Puerto Rico: Entra En Vigor La Reforma Que Legaliza Tragamonedas

La reforma contributiva, junto a la legalización de las máquinas tragamonedas, entrará en vigor este 1 de enero en Puerto Rico, pese a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió ayer que el gobierno no cumplió cabalmente con la certificación de su impacto fiscal, según afirmó la secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes.

El ente fiscal creado al amparo de la ley federal Promesa envió sendas cartas al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a los presidentes legislativos para señalarles que fallaron al suministrar información sobre el estimado de recaudos de las máquinas de juegos de azar que operan fuera de los casinos.

Dado que el gobierno no sometió el estimado formal del impacto fiscal de la ley en su totalidad, como exige Promesa, la Junta advirtió que se reserva el derecho de tomar cualquier acción necesaria, incluyendo prevenir la aplicación o puesta en vigor de los artículos 132 al 163 del estatuto, que disponen sobre las máquinas de juegos.

Los miembros de la JSF indicaron, además, que la Compañía de Turismo y el Departamento de Hacienda no suministraron los reglamentos sobre la operación de las máquinas.

En la misiva, requirieron que se les proporcione la nueva normativa y los estimados que faltan en un plazo de siete días a partir de la fecha en que se promulgue la reglamentación.

"Para todos los propósitos, yo tengo la responsabilidad de implantar la reforma contributiva, y la ley entrará en vigor completa, incluyendo lo de las máquinas de juegos", dijo la titular de Hacienda al ofrecer su interpretación sobre el contenido de la carta.

Sin embargo, reconoció que, en la medida que el gobierno tarde en someterle a la JSF los reglamentos para la operación de las máquinas, el organismo federal podría tomar otras medidas, como eliminar de la ley lo referente a ese equipo.

"Eso sería novel, sería la primera vez que una parte de una ley aprobada se excluye", reconoció Fuentes.

Para Kenneth Rivera, contador público autorizado y presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la carta de la JSF siembra dudas sobre la puesta en vigor de la reforma contributiva. "A pocos días de que empiece el año, es poco simpático que la Junta vaya a detener la implementación de la reforma. Esto crea mucha incertidumbre, aquí hay negocios haciendo cambios en su programación interna para cumplir con la nueva ley", aseveró.

"Lo primero que hay que aclarar es si la Junta puede detener la puesta en vigor de la reforma. A mí, me choca que pueda cambiar pedazos de una ley, cuando eso es algo que el gobernador ni el presidente pueden hacer", señaló el líder de los camaristas, refiriéndose a que la JSF pueda dejar sin efecto lo referente a las máquinas de juegos.

No obstante, el representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino, intentó disipar esas dudas y aseguró que le
proveerán los datos que necesite la JSF, al tiempo que reafirmó que la reforma contributiva sigue como planificada, pues asegura que cumple con el plan fiscal.

Explicó que la Ley 257 de 2018, que enmendó el Código de Rentas Internas, requiere que la Compañía de Turismo prepare un reglamento para las máquinas de juegos electrónicos y tiene 60 días para aprobarlo.

Raúl Maldonado, secretario de la Gobernación y exsecretario de Hacienda, comentó que lo que expone la JSF en la carta es importante, y señaló que Turismo ha ido trabajando en el reglamento, pero no dio fecha de cuándo estará listo.

"Se han adelantado estrategias para hacer ese reglamento, pero hasta ahora, no hay un borrador", expresó Maldonado.

Hacienda, por su parte, deberá reglamentar las contribuciones que se cobrarán sobre los premios que se obtengan en las tragamonedas.

A preguntas de si la JSF podría paralizar las máquinas de juegos o detener la implantación de la reforma contributiva hasta que sometan los reglamentos, Sobrino respondió en la negativa.

"La carta expresa en blanco y negro que aceptan la ley de reforma contributiva y que está en cumplimiento con el plan fiscal. Lo que falta es el reglamento (de las máquinas de juegos electrónicos) y se les va a someter", aseveró.

Sostuvo que el estimado que se le entregó a la JSF es que Turismo certificará 25.000 máquinas y, por concepto de las licencias que estas pagarán, se recaudarán U$S 40 millones al año. Además, dijo que le presentaron varios escenarios con diversos estimados de recaudos, los que podrían superar los $100 millones anuales. "El impacto neto de las máquinas no se podía certificar hasta que no estén los reglamentos. Incluso, le presentamos el caso de Illinois que implantó algo similar en el 2009", explicó Sobrino.

Sobre el reglamento que prepara Turismo, Fuentes dijo, por su parte, que se estipulará que los representantes de Rentas Internas de Hacienda entrarán a confiscar las máquinas, junto con la Policía, cuando estén en violación de ley. Al momento, Fuentes no ha visto el documento que prepara Turismo, aseguró.

Por otro lado, miembros del sector empresarial no se mostraron sorprendidos con la advertencia de la JSF al gobierno, hecha a solo días de que comience el 2019.

"A mí, no me sorprende lo que dijeron porque ya los miembros de la Junta habían expresado su preocupación. Ellos entienden que la gente que está jugando en los casinos dejarán de jugar ahí para moverse a panaderías y negocios cerca de sus casas donde ahora estarían estas máquinas de forma legal", manifestó el presidente de la CCPR.


 

 

Fuente:www.elnuevodia.com

 

 


 
Banner
Banner
Banner