Exgobernador Deberá Testificar Por Habilitar Sala De Juego

El exgobernador de Mendoza, Celso Jaque deberá presentarse en tribunales en junio próximo para prestar una declaración testimonial en una causa iniciada en el año 2011, tras la habilitación de la sala de juegos en el Hotel Intercontinental. Los casinos privados de la provincia acusaban en ese momento al gobierno de incumplir la normativa vigente para favorecer al emprendimiento radicado en Guaymallén.

En concreto desde Nuevo Plaza Hotel S.A, entidad que nuclea al hotel Hyatt y el casino Regency, impulsaron una denuncia contra el gobierno provincial por un decreto que Jaque firmó en el 2008, y que sirvió para darle luz verde a la instalación de Wineland, hoy Cóndor de Los Andes. Se trata del decreto 3.339, en el cual el Ejecutivo realiza una interpretación respecto a la superficie que la ley 5775 exigía para poder habilitar un casino en un hotel cinco estrellas.

Esto provocó la inmediata reacción de Nuevo Plaza Hotel S.A, que acudió a la Justicia para exigir que observe la legalidad de la medida del gobierno. La acción judicial avanzó a paso lento hasta llegar a la Suprema Corte de Mendoza y la novedad es que esta semana se fijó fecha para tomar declaraciones testimoniales al ex gobernador Celso Jaque, y otros ex funcionarios de su gestión.

En una actuación firmada por el juez Omar Palermo el último 16 de abril, establece que recibirá la declaración testimonial del gobernador que estuvo a cargo de la provincia durante 8 años.

Mientras tanto, desde Nuevo Plaza Hotel S.A aseguran que si bien no desestimaron la acción que iniciaron hace seis años, ya no tiene la relevancia que tuvo en ese momento. "Ya no es algo que esté en nuestras variables de mercado", afirman.

La relación de KLP Emprendimientos (Hotel Intercontinental y casino) con el resto de los privados fue conflictiva en varios aspectos. Sus competidores no sólo pusieron en duda la transparencia de su habilitación durante el gobierno de Jaque, sino que también denunciaron un trato preferencial mientras Francisco Pérez era gobernador.

Específicamente, apuntaron contra la deuda que la firma mantenía con la provincia en concepto de ingresos brutos. Lo que esgrimían es que según el artículo 7 de la ley 5775, una de las causales para la quita de la licencia de juego, es "la falta de pago de los impuestos provinciales que correspondan en tiempo y forma".

La gota que colmó el vaso fue que en 2014 cuando KLP Emprendimientos entró en concurso de acreedores. Es que el decreto 225 del IPJyC aclara que están inhabilitadas para desempeñarse como operadores de los establecimientos de juego "las personas sometidas a proceso judicial de concurso preventivo o quiebra".

Pese estos impedimentos legales, el gobierno de Pérez permitió que la sala de juego siguiera operando aduciendo que existía un plan de pagos para regularizar la deuda impositiva. En cuanto al decreto 225, el ex presidente del Instituto de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli, argumentó que impedía que personas judicializadas abrieran nuevos casinos, pero no que se tuvieran que cerrar los ya habilitados.

En ese marco, cuatro de los siete emprendimientos que funcionan en la provincia se juntaron para conformar una Cámara de Casinos y se quejaron por la "competencia desleal" que existía en el sector.

Finalmente la situación se calmó al asumir la gestión actual, la cual amenazó con cerrar el casino del Interncontinental si no pagaba la deuda que tenía con la provincia. Tras largos idas y vueltas, el dinero exigido por el gobierno se depositó en las cuentas del Estado y se elaboró un plan de pago para la parte restante.


 

 

Fuente:www.mdzol.com

 

 


 
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