Gobierno Chileno Prepara Regulación De Tragamonedas Populares

El subsecretario del Ministerio de Hacienda de Chile, Francisco Moreno, dijo que el Ejecutivo definirá próximamente la norma para legislar sobre máquinas tragamonedas no incluidas en la Ley de Casinos, popularmente llamadas "de barrio". La decisión coincide con la irrupción de una arista política en el caso que indaga la Fiscalía Oriente.

"Estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda en alternativas legislativas en relación al tema de los tragamonedas", indicó Moreno, al reconocer la disponibilidad del gobierno de presentar en los próximos días una propuesta frente al debate que se lleva adelante en el Senado para regular la legalización de estas máquinas.

Dentro del gobierno hay más de una postura sobre la forma en que el Ejecutivo podría incidir en la tramitación del proyecto de ley, que busca legalizar las tragamonedas de barrio y que avanza en el Senado.

Por una parte, están quienes creen que no se debiera legislar para que el mercado de los tragamonedas no prolifere. Y. por otro, existen opiniones que apuntan derechamente a regular.

La decisión está en manos del Ministerio de Hacienda, donde se prepara una fórmula para intervenir en el proyecto que en 2013 ingresaron cuatro senadores (Ximena Rincón, Fulvio Rossi, Carlos Bianchi y Jaime Quintana) y que este año se aprobó en general en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.

"Por parte del gobierno hay una disposición y una voluntad a legislar sobre el particular en virtud del debate que se está generando en la Comisión de Gobierno al interior del Senado", afirmó el subsecretario.

En las próximas semanas, Moreno se reunirá con el presidente Piñera para presentar las opciones y definir una postura. Para ello tomó contacto con varios intervinientes en la tramitación. Entre ellos, escuchó a la Superintendencia de Casinos y Juegos, que comanda Vivien Villagrán, entidad que es férrea opositora a legalizar. Del mismo modo, un equipo de la Segpres se encuentra analizando los efectos que ha provocado la legalización en otros países, como Perú.

Todo esto, luego de que el Senado aprobó el 22 de agosto pasado la idea de legislar en la materia por votación unánime de los cinco senadores de la Comisión de Gobierno: Pedro Araya (ind.), Carlos Bianchi (ind.), Rabindranath Quinteros (PS), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

Fue durante ese debate que los parlamentarios solicitaron
al Ejecutivo zanjar el destino de la propuesta. "En la comisión hay gente que votó a favor para que el gobierno tome la decisión. O lo declare ilegal o le pida a la Superintendencia de Casinos que los regule como corresponde. Por eso, que la pelota la tenga el gobierno y que el gobierno ahora tome una determinación", señaló el senador Quintero, quien durante su desempeño como alcalde de Puerto Montt otorgó patentes municipales para el funcionamiento de máquinas tragamonedas, por lo que ahora es partidario de regular.

Otros, en cambio, como la senadora Ebensperger, están por establecer una prohibición más precisa a estas máquinas. La parlamentaria gremialista presentó una moción para definir lo que son las máquinas de azar como todas aquellas que entreguen un premio avaluable en dinero. Con eso se busca eliminar la disyuntiva sobre si se trata de máquinas de azar o destreza. Esto, considerando que las primeras son permitidas solo en casinos, pero sobre las segundas la ley no es expresa y es bajo esa calidad, que se otorgan las patentes.

La inminente intervención de la Segpres y de Hacienda en la tramitación de la ley marcará un giro en la actitud que el Ejecutivo sostuvo frente al tema en el primer gobierno de Piñera. Esto, porque en 2013, luego de que surgiera desde Hacienda la iniciativa para regular esta actividad, Interior le habría transmitido al Mandatario que no podía ser su gobierno el que legalizara estas máquinas, por lo que, en esa ocasión, la iniciativa quedó truncada.

Ahora, la ofensiva legislativa coincide con la aparición de una arista política en la investigación respecto del negocio de las máquinas de juego. Hace algunas semanas, la Fiscalía Oriente allanó las dependencias de los integrantes de la asociación gremial que agrupa a operadores y empresarios de estas actividades, Fiden, y a algunos de sus asesores.

El Ministerio Público indaga posible cohecho en la entrega de patentes y presuntos aportes irregulares a campañas. Sin embargo, según fuentes consultadas, para el gobierno la investigación y la tramitación del proyecto corren por separado.


 

 

Fuente:www.latercera.com

 

 


 

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