Objetan Regulación De Tragamonedas En Puerto Rico

En tanto que la Legislatura de Puerto Rico daría paso hoy al proyecto de reforma contributiva, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) está inclinada a rechazar la medida, a raiz de las dudas acerca del impacto que tendría en el fisco la legalización de miles de tragamonedas que operan fuera de los casinos.

El organismo federal comunicó al gobierno y a la Legislatura su rechazo al lenguaje que surgió hace unas tres semanas desde la Casa de las Leyes mientras se discutía el proyecto de reforma contributiva sometido por el gobierno, indicaron fuentes al periódico Nuevo Día.

De manera sorpresiva, se incorporó al proyecto de administración autorizar el establecimiento de unas 25.000 tragamonedas existentes que operan fuera de casinos, universo que a futuro podría aumentar hasta 45.000 unidades. Esto, a pesar de que un estudio de hace unos tres años y comisionado por el propio gobierno concluyó que autorizar la operación de tragamonedas fuera de casinos reduciría los ingresos por unos U$S 56 millones al año.

"Hasta tanto la JSF pueda convencerse con datos y estudios que demuestren que la propuesta de videolotería no canibalizará los ingresos existentes del plan fiscal, la perspectiva de la Junta es que esta porción del proyecto de ley no tiene un efecto neutro sobre los ingresos, y sigue siendo inconsistente con el plan fiscal", indicó la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko.

Según Jaresko, la JSF no recibió información de la Legislatura que justifique la nueva política pública en materia de tragamonedas. Sostuvo además que de implementarse, el gobierno debe considerar que sean los operadores de
estas terminales quienes asuman el costo de implementación y no el fisco.

Hasta anoche, empero, el comité de conferencia que atendía la legislación tenía la intención de pactar un acuerdo sobre las enmiendas a fin de bajar el proyecto a votación. Y eso incluía aprobar la videolotería.

El lunes el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, reconoció que el potencial impacto de la legalización de tragamonedas sobre los recaudos del gobierno les mantenía atrasados con las enmiendas que se negociaban en el comité de conferencia.

"Ellos (los miembros de la JSF) lo que están mirando son recaudos. Aquí hay un grupo que dice que van a recoger una cantidad bien grande y otros que dicen que no", subrayó.

Consultado sobre si la Legislatura estaría dispuesta a sacar del proyecto el lenguaje sobre las tragamonedas, Ríos dijo que "esto es un acuerdo entre Cámara, Senado y el gobernador. El acuerdo es que estaba incluido. Nosotros en el Senado hemos sido bien claros de que nosotros queremos una reforma contributiva, pero queremos que sea lo que acordó Fortaleza, Cámara y Senado. Hemos estado disponibles a variar asuntos... pero insertar y sacar cosas para las que ya teníamos acuerdos no es lo que estamos buscando".


 

 

Fuente:www.elnuevodia.com

 

 


 
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