Caso Tragamonedas: Aparece Muy Complicado Exalcalde De Santiago

El exalcade de Santiago de Chile (2008-2012), Pablo Zalaquett Said, fue una figura clave en la trama de presiones y lobby que ejerció el gremio de las tragamonedas de barrio (FIDEN), cuyos directivos son investigados por presunto lavado de activos y financiamiento ilícito de la política, de acuerdo a las escuchas telefónicas en el sonado caso tragamonedas.

Zalaquett es indagado por tráfico de influencias, y su red incluía a autoridades del gobierno, Congreso y del Tribunal Constitucional, según indica en el artículo que sigue el Centro de Investigación Periodística (Ciper) de Chile.

Las enormes ganancias de las tragamonedas llevaron al exalcalde a invertir en el negocio en tres comunas. Un informe de la Fiscalía dice que compró en 2014 casi $400 millones en acciones, habiendo declarado solo $92 millones en ingresos. Esta causa podría ser el primer torpedo a la nueva ley de financiamiento electoral.

A fines de junio de 2010, cuando Zalaquett Said era alcalde de Santiago y una figura política en ascenso, fue consultado por un periodista de la BBC sobre las tragamonedas clandestinos que proliferaban en su comuna. En esos días, había clausurado cerca de 40 locales de juegos de azar en el centro de Santiago, lo que hizo con un gran despliegue mediático. "Los locales representan un ambiente propicio para actos delictivos", le dijo el alcalde de Santiago al periodista de la BBC.

Siete años más tarde, y después de haber perdido la elección a senador por Santiago Poniente en 2013, Zalaquett había cambiado de ocupación a tres tipos de negocios: el lobby, con su consultora "Triangular"; la importación y venta de zapatos y un tercer rubro mucho menos público. De allí que la tarde del jueves 2 de noviembre de 2017, el exalcalde la ocupara en revisar cuentas. En sus manos tenía dos informes contables con los resultados de uno de sus nuevos negocios. Las cifras que mostraban los documentos lo inquietaron y tomó el teléfono:

-Hola Seba, ¿cómo estay? Oye, estuve viendo los informes de lunes y martes, ¿por qué retienen tan poco weón?, nuevamente volvimos a retener 17.

Su interlocutor, Sebastián Salazar Bastidas, entonces presidente del gremio de tragamonedas de barrio (FIDEN), lo calmó. Luego de una larga explicación, Zalaquett volvió a preguntar:

-¿Cuánto te tiray en sueldo esta semana?

-Deberían ser como tres millones y medio, yo creo -respondió Salazar.

-Ya, o sea, cualquier cosa que quede, de aquí al domingo, sobre tres millones y medio es utilidad -contestó Zalaquett, que luego preguntó por otros detalles del negocio.

Para esa fecha, Zalaquett, en sociedad con Sebastián Salazar, presidente de la FIDEN, era uno de los flamantes empresarios de la industria de las tragamonedas, con máquinas repartidas en al menos tres comunas del país: Antofagasta, Linares y Quinta Normal. En esta última comuna, el local "Gran Millions", en el que Zalaquett tiene participación, cuenta con 106 máquinas de azar.

Su arribo a este negocio informal tuvo un paso previo. Zalaquett aterrizó en esa industria en 2016 como asesor de la FIDEN y en ese rol ofreció su capital político y sus redes de contacto en el Ejecutivo y el Congreso para conseguir una ley que autorizara esa actividad. Las utilidades de esa industria ya entonces eran millonarias: testigos declararon a la PDI que en un día bueno el dueño de una máquina puede ganar hasta $1 millón. Por ello, legalizar el funcionamiento de los tragamonedas en el país pasó a ser un objetivo clave para los controladores de esa industria.

El directorio de la FIDEN fortaleció su estrategia de blanqueo de la mano de Pablo Zalaquett. Un ambicioso plan que el gremio había iniciado en 2013, cuando reclutó a quien hasta solo meses y durante siete años se había desempeñado como máxima autoridad de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ): Francisco Javier Leiva. Al igual que Zalaquett, Leiva también respondió en 2010 a las preguntas de la BBC sobre los casinos clandestinos en Santiago, indicando que no contaban con las garantías que sí tenían los casinos regulados por ley.

