Tras Casi Una Década, Juzgan El “Caso Del Medio Palo”

Se investiga desde una presunta defraudación contra la administración pública hasta el supuesto pago de coimas. Están imputados el ex secretario Legal y Técnico de la Provincia de Tierra del Fuego, el ex presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), el ex asesor legal de ese organismo y el comerciante y ex concesionario de casinos electrónicos.

En la causa donde se investigan desde una presunta defraudación contra la administración pública hasta el supuesto pago de coimas, están imputados el ex secretario Legal y Técnico de la provincia, Miguel Paderne, el ex presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) Walter Agüero, el ex asesor legal de ese organismo, Pablo Villegas y el comerciante y ex concesionario de casinos electrónicos Daniel Armesto. El caso también involucraba al fallecido ex funcionario manfredottista Héctor "Titi" Pena.

La maniobra que se dilucidará en el juicio analiza, entre otros puntos, la suscripción de un acuerdo extrajudicial entre Armesto, como propietario de los casinos Magnun de Ushuaia y Río Grande, y las autoridades del IPRA, mediante el cual el empresario cobró $586.970,24 en marzo del año 2000.

Armesto le reclamaba al instituto la devolución de cánones mal liquidados, que habían sido declarados inconstitucionales por el Superior Tribunal de Justicia. En el momento del acuerdo, contaba con dos sentencias favorables al reclamo, dictadas por un juez de primera instancia y por la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones en el expediente 1022, del Juzgado Civil y Comercial de Ushuaia.

Según la acusación fiscal, el convenio extrajudicial fue perjudicial para el patrimonio del Estado porque incluyó más dinero que el realmente adeudado, y porque consideró el pago de intereses que no figuraban en el petitorio de la demanda judicial. Además, el acuerdo implicó el desembolso de $200.721,02 de honorarios para los abogados que habían intervenido en el caso, es decir, Paderne y Pena, quienes a principios de la década se habían convertido en hombres influyentes en el gobierno de Manfredotti.

No obstante, el caso tomó otra connotación cuando el propio Armesto reveló que no había cobrado la totalidad del dinero, porque los abogados le habían solicitado coimas para distribuir entre funcionarios y jueces y así poder destrabar el pago. El comerciante sostuvo que le pidieron 147 mil pesos de la época, para repartir "50 mil pesos para el gobernador Carlos Manfredotti, 50 mil para el vicegobernador Daniel Gallo, 30 mil para la camarista de Río Grande María Rosa Ayala y 17 mil para el presidente del Instituto Provincial de Apuestas, Walter Agüero".

Si bien la Justicia no pudo demostrar hasta el momento que el dinero haya sido usado de esa forma, en la causa consta un pago de 20 mil pesos de Paderne (a través de un
cheque de su ex esposa, número 82474040) a Villegas, que según la hipótesis fiscal se corresponde a un pago para que el ex asesor letrado del IPRA dictaminara a favor de la suscripción del acuerdo extrajudicial, mediante el dictamen 220/2000.

Por otra parte, Armesto también relató con pormenores los trámites bancarios que tuvieron lugar en la ex Banca del Lavoro, donde se depositó el cheque por el pago del IPRA, y luego se hicieron los retiros para las supuestas coimas.

En la causa penal 7815 se le imputa a todos los involucrados, por el hecho de la suscripción del convenio extrajudicial con el IPRA, el presunto delito de "defraudación contra la administración pública bajo la modalidad de administración Infiel", aunque en concurso ideal con el presunto delito de cohecho activo (a Armesto y Paderne) y cohecho pasivo (a Villegas y Agüero). Además, a Paderne se lo acusa de "defraudación por remuneración pretextada", en perjuicio de Armesto, por la supuesta quita de parte del dinero a su ex cliente.

La causa empezó a ser investigada por la Justicia en los primeros meses de 2002, hace casi una década.

La acusación

En relación a la firma del convenio con el IPRA, la Fiscalía asegura en la acusación que "evidentemente la intención de los partícipes fue, de un lado, evitar que la determinación final de los montos a reconocerse recíprocamente se efectúe en el marco judicial como lo disponía la sentencia, y de otro, evitar el control judicial de una liquidación que perjudicaba el patrimonio del Estado".

Al respecto, el fiscal cita pericias de donde se desprende que Armesto le debía al IPRA alrededor de 173 mil pesos (y no 36 mil como figura en el acuerdo) y que aún en caso de que hubiese correspondido el pago de intereses, lo que se liquidó fue "excesivo" por "haber abarcado períodos que no correspondían, y calculados a una tasa superior a la que podía ser reconocida jurisprudencialmente".

Y en cuanto al dictamen de Villegas, avalando el convenio, el Ministerio Público llama la atención acerca de que el documento original "nunca fue hallado" (sólo se encontró una copia) a pesar de que tanto el abogado como el presidente del IPRA "continuaron desempeñándose en el Instituto por lo que su no hallazgo resulta sumamente llamativo".

Según la acusación, queda claro que el dinero recibido por Villegas fue "a cambio de su dictamen técnico a medida para posibilitar jurídicamente el acto administrativo correspondiente".


 

 

Fuente:www.eldiariodelfindelmundo.com

 

 


 
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