierno, ha estado lleno desde el inicio de las vacaciones de invierno escolares en el país, por lo que aseguran que bien puede autosustentarse sin el negocio paralelo del juego.


 

 

Fuente:www.losandes.com.ar y www.cadena3.com

 

 


 

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