A Zalaquett y Leiva, la asociación gremial de los tragamonedas sumó un tercer lobista de peso y con fuerte ascendiente en el mundo político de la centro izquierda: el ex intendente, ex embajador y también asesor legislativo, Carlos Tudela Aroca (DC). No solo la FIDEN cruzó los destinos de Zalaquett y Tudela. Por vía paralela también lo hizo el Ministerio Público: en 2015 y 2016 (respectivamente) ambos fueron formalizados en investigaciones por el financiamiento ilícito de la política, indica Ciper.

Zalaquett, Tudela, y también el ex superintendente Leiva, están siendo investigados por tráfico de influencias en la causa que sigue la Fiscalía de Las Condes contra quienes hasta hace menos de seis meses conformaban la mesa directiva de la FIDEN. Todos ellos están siendo indagados por presunto lavado de dinero, asociación ilícita, fraude al Fisco, cohecho y financiamiento irregular de la política.

La suerte de los asesores, lobistas y miembros de la industria de tragamonedas podría complicarse aún más. La Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público indagó su patrimonio, y sus resultados fueron enviados a la Fiscalía de Las Condes en agosto de 2018. El informe señala que se detectaron compras al contado de vehículos, bienes raíces y títulos bursátiles por montos que no se condicen con los ingresos que cada cual declaró al Servicio de Impuestos Internos (SII). Una hebra delicada al tratarse de una industria bajo sospecha por mover grandes flujos de dinero en negro.

Las mayores incongruencias que consigna ese informe están en los reportes financieros de Pablo Zalaquett: en 2014 compró casi $400 millones en acciones, pero su declaración de impuestos para ese mismo año tributario consigna ingresos por solo $93 millones.

El 20 de agosto de 2018, los directivos de FIDEN, vivieron una jornada histórica. Tras años de espera, el Senado aprobó la idea de legislar una normativa que se hiciera cargo de regular el funcionamiento de los miles de "casinos populares" que existen en casi todas las regiones de Chile.

Varios de quienes hasta 2018 integraban la mesa directiva de la FIDEN - Sebastián Salazar Bastidas, Jaime Curihual Huircán, Alberto Hadad Abuhadba e Isaac Latorres Ascui- decidieron, además, hacer presión por una vía paralela. Hoy se les investiga por presunto financiamiento ilegal de la política.

Los antecedentes que acumula la Fiscalía sobre el aporte de dinero por vía irregular desde operadores del negocio de tragamonedas a candidaturas políticas son contundentes, e incluyen las elecciones municipales de 2016 y las parlamentarias de 2017. Esas evidencias podrían ser la primera fractura de la nueva Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, promulgada en abril de 2016 como el cortafuego entre la política y los negocios, luego de los escándalos Penta y SQM.

La nómina que está en la mira de la Fiscalía por sus vínculos con los pesos pesados del gremio de los tragamonedas es transversal. Allí figuran los diputados Érika Olivera de la Fuente (RN), Raúl Soto Mardones (DC) y Tucapel Jiménez Fuentes (PPD); los alcaldes de Rengo e Independencia, Carlos Soto González (independiente, Pacto Nueva Mayoría) y Gonzalo Durán Baronti (PS); el ex embajador y candidato a diputado, Nelson Hadad Heresy (ex DC), el ex intendente y también candidato a diputado, Andrés Jouannet Valderrama (ex DC) y hasta un CORE de la Región de Coquimbo, a quien no se identifica.

Pero las ramificaciones del eventual financiamiento ilícito de campañas por parte de los empresarios de tragamonedas podrían ser aún más extensas. La policía allanó más de 20 municipios de la Región Metropolitana y del país, precisamente en comunas donde proliferan locales con tragamonedas.

"A mí, el puro culiao de Independencia (se refiere al alcalde Gonzalo Durán) me llevó 6 palos en la campaña", se quejó por teléfono un ex miembro de la FIDEN, René Sepúlveda Vera, con un interlocutor identificado como "Isaac", quien le contestó:

"No y eso es poca plata (...) Mira, en todas las comunas donde tengo operación yo estoy con el alcalde (...) yo puedo conseguir que nos den patente con esa certificación, pero me tengo que poner, claro, a financiar campañas como loco. El mes de las elecciones yo perdí como 30 millones de pesos, toda la cachá de lucas que gané en mis negocios, las invertí en campañas políticas y saqué dos diputados y un alcalde".

Lo que ni René Sepúlveda ni el llamado "Isaac" sospechaban era que esa conversación telefónica del 23 de febrero de 2018, estaba siendo monitoreada y grabada por la policía por orden de la Fiscalía de Las Condes.

