Sigue Paralizado El Caso Del Buko Millonario

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, José Ayú Prado, negó ser responsable de la paralización de la investigación por las irregularidades en la adjudicación del contrato del bingo televisado Buko Millonario. El magistrado informó al Ministerio Público (MP), que el expediente sobre el sonado caso está en proceso de recolección de firmas de los demás integrantes de la Corte.

Ayú Prado -ponente de un amparo de garantías que presentó el abogado de Ricardo Alberto Martinelli Linares, uno de los investigados en este caso-, informó que el expediente salió en el mes de enero de 2017 de su despacho para la recolección de firmas y está pendiente del salvamento de voto de un magistrado, que no fue informado.

La información fue divulgada en una carta, con fecha del 4 de abril, dirigida a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell.

En la nota remitida a Porcell, el magistrado de la Corte indicó que aunque un amparo de garantías se presentó en noviembre de 2015, no pudo atenderse hasta que fuera resuelto un incidente de desacato que ingresó en diciembre del mismo año. El incidente se resolvió en noviembre de 2016.

"Como el Ministerio Público no usó los canales usuales para verificar y corroborar información, se arriesgó en especular sobre datos y detalles que, lamentablemente, fueron incompletos, inexactos, que no se compadecieron con la realidad y confundieron a la opinión pública", señaló Ayú Prado.

El caso del Buko Millonario lleva dos años y cuatro meses
paralizado en la Corte.

"El Buko Millonario era un bingo televisado que para operar en Panamá se valió como una empresa para beneficiar a los hijos de un alto funcionario", señaló la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, en un video publicado en la cuenta oficial del MP.

En marzo de 2015, se presentó una denuncia anónima y se inició la investigación por la supuesta irregularidad en el contrato otorgado por veinte años.

Por este caso, el Juzgado Decimoquinto Penal sobreseyó provisionalmente el pasado 2 de julio al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima a la exsecretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), Giselle Brea, y al exsubcontralor Luis Felipe Icaza, por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública -en la modalidad de falsificación de documentos-, en perjuicio de la JCJ.

En abril de 2015, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción abrió una investigación a Ricardo Alberto Martinelli Linares -hijo del exmandatario Ricardo Martinelli-, por su supuesto vínculo con la empresa operadora.


 

 

Fuente:www.prensa.com y laestrella.com.pa

 

 


 

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