Aprueban Regulación De Tragamonedas En Puerto Rico

La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico aprobaron anoche a viva voz el proyecto con enmiendas de la reforma contributiva por lo que pasará a la aprobación y firma del Gobernador Ricardo Rosselló.

Finalmente, la reforma contributiva fue aprobada electrónicamente en la Cámara con 28 votos a favor y dos en contra. Mientras que en el Senado la medida recibió 19 votos a favor y nueve en contra, incluyendo el de las minorías y el senador del Partido Nuevo Progresista Eric Correa.

Los puntos de mayor discrepancia se resumen en que se deben lograr mayores garantías de ahorros en el Gobierno para lidiar con los estimados de recaudos, se debe enviar información adicional sobre el impacto en ingresos respecto a la legalización de las máquinas de tragamonedas, y se debe eliminar el lenguaje sobre el poder del Secretario de Hacienda para llegar a acuerdos contributivos.

La medida pasa ahora a la firma del gobernador una vez se de la votación final. Por tratarse de la aprobación de un informe del comité de conferencias la medida no tenía que ser debatida en los hemiciclos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, anunció que se reducirá de 500 a 250 el número máximo de tragamonedas o de entretenimiento que pueda poseer cada operador. "Hay otras enmiendas que son puramente técnicas que se corrigieron en el informe de conferencia", explicó Méndez tras ofrecer un informe ante los miembros de la Cámara sobre los logros de esta sesión.

"Ningún individuo, entidad o corporación podrá ostentar más de doscientas cincuenta máquinas de juegos de azar, por grupo de entidades relacionadas, según definido en la Sección 1010.05 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico", y, en caso de individuos, por todas sus actividades de industria o negocio", lee la medida en la sección 11 del artículo 140.

El costo de los derechos por cada licencia o renovación de las licencias del Fabricante, y del distribuidor y proveedor de Bienes y Servicios tendrá un cargo de U$S 3.000 cada dos años, pagaderos a favor del Departamento de Hacienda, agrega la medida.

Se mantuvo el número máximo de legalización de máquinas en 25.000 unidades durante los primeros dos años. Mientras, en el tercer año un posible aumento estaría sujeto a los resultados de un estudio de la Compañía de Turismo.

Méndez expresó que la reducción en el número de máquinas no tiene un impacto mayor en los recaudos proyectados. "Con el buffer zone que se está estableciendo más la reducción enlas máquinas lo que representa es una reducción de alrededor de U$S 10 millones, pero eso es siendo conservadores. Nosotros estamos hablando de que cada máquina va a generar alrededor de U$S 40", agregó Méndez.

En una reunión sostenida con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, ésta le exigió a la Legislatura un alza en las garantías de ahorro del gobierno para atender cualquier posible desfase causado por la aplicación de la reforma, estudios que validen que la legalización de sobre 25.000 tragamonedas no tendrá un impacto adverso en los ingresos del gobierno y añadir un lenguaje que limite los poderes del secretario de Hacienda para fijar acuerdos contributivos con personas y corporaciones deudores.

A pesar de que la Asamblea Legislativa entregó los estudios que, sostienen, validan que la legalización de las tragamonendas no tendrá un impacto adverso en los recaudos del gobierno, Jaresko sostuvo ayer que la JSF no ha recibió información de la Legislatura que justifique la nueva política pública en materia de tragamonedas.


 

 

Fuente:www.elnuevodia.com

 

 


 
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