Camino al Congreso

Al menos cinco candidatos al Congreso en las elecciones de noviembre de 2017, aparecen mencionados de manera reiterada en las escuchas telefónicas que registró durante meses la PDI, desde que recibió la orden de interceptar a los entonces directivos de la FIDEN.

"Tenemos un voto asegurado para la legalización", le dijo el 20 de noviembre de 2017, un día después de las elecciones parlamentarias, Sebastián Salazar al cuñado y asesor de campaña de la recién electa diputada Érika Olivera, Francisco Javier León Von Mulhenbrock. Salazar era en ese momento presidente de la FIDEN y el nombre de la diputada Olivera aparece recurrentemente en sus conversaciones con León y otros miembros del gremio.

La esposa de Francisco Javier León y hermana de la diputada RN, es hoy seremi de Deportes en la Región de Valparaíso. Ruth Olivera también participa en el negocio de las tragamonedas: en julio de 2017, ingresó a la sociedad Salher Gaming Developers Limitada, propiedad de los hermanos Sebastián y Miguel Ángel Salazar Bastidas.

En otra conversación telefónica, León y Salazar hablan de poner un poco más de dinero para los metros finales de la campaña por redes sociales de la candidata Érika Olivera.

"Después igual recuperamos weón, si algo de plata va a caer después, si son 200 o 300 lucas más", dijo Salazar. León respondió: "Sí... ya después de 8 millones de pesos..." y agregó: "Estay como el Alberto, weón. El Alberto se fue en volá, te aseguro que no son menos de 50 palos... Le deben haber prestado unos 20 o 30 millones el Servel, se debe haber conseguido unos 10 millones con conocidos, unos 6 millones del partido y él debe haber puesto unos 20 o 30 palos".

Alberto Hadad, mencionado en este diálogo y entonces director de la FIDEN, fue administrador electoral de la fallida campaña a diputado de su padre, Nelson Hadad Heresy, por el Distrito 11 (Las Condes).

Poco antes del mediodía del 13 de noviembre de 2017, Hadad llamó por teléfono a un contacto identificado por la PDI como Abdullah Jarufe Garrido para pedirle dinero para la campaña de su padre:

"¿Me podrías aportar con algo weón? Lo que sea, todo vale", le solicitó Hadad, indicándole que debía ser un aporte por fuera de la ley. Y le explicó por qué: "así yo lo puedo pasar como gasto... si esto entra en la cuenta como aporte no lo reembolsan porque son aportes voluntarios, entonces me conviene mucho más que sean aportes del candidato, así sí
te reembolsan, o sea, yo se lo paso a mi viejo, mi viejo lo deposita y se acabó".

Al final de la conversación telefónica, Alberto Hadad le agradeció a Jarufe: "Está demás decir que, saliendo diputado, imagínate lo que va a ser para nosotros pos weón, de cabeza, si por su hijo... él sabe todos los beneficios que le hemos dado a la familia".

Otro de los candidatos que no salió electo, fue el ex intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet.

Tras las elecciones, Salazar le comentó por teléfono a un interlocutor no identificado "la pena" que le daba el fracaso electoral de Nelson Hadad: "Alberto le puso con todo, le metió harta plata, al final sobre todo... y el otro que perdió que yo le había echado una mano es Andrés Jouannet en Temuco... por lo menos súper contento con la Érika".

Quien también aparece en las conversaciones telefónicas es el diputado por el Distrito 13, Tucapel Jiménez Fuentes (PPD). Un día después de las parlamentarias, el también director de la FIDEN, Jaime Curihual, llamó a un sujeto identificado como Nelson González Chaparro, quien le comentó que le había prestado una sede y una camioneta al diputado Jiménez para su campaña. Y luego le aseguró: "No van a güevear más con las máquinas".

Las elecciones parlamentarias de noviembre de 2017 dejaron con gusto amargo a gran parte de la directiva de la FIDEN. Otro de los nombres que salta al ruedo en las conversaciones de los miembros del gremio con sus asesores, es el del ex diputado y ex alcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo (DC), quien postuló sin éxito a un escaño en el Senado.

La mañana del 20 de noviembre, Jaime Curihual se comunicó por teléfono con el lobista de la FIDEN Carlos Tudela:

-Hola Carlos, ¿cómo estay?

