Casinos De Buenos Aires Prevén Recurrir A La Justicia Por Aumento De Alícuota

El gobierno argentino dispuso aumentar del 20% al 30% la alícuota que el Estado percibe por la recaudación de los casinos que operan en los barcos anclados en Puerto Madero, mediante un decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri. La empresa que explota los barcos de Puerto Madero, hoy en manos de la española Cirsa y del empresario Ricardo Benedicto, evalúa judicializar la medida porque aduce que viola sus "derechos adquiridos".

El canon se calcula sobre el llamado "beneficio líquido", es decir, el monto total de las apuestas menos las sumas abonadas a los apostadores ganadores, generados por casinos que operen en la ciudad de Buenos Aires y que, por ley, están bajo la órbita de control de la estatal Lotería Nacional.

El monto a pagar por los beneficios del juego hasta 2016 fue de $ 560 millones, pero con esta medida pasaría a casi $ 1.000 millones.

El decreto pone como referencias la alícuota del 34 % que cobra el Estado de la provincia de Buenos Aires por la explotación de máquinas electrónicas de juegos de azar y la tasa del 30% por la actividad de las máquinas de juego que funcionan en dependencias del Hipódromo Argentino, en Buenos Aires.

"La razonabilidad de la presente medida está dada por la necesidad de adecuar el porcentaje del beneficio que recibe el Estado a guarismos que resulten justificados y acordes en el marco de la explotación de que se trate. En este sentido, la distribución que fija el Decreto N° 600/99 debe ser modificada para reflejar la realidad de la explotación de juegos de azar", indica la norma.

"El benchmarking nacional nos da que los cánones están entre 30 y 34%. El 20% era un escándalo", alegaron desde el Gobierno.

El objetivo es generar mayores recursos "para cumplir en forma adecuada la finalidad pública" buscada con la concesión de juegos de azar y poder así aplicar esos fondos a "desarrollo social, educación, seguridad o vivienda".

Desde la empresa concesionaria aseguraron al diario La Nación que el menor canon obedece a "las particularidades de realizar la actividad en barcos, que conlleva mayores costos".

Advirtieron, en tanto, que llevarán su reclamo a la Justicia. "De manera unilateral, el Gobierno determinó un aumento significativo respecto de lo que se paga desde hace 19 años. Nuestros abogados locales e internacionales analizan el curso de acción, considerando el grave ataque a la seguridad jurídica, que quiebra la ecuación económica del contrato", expresaron fuentes allegadas a la empresa concesionaria.

No descartaron, incluso, una presentación frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Es que el contrato de concesión original se firmó con la española Cirsa.

La decisión de aumentar el canon, publicada ayer en el Boletín Oficial, se enmarca en el traspaso del juego de la Nación a la órbita del gobierno de la ciudad. A fines del año pasado, la Legislatura porteña votó la ley de transferencia de la actividad, que todavía está en proceso de instrumentación.

La ley del traspaso terminó de cerrar un pacto que se gestó durante todo 2016, en un doble juego de permisos y controles. Mientras el Hipódromo de Palermo y los casinos flotantes de Puerto Madero fueron obligados a pagar su deuda tributaria, el Gobierno mantuvo la vigencia de las concesiones que les otorgó el ex presidente Néstor Kirchner. En el caso del hipódromo llegan hasta 2032 y en el de los casinos, hasta 2019.

Quien diseñó este nuevo escenario fue Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, parlamentario del Mercosur y asesor de Mauricio Macri en temas legales. En lo formal, asumió como asesor ad honorem de Lotería Nacional y del Instituto del Juego porteño.

La concesión de los casinos flotantes se firmó en 1999 con Cirsa. Luego, la empresa se asoció a Casino Club.

La primera tratativa que encaró "Pepín" fue por la millonaria
deuda de Ingresos Brutos con la Ciudad. Las salas porteñas nunca habían pagado el impuesto, alegando que el juego estaba en territorio federal. Eso derivó en un conflicto judicial que escaló hasta la Corte, que se pronunció a favor del gobierno porteño. Pero ni siquiera el fallo zanjó el conflicto.

Si bien cuando asumió Cambiemos al gobierno Rodríguez Simón llegó a decir que la deuda por Ingresos Brutos rozaba los $ 8000 millones, los operadores entraron en moratoria por $ 2100 millones.

"Lo que decidimos es que se queden pero regularizarlos, que nos paguen la deuda impositiva y el canon. Si no, entraríamos en un laberinto judicial y fomentaríamos el juego clandestino", se justificaron desde el Gobierno.

Actualmente el canon de los casinos se distribuye entre Lotería Nacional, la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Desarrollo Social. Con el traspaso a la Ciudad, fuentes oficiales aseguraron que tendrá "un destino similar".

La posición de la empresa

La decisión será objetada por la concesionaria del casino por entender que rompe un contrato firmado hace 18 años y que aún tiene tres años más de vigencia. La empresa Casino Buenos Aires, a cargo la explotación de los juegos de azar en los barcos de Puerto Madero, está compuesta por el grupo español Cirsa, con 50% del capital; Hipódromo Argentino de Palermo (Hapsa), 25%, e Inverclub, otro 25%.

Fuentes allegadas a la empresa advirtieron que el decreto "determina un aumento significativo, decidido unilateralmente por el Gobierno del canon que los concesionarios pagan mensualmente a Loteria Nacional hace 19 años", y agregaron que un grupo de abogados locales e internacionales "analiza el decreto y el correspondiente curso de acción, considerando el grave ataque a la seguridad jurídica, en virtud de que el mencionado decreto quiebra la ecuación económica del contrato".

Las fuentes explicaron que Cirsa estudia el impacto que el "desproporcionado" aumento genera en la operación del negocio. Consideraron además que los últimos cambios tributarios y este decreto "producen definitivamente el quiebre de la ecuación económica de la concesión". Por ese motivo, la empresa evalúa los cursos de acción legal tanto en jurisdicción local como internacional, previéndose inclusive presentaciones frente al CIADI.

Según las fuentes, la aplicación del decreto podría llevar a Cirsa a denunciar la situación en la justicia argentina y también en ámbitos internacionales teniendo en cuenta la nacionalidad española del grupo operador. De hecho, el cambio llega en momentos en los cuales Macri prepara un viaje a España en busca de inversiones. "No parece ser una buena señal para los inversores españoles este cambio unilateral de contrato, en momentos en que el Gobierno pretende mostrar credibilidad para atraer inversiones extranjeras",dijeron cerca de los dueños de Cirsa.

El decreto llega además, después de la ley sancionada por el Congreso para aplicar un nuevo impuesto a la industria de juegos de azar, y de la decisión del gobierno porteño de cobrar Ingresos Brutos a las empresas de este sector en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta estas normas, los players de este negocio aseguran que la ecuación económica se ha modificado llamativamente y que deben analizar sus números nuevamente para saber si sigue siendo negocio o no explotar salas de juegos en Capital Federal.

Casino de Buenos Aires tiene hoy 2200 empleados y más de 1700 máquinas tragamonedas en Puerto Madero.

El decreto completo aquí.


 

 

Fuente:www.cronista.com y www.lanacion.com.ar

 

 


 

Escribir un comentario

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
La publicación de los mensajes se dará luego de ser verificados por un moderador.


Banner
Banner
Banner