Familia De Funcionario Fallecido Hereda Sanción Pecuniaria

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza formuló cargos millonarios contra los herederos de un exgerente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), a quien encontraron responsable de una maniobra fraudulenta en la contratación del servicio de limpieza a la empresa Masterful Srl.

El órgano de control les exige, con este fallo sin precedentes, tanto a los hijos como a la exmujer de Alejandro Sabino el desembolso de $5.997.406. Deberán devolver esa cifra en forma solidaria con otros exfuncionarios que también fueron encontrados responsables por las irregularidades detectadas en el ejercicio 2014, en la investigación por malversación de fondos en el IPJyC.

En agosto del 2016, el Tribunal de Cuentas formuló cargos contra el ex presidente del IPJyC, Carlos Bianchinelli, el director Federico Dominguez, Miguel Bondino, el Coordinador de Administración y Servicios Carlos Cardone, el contador Gonzalo Javier Jerez, y la contadora Carina Andreoni, a quienes emplazó a devolver más de 3 millones de pesos por irregularidades en la contratación del servicio de limpieza. Por aquel entonces se creó una pieza separada para que se evaluara la situación del fallecido gerente administrativo, Alejandro Sabino.

Finalmente, el órgano de control decidió formular cargos contra los herederos de Antonio Alejandro Sabino, pese a que uno de ellos en aquel momento era menor de edad. El fallo abarca a Silvia E. Paez, Matías Alejandro Sabino (22), y Franco Antonio Sabino (19). El monto final es de $5.997.406.

Si bien se trata de una decisión poco común, en la provincia existen algunos antecedentes. El más reciente está vinculado al escándalo de los tickets Vale Mas, cuando se le formularon cargos a los herederos de una contadora del
Fondo de Inversión de Desarrollo Social (Fides) involucrada en irregularidades. Tras la muerte de la funcionaria se le formularon cargos a sus hijos por $1,5 millones.

Legalmente, esta posibilidad está contemplada en el artículo 23 de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (1003). "En caso de renuncia o cesación del funcionario o empleado responsable que hubiese administrado caudales públicos, éste deberá rendir cuentas dentro del plazo perentorio de 15 días inmediatos a su renuncia o cesantía. En caso de inhabilitación o muerte, deberán rendirla los garantes, herederos o representantes, dentro de un plazo que no podrá exceder de 60 días", señala la normativa.

No es el primer fallo que formula cargos por falta de transparencia en la contratación del servicio de limpieza, sino que se suma al 16.633 y el 16.776, ambos con multas millonarias contra las autoridades del ente provincial.

Asimismo, en el ejercicio 2013 también se habían encontrado erogaciones injustificadas por 3,8 millones de pesos y dos empleados -Carlos Cardone y Gonzalo Javier Jerez- quedaron al borde de ser elevados a juicio por fraude a la administración pública.

En cuanto al dinero exigido por el Tribunal de Cuentas, nunca fue devuelto a las arcas del Estado. Sucede que todos los involucrados realizaron presentaciones ante la Justicia para que la Corte determine si son responsables y deben responder monetariamente por los errores cometidos.


 

 

Fuente:www.mdzol.com

 

 


 

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