-Bien aquí, algo apesadumbrado, porque pa' nuestra causa las cosas no salieron bien, pa' nah -respondió el ex embajador Tudela.

Curihual le preguntó por cómo estaba Aldo, a lo que Tudela respondió: "Súper afligido... voy a tratar de verlo en la semana para conversarle del tema nuestro".

-Con Fuad y con Aldo, ahí cagamos -respondió Curihual, aludiendo también al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien también perdió como candidato a senador en esa elección.

Tudela respondió que le pasaría una minuta a Cornejo e insistió en que los meses que quedaban por delante, hasta marzo, eran claves para sacar el proyecto:

"Tenís que jugártela Carlos en lo que queda, tenemos que sacar el proyecto", insistió Curihual. A lo que Tudela respondió: "Claro, y ahí Aldo nos puede ayudar mucho".

Tras el fracaso de la mayoría de los candidatos al Congreso a los que apostó el gremio de la FIDEN, sus directivos se concentraron en apurar la redacción de una propuesta que regulara su actividad. Con ella en mano esperaban hacer una última embestida ante parlamentarios y autoridades del Ejecutivo. En esa elaboración, al ex superintendente de Casinos y Juegos, Francisco Javier Leiva, le cupo un rol clave.

A fines de noviembre de 2017, Jaime Curihual le dijo por teléfono al entonces presidente de la FIDEN, Sebastián Salazar: "De aquí a marzo hay que mandar el proyecto". La premura de Curihual tenía un motivo: "Es fundamental, Aldo y Jorge (no se le identifica) se la tienen que jugar, si a Aldo le queda poco" (refiriéndose al término de su periodo como parlamentario).

Curihual agregó: "Ahí sí hay que hacer las lucas, va a haber que hacerlas por el proyecto, ¿cachay?, tenemos que jugárnosla".

El 20 de agosto de 2018, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado aprobó la idea de regular el funcionamiento de los tragamonedas. Poco duró la alegría. Dos días más tarde, el 22 de agosto, las oficinas de la FIDEN fueron allanadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Tras eso vino el descalabro: en diciembre, el Ejecutivo ingresó indicaciones al proyecto para prohibir el funcionamiento de tragamonedas fuera de los casinos regulados por ley.

Dineros no cuadran

Mientras el brazo de Carlos Tudela se extendía en el Congreso para convencer a algunos parlamentarios sobre la necesidad de legalizar el juego fuera de los casinos regulados, Zalaquett y Leiva hacían lo propio entre autoridades de gobierno.

En esa carrera, Zalaquett, a diferencia de Leiva y de Tudela, corría por dos pistas: como lobista pagado por la FIDEN debía activar sus redes de contacto para lograr la aprobación de una normativa a favor del gremio. Pero su interés en conseguir ese objetivo se hizo más urgente cuando ingresó en 2017 al negocio, adquiriendo un 10% de participación en tres salones de tragamonedas (Quinta Normal, Linares y Antofagasta) controlados por el entonces presidente del gremio, Sebastián Salazar.

En las escuchas telefónicas Zalaquett habla de la posibilidad de "diluir" su participación de 10% a un 8%, para permitir el ingreso de un nuevo inversionista a la sociedad. Lo extraño es que el nombre de Pablo Zalaquett no figura en ninguna de las escrituras de constitución (ni tampoco en modificaciones posteriores) de las distintas sociedades creadas por Sebastián Salazar (la mayoría ligadas al juego).

Ciper se comunicó con Pablo Zalaquett, quien no quiso referirse al tema. Desde su círculo de colaboradores señalaron que la participación del ex alcalde en el negocio de los tragamonedas no se concretó con una sociedad, sino que a través de una "asociación de cuentas de participación", un instrumento contractual de colaboración económica que se crea para invertir dinero o bienes en distintas operaciones comerciales.

De las interceptaciones de la PDI, se desprende que la participación de Zalaquett en ese negocio le significó una inversión cercana a los $150 millones. "Hoy día deben ser como $400 palos, más lo tuyo, deben ser como $550 palos o capaz que sean $600 millones los que hemos puesto", le dijo Salazar a Zalaquett cuando sacaban cuentas de los montos comprometidos en esa inversión.

En esa misma conversación aparece el nombre de un ciudadano chino residente en Chile, a quien se identifica como "Ling" y que sería otro de los inversionistas en el negocio de tragamonedas de Salazar y en el que Zalaquett tiene participación.

