Mendoza: Buscan Acuerdo Extrajudicial Por Control De Tragamonedas

Fuentes del sector confirmaron que Sielcon y el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza (IPJyC) cerrarán en breve un acuerdo extrajudicial. El convenio busca subsanar la situación que se generó entre esa empresa y el organismo por un contrato millonario para el control online de las tragamonedas de los casinos públicos y privados de esa provincia.

 

El contrato con la Provincia iba a reportarle a la firma Sielcon, que en este momento atraviesa una complicada crisis interna, ingresos por 240 millones de pesos a lo largo de 10 años. Si bien el sitio mdzol.com, señala que detrás de Sielcon está Freddy Vila, que ya participa del negocio a través de la explotación de las tragamonedas del Casino Central, la versión no tiene ningún asidero porque no existe vinculación entre entre esa empresa y el mendocino. Los socios de Sielcon son Eduardo Paz, Daniel Galimberti y Luis Olivares. Este último, un conocido empresario mendocino del sector del juego, mantiene desde hace años serias diferencias con Vila.

La primera etapa del contrato (control de los casinos estatales) fue puesta en práctica en setiembre del año pasado por el anterior presidente del IPJyC, Carlos Bianchinelli. Pero su sucesora, Josefina Canale, lo dio de baja por considerar que el sistema era innecesario y costoso.

Esa medida abrió las puertas a un litigio judicial que preocupa a los funcionarios del gobernador Cornejo, y que también golpea a Sielcon en el sector del juego. A raiz de ello se abrió una negociación en la que ambas partes tendrían interés en avanzar.

El acuerdo en ciernes consiste en que el IPJyC absorba la inversión realizada por la firma privada para instalar el control online de las tragamonedas, a cambio de que la empresa desista del juicio iniciado. El organismo está dispuesto a pagar unos 12 millones de pesos por el equipamiento, que sólo en parte se usaría en los casinos.

Para el IPJyC, esta inversión sería ventajosa. Una de las razones es que varios servidores de Sielcon, que no pueden ser retenidos por la Provincia porque son de los privados, tendrían como destino la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y la Dirección General de Escuelas. Es decir que producirían una modernización tecnológica necesaria, principalmente en el Gobierno Escolar.

El precio entra en ese cálculo. Ocurre que los equipos fueron adquiridos el año pasado y el IPJyC sólo tendría que pagar los montos que esas facturas de Sielcon señalan. Es decir que, a pesar de la inflación, pagaría los servidores al precio de hace un año.

Por otro lado, de acuerdo con la idea del Gobierno, con este pago de 12 millones de pesos (5% de lo que debía remitirle a la empresa a lo largo de una década) se anularían facturas por cerca de 6 millones de pesos que la empresa ya había emitido por los servicios prestados en el último trimestre del año pasado.

Canale anunció la baja del contrato en cuestión en abril. "No tiene sentido pagar por una información que se recibe de manera gratuita", dijo la funcionaria en ese momento, en referencia a que habría un control paralelo de las tragamonedas. Bianchinelli, por su parte, criticó la medida y dijo que impediría aumentar la recaudación impositiva.

La presidenta del IPJyC consideró también, que el contrato agregaba más gastos a un organismo que por entonces, acumulaba deudas por 200 millones de pesos correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

La gestión saliente dejó una deuda con proveedores de 109 millones de pesos que las autoridades actuales, casi un año después, aseguran ya haber pagado. Sin esa deuda, el juego oficial podría haber destinado este año más de 200 millones de pesos a programas de salud, aseguran.

En el medio de la crisis financiera, los dos millones de pesos que se iba a llevar la empresa privada por mes por el control online de tragamonedas, no sonaban razonables. Más teniendo en cuenta que la inversión privada en los equipos y su instalación eran la parte más importante. Equipos que, además, no iban a quedar para el Estado al final del contrato.

Ahora sí los incorporaría el Estado provincial. Pero para eso hará falta que el arreglo extrajudicial tenga aprobación de los organismos de control y de asesoría legal.


 

 

Fuente:www.mdzol.com

 

 


 
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