Puerto Rico: Alcaldes Apoyan Flexibilizar El Juego De Picas

Aunque reconocen que flexibilizar el uso de las picas -un juego de azar que consiste en una “carrera” manual de caballos de madera-, no generaría ingresos cuantiosos para los municipios, varios alcaldes de ciudades de Puerto Rico respaldan un proyecto de ley que permitiría que los ayuntamientos autoricen la operación de estas máquinas en cualquier momento del año, ya que representarían recursos adicionales para paliar las atribuladas finanzas municipales.

Sin embargo, entre el grupo de alcaldes consultados, hay quienes reconocen que la Ley de Picas (Ley 25 del 23 de abril de 1927) no se implementa efectivamente, y no existe una fiscalización adecuada de sus disposiciones, asuntos que la medida bajo discusión no atiende.

El proyecto del Senado 610, autoría del senador Carlos Rodríguez Mateo, enmendaría la Ley 25 solo para dejar en manos de cada municipio cuándo y por cuánto tiempo se pueden establecer estas máquinas. Bajo la normativa vigente, las picas solo pueden operar durante las fiestas patronales y por 15 días del año. La medida recibió el aval senatorial la semana pasada.

"Esos ingresos pueden utilizarse, aunque sean pocos, para aliviar la precariedad económica de los municipios. Algo que entre a las arcas es bueno", sostuvo el alcalde de Aibonito, William Alicea Pérez.

No obstante, mencionó que es común que los comerciantes soliciten patentes para operar picas aunque no haya celebración de fiestas patronales en el municipio.

"(La ley) es letra muerta. Eso es un entretenimiento folclórico de nuestro país y, aunque la ley establece que es en unos días especiales, la gente ponía la pica por otro lado. La ley decía una cosa y la gente hacía otra", explicó Alicea Pérez.

La medida de Rodríguez Mateo propone que estas máquinas funcionen durante las fiestas patronales y en "cualquier otro festival de índole social, comunitario, educativo, cultural o para fomentar el turismo".

Además, propone que el gobierno municipal establezca "el límite" de operación de las picas, que "deberá ser justificado a la luz de las necesidades particulares de cada municipio".

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el legislador indica que la situación fiscal de los municipios está "en uno de sus momentos más precarios, por lo que es necesario implementar medidas adicionales para que puedan recaudar más ingresos".

No obstante, ni el proyecto ni los alcaldes entrevistados pudieron ofrecer estimados de los ingresos que se generan con la operación de las picas.

Actualmente, los municipios solo requieren el pago de una patente que, en promedio, tiene un costo de U$S 25, detallaron varios alcaldes. Asimismo, algunos municipios exigen el pago de una licencia de U$S 150, ya que lo consideran un negocio ambulante, o que se les pague por el espacio que ocupan en las fiestas patronales. Ese pago por espacio generalmente es de unos U$S 3.000.

Sin embargo, los municipios no cobran a base de los ingresos que produzca la pica o por la cantidad de días en funcionamiento, precisaron los alcaldes.

"Todo lo que sea para allegar más fondos a los municipios, es bienvenido. Aunque es mínimo lo que puede dejar esto de las picas", afirmó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario.

La alcaldesa precisó que nada en la Ley 25 impide que cada municipio establezca un cobro adicional por el funcionamiento de las picas. "Se puede hacer por ordenanza municipal", apuntó.

Por ejemplo, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, señaló que optó por cobrar una licencia a un costo de U$S 250 a todo operador de una pica porque, al solicitar la patente, decían que el volumen de ventas era bajo, lo que permite que paguen un precio mínimo.

"Uno no tiene forma de contabilizar cuánto realmente ellos hacen. No hay forma, no hay un sistema mecanizado. Se van por lo más bajo de que generan menos de U$S 3.000 al año cuando no es verdad", sostuvo Negrón.

Al momento, ninguna agencia de gobierno tiene a su cargo la fiscalización de las picas.

El Departamento de Hacienda indicó a la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, que rindió el informe positivo sobre la medida de Rodríguez Mateo, que "los juegos de picas no están regulados debido a que, por su naturaleza, son juegos que ocurren en un limitado periodo de 15 días al año".

Hacienda no se opuso a la aprobación de la medida.

Sin embargo, el representante independentista Denis Márquez, anticipó que votará en contra del proyecto. "Me parece que hay que acabar con estos asuntos que -a nombre de la cultura- se sigue promoviendo el juego en Puerto Rico", sentenció.

"Puerto Rico es un país que está de esquina a esquina lleno de juegos y lo va a estar más ahora con las tragamonedas, y conociendo la historia de los municipios -en aras de buscar ingresos a toda costa-, todos sabemos lo que va a pasar: van estar llenos de picas", añadió.

El alcalde de Manatí, José Sánchez González, reconoció que las picas son un juego de azar adicional y "tiene sentido" pensar que pueden generar adicción.

"Yo tuve las fiestas patronales y lo que me pagaron por las picas no es algo significativo, no fue algo significativo. (Pero) todo lo que entra a las arcas municipales, aunque sea un peso, es bueno", afirmó el alcalde, quien señaló que los ingresos de las picas en las fiestas patronales no llegaron a U$S 10.000.

El alcalde de Lajas, Marcos "Turín" Irizarry, favorece que se liberalice el funcionamiento de las picas porque, a su juicio, promoverá la actividad económica en los municipios.

Asimismo, dijo que las picas son del agrado de turistas y de familias enteras. Incluso, propuso que, de aprobarse la legislación, se incluya que la aportación a los municipios sea mayor.

Irizarry detalló que, en la zona de La Parguera, los comerciantes llevan picas con regularidad, para lo cual tienen que pagar patentes al municipio.

El alcalde de Naguabo, Noé Marcano, también apoyó la medida pues, a diferencia de otros pueblos, en su municipio no se realizan fiestas patronales desde 2014.

"Están restringidas para las fiestas patronales y ya muchos municipios han tenido que eliminar las fiestas patronales por cuestión de presupuesto o dinero", dijo Marcano.

Por su parte, el alcalde de Yauco, Angel Luis Torres, condicionó su aval a la medida de Rodríguez Mateo a que se especifique que el uso de las picas sea para recaudar dinero para organizaciones sin fines de lucro a las cuales el gobierno municipal apenas puede ayudar.

"Una medida de esa naturaleza te ayuda a tener ingresos adicionales, pero no es algo determinante en el presupuesto municipal", apuntó Torres.

El alcalde de San Lorenzo, José Román Abreu, dijo que confía en que cualquier legislación que se apruebe sobre las picas deje en manos del ejecutivo municipal la decisión de permitir su operación, pues en su municipio no se permite su funcionamiento.

"Desde el año 1992, el entonces alcaldes José Antonio Delgado firmó una ordenanza en el municipio prohibiendo las picas a petición de la Iglesia católica por las situaciones que se confrontaban en las áreas donde estaban las picas y que alteraban el orden de las fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes, nuestra patrona", explicó Román.

"Hasta el día de hoy, todos los alcaldes hemos respetado esa ordenanza. En ninguna de las fiestas, permitimos las picas", agregó, al indicar que el juego en las picas degeneraba en peleas y discusiones.

"Lo que pueda generar una pica, lo tenemos que gastar nosotros en las áreas donde están ubicadas", apuntó el alcalde.


 

 

Fuente:www.elnuevodia.com

 

 


 

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