Desde octubre de 2016, Jianjun Lin figura como socio de Salazar Bastidas y su hermano, Miguel Angel Bastidas, en la Comercializadora Imperio Dragón Limitada.

Todo indica que Salazar y Zalaquett querían hacer crecer aún más su negocio. En una comunicación que ambos sostuvieron el 20 de noviembre de 2017 y en la que discutían la posibilidad de fichar en sus filas a la abogada y ex ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, Salazar le comentó al ex alcalde: "Voy a meter (en la Superintendencia de Casinos y Juegos) pronto la certificación de las máquinas pensando en que, para ti, para mí, es una posibilidad real de hacer un muy buen negocio, si esto se aprueba con la superintendencia y logramos abrir el centro, logramos abrir comunas cerradas".

El 1 de agosto de 2018, casi veinte días antes de los allanamientos en los domicilios de los directivos de la FIDEN, la PDI emitió un informe sobre las conversaciones telefónicas interceptadas a varios de los que hoy están imputados en esta trama.

Respecto de Zalaquett, el informe dice: "El imputado reiteradamente manifiesta que en su calidad de operador político de derecha, puede influir a nivel gubernamental y en otras instituciones del Estado, a objeto de facilitar la operación de casas de juego ilegales en Chile".

Cuando en el informe policial se menciona a "otras instituciones" en las que Pablo Zalaquett podía extender su radio de influencia, se refiere al Tribunal Constitucional (TC). En una conversación interceptada el 2 de noviembre de 2017, en medio de una disputa entre la FIDEN y la Contraloría, la que dirimió el TC en contra del gremio de los tragamonedas, se escucha a Zalaquett hablar con su socio y presidente de la FIDEN, Sebastián Salazar. En el informe de la PDI se lee:

"Zalaquett señala que el voto de minoría fue de derecha. Dice que lo que más le gusta es que son las dos personas del lado de él, refiriéndose a los ministros que votaron en contra. Dice que eso no es menor, el magistrado Letelier (Cristián Letelier) es amigo de Zalaquett e íntimo de Mónica (su hermana)".

El mismo informe también releva el rol que le cupo a Carlos Tudela y a Francisco Javier Leiva como lobistas de la FIDEN. Respecto del primero, se señala: "En su calidad de operador político de izquierda, actúa y realiza una serie de actividades a nivel gubernamental, especialmente en el Ministerio de Hacienda, con la finalidad de facilitar la operación de las casas de juego ilegales en Chile y promover un proyecto de ley que regule y permita funcionar de manera legal a las casas de juego clandestinas asociadas a la FIDEN".

A Francisco Javier Leiva se lo identifica como el principal asesor técnico de la FIDEN para conseguir la validación de la explotación de tragamonedas fuera de los casinos regulados. En el informe se señala que articuló estrategias "para eludir la correcta fiscalización de parte de la Superintendencia de Casinos y Juegos y de las municipalidades".

Basándose en las escuchas telefónicas, la indagación policial consigna que el ex superintendente de Casinos, según sus propios dichos, "se hizo el leso respecto de las denuncias y querellas contra las casas de juego ilegales que operaban en la comuna de Talca, no ejerciendo las acciones propias e inherentes de su cargo como empleado público, toda vez que en su calidad de superintendente de Casinos no dio cumplimiento al mandato legal de denunciar los delitos de que tomara conocimiento en el ejercicio de sus funciones".

Ese mismo mes de agosto de 2018, un segundo informe, esta vez de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, aportó nuevas evidencias a la Fiscalía de Las Condes. Allí se consignan incongruencias en los ingresos y egresos financieros de Pablo Zalaquett: en 2014 compró acciones por $398,5 millones (a través de Consorcio Corredores de Bolsa), aun cuando en su declaración de renta para ese año reportó ingresos por solo $92,8 millones.

La Fiscalía deberá dilucidar de dónde provinieron esos dineros. Colaboradores de Zalaquett indicaron a Ciper que el ex alcalde compró esas acciones con un crédito del Banco Consorcio y que habrían quedado prendadas en favor de esa entidad financiera hasta que las liquidó.

Los allanamientos de agosto de la policía también incluyeron los domicilios de los directivos del gremio y de sus asesores y lobistas, Pablo Zalaquett y el ex superintendente de Casinos y Juegos, Francisco Javier Leiva.


 

 

Fuente:ciperchile.cl

 

 


 
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