Pagaba Sobornos A Comisarías Bonaerenses Para Operar Juego Ilegal

Hace apenas unos días, peritos informáticos oficiales lograron transcribir soportes informáticos que contenían archivos encriptados, secuestrados durante los allanamientos que formaron parte de una investigación encarada por el Ministerio Público Fiscal de San Martín, en julio del año pasado, dedicada a desbaratar una red de corrupción policial vinculada a un capitalista de juego ilegal.

Durante los operativos, fueron apresados tres jefes policiales y el capitalista de juego clandestino Carlos Alberto Fernández, que murió mientras estaba detenido. Su abogado era Jorge Cancio, actual subsecretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas.

En esos archivos informáticos, los peritos encontraron una planilla donde Fernández detallaba todo el dinero que pagaba en concepto de sobornos a diversas seccionales de Policía.

El capitalista del juego destinaba al menos 150.000 pesos por mes a 27 dependencias policiales de la zona norte y noroeste del conurbano; coimas para evitar que sus cien levantadores de quiniela clandestina, que recaudaban hasta $ 800.000 en jornadas en que había cuatro sorteos, fuesen molestados durante sus quehaceres o, eventualmente, detenidos por las operaciones ilegales.

En los archivos figuran las dependencias policiales de Don Torcuato, Del Viso, Alberti 1 y 2, Departamental Don Torcuato, Los Polvorines, Dirección de Investigaciones de Pilar, Dirección de Investigaciones de San Martín, Comando de Patrullas, Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz, Garín, Departamental Pilar y Distrital Escobar. Figuran, también, al menos cinco policías que se desempeñan en jefaturas departamentales de la zona.

Los sobres con dinero que se destinaban a esos policías corruptos sumaban $ 120.000, a los que se agregaban $ 30.000 que eran entregados a ocho uniformados que aparecen con distintos sobrenombres y en diversas dependencias.

En la planilla figura un ítem titulado "adicionales", en el que, además de los honorarios del jardinero, figura un apellido: Cancio.

Ese apellido se repite en una de las actas en las que se detalla cuáles fueron los elementos secuestrados en los allanamientos. Dentro de una caja fuerte había 76.800 pesos repartidos en fajos que llevaban los nombres de "Cancio", "Alberto", "Rosa" y "Walter". Ese cofre guardavalores fue encontrado en un inmueble situado en José Martí al 1400, de la localidad de Adolfo Sordeaux, Malvinas Argentinas.

El propietario de ese local era Fernández, señalado como el capitalista de juego más importante de la zona, con más de cien levantadores de quiniela que operaban en el eje de la vieja ruta 8, la ruta 202 y la autopista Panamericana.

Su hija, Mirta, había sido secuestrada en 2003, en la época más crítica de ese tipo de delitos. Estuvo 27 días cautiva. Los secuestradores le cortaron un dedo y se lo mandaron a Fernández para que pagara el rescate. La mujer fue liberada luego de que su padre abonó 400.000 pesos, más de 100.000 dólares de la época. La banda de secuestradores, encabezada por Sergio Orlando Leiva, alias "Negro Sombra", fue condenada en 2007. Entre los sentenciados figuraba un policía bonaerense.

Además del dinero, dentro del inmueble los investigadores de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, encontraron un centro de cómputos donde se procesaban las apuestas clandestinas de quiniela. Los investigadores secuestraron 15 computadoras y siete faxes en los que se recibían las planillas con las jugadas.

Al revisar la propiedad, los funcionarios de Asuntos Internos encontraron programas con apuestas de todas las quinielas nacionales y provinciales, anotaciones de jugadas de quiniela, de levantadores y corredores que trabajaban en combinación con el dueño del local. Toda esta actividad ilegal fue desarrollada por Fernández en el inmueble de Malvinas Argentinas.

Al ser consultado por el diario La Nación, el subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, admitió que había sido abogado del capitalista de juego detenido en una causa en la que había sido acusado de un homicidio culposo, ocurrido en el cruce de la avenida 9 de Julio e Independencia, en el centro porteño.

"Hace mucho tiempo que no hablaba con Fernández, así que no sabía que todavía desarrollaba esa actividad. Pensé que había dejado hace tiempo. Voy a presentarme cuanto antes ante la Justicia para aclarar todo esto", dijo el funcionario municipal.

Fernández falleció mientras estaba detenido. Fueron procesados el oficial Damián Campero y el comisario de Los Polvorines Andrés Fabián Condes. El juez de San Martín Mariano Gramático Mazzari los acusó de cohecho activo.

La causa comenzó hace once meses a partir de una llamada anónima que recibió el fiscal de Investigaciones Complejas de San Martín, Edgardo Ledesma. Le dijeron que "policías de las comisarías de "Pablo Nogués, Los Polvorines Jefatura Departamental y Comando de Patrullas pasaban a retirar sobres con dinero por el inmueble situado en José Martí al 1400, de Malvinas Argentinas. Allí, el dueño de la propiedad entregaba dinero para que no lo persiguieran y lo dejaran continuar con la actividad de apuestas clandestinas de quinielas".

Ante esta denuncia, el fiscal ordenó una vigilancia de ese domicilio que derivó en las detenciones de los jefes policiales y en el allanamiento de la propiedad de José Martí al 1400, donde estaba montado el centro de cómputos del juego clandestino.

El análisis del contenido de los discos rígidos y de los servidores asociados a las computadoras del lugar fue arduo. En especial, costó desentrañar las claves de los archivos encriptados. Finalmente, los expertos informáticos lograron, la semana pasada, abrir la caja de Pandora. Así tuvieron el detalle de las coimas que Fernández pagaba para que sus corredores levantaran $ 800.000 por día en apuestas clandestinas. A partir de la desclasificación de los archivos, seguramente surgirán nuevos nombres en la causa.


 

 

Fuente:www.lanacion.com.ar

 

 


 
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