Puerto Rico: Siguen Cuestionando Recaudación Fiscal Por Apuestas

La legalización de las apuestas deportivas en Puerto Rico puede representar una oportunidad para la isla, pero si se hace de manera inapropiada no logrará aumentar los recaudos del fisco ni impulsará la actividad económica como se espera, aseguraron dos ejecutivos de una firma de consultoría de investigación y gestión económica.

Tras examinar el proyecto de ley que crearía un mercado de apuestas deportivas, el mercado existente de juegos de azar y el cuadro económico de la isla, Steven Gallaway y Brendan Bussmann, de Global Market Advisors (GMA), concluyeron que si Puerto Rico quiere entrar en este segmento, se necesitan proyecciones lo más cercanas a la realidad.

El gobierno y los distintos sectores en Puerto Rico necesitan un entendimiento pleno de lo que implica el mercado de apuestas deportivas porque su éxito depende esencialmente de una estructura clara de fiscalización y logística que resulte en más empleos y más inversión, explicaron.

Según el análisis de un estudio de la empresa, Puerto Rico entraría al mercado de apuestas deportivas para que el Fondo General reciba a lo sumo unos U$S 7 millones al año. El recaudo sería fruto de un impuesto de 6,5% que se aplicaría a esta actividad.

Según el proyecto de ley, la tasa aplicable sería de 11% si las apuestas se tramitan en plataformas móviles o de internet.

"Desafortunadamente, hemos visto otros estudios para proyectar los recaudos y simplemente, están incorrectos", dijo Gallaway al periódico El Nuevo Día, haciendo referencia a los estimados que cita el Proyecto Cameral 2038.

De esa forma, los ejecutivos de GMA, buscaron desbancar los dos estudios comisionados por la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y el gobierno y que han sido la justificación para la legislación que crearía la Comisión de Apuestas del Gobierno de Puerto Rico y que ubicaría bajo ese sombrero las operaciones vinculadas con apuestas tanto en la Junta del Deporte Hípico como la Compañía de Turismo.

"La oportunidad que existe con las apuestas deportivas es real. Uno, porque ya existe una estructura regulatoria con mecanismos para reportar (posibles actividades sospechosas) y no tienes que reinventar la rueda", dijo por su parte Bussmann al indicar que esa estructura ayudaría a capturar parte del mercado de apuestas ilegales que ya existe en la isla.

Según Bussmann, si la legislación no se adopta adecuadamente, lo que incluye fijar la tasa impositiva adecuada, la incursión no será beneficiosa para el fisco y perjudicaría al consumidor.

Bussmann sostuvo que la experiencia en lugares como Nevada y Nueva Jersey es que han adoptado mecanismos para combatir las apuestas ilegales, pero aseguró que es errado pensar que ese universo de apuestas ilícitas sea el punto de partida para proyectar cuánto puede allegarse al fisco.

Entre otras cosas, la medida autorizaría las apuestas deportivas en la isla, tanto en establecimientos como online. La nueva comisión decidiría sobre qué eventos deportivos y bajo qué circunstancias se apostaría y otorgaría las licencias a las casas de apuestas. El proyecto autorizará también hacer apuestas en las llamadas ligas de fantasía (lo que se conoce como juegos virtuales de un deporte profesional con equipos que forman los apostadores) y los llamados "eSports" o competencias profesionales de vídeojuegos.

Según el proyecto de administración, incursionar en este mercado le daría al fisco unos U$S $312 millones en un plazo de cuatro años. Esto, de acuerdo con un estudio comisionado por la CCPR a The Innovation Group. Un segundo estudio, pagado por el gobierno y preparado por Spectrum Gaming Group, señala que la iniciativa dejaría entre entre U$S 44 y U$S 62 millones anuales al fisco.

La disparidad entre las proyecciones de GMA y aquellas de The Innovation Group y Spectrum se explica porque GMA entiende que ante la situación económica que experimenta la isla, el dólar que invierten los jugadores en Puerto Rico seguirá siendo relativamente el mismo, pero diluido entre los diversos tipos de juego y apuestas que estén disponibles.

Para Innovation y Spectrum, la inyección de recaudos sería factible porque el plan del gobierno es que puedan hacerse apuestas en casinos, galleras -una actividad prohibida por el Congreso recientementeagencias hípicas y otros lugares que la propuesta Comisión de Apuestas autorice.

"Las apuestas tienden a crear mayor adhesión a los deportes", dijo Kenneth Rivera Robles, presidente de la CCPR al explicar que incursionar en esta actividad supondría beneficios que trascienden el fisco.

Según Rivera Robles, desde el 1992, las apuestas deportivas estaban prohibidas en estados y posesiones de Estados Unidos por una ley federal. El año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que dicho estatuto federal era inconstitucional. Como resultado, toca a los estados y territorios regular la actividad.

Rivera Robles dejó claro que los ingresos que reciba el fisco por esta actividad no ayudarán ni "remotamente" a salir de la crisis fiscal. Pero destacó que reglamentar una actividad que ahora se efectúa en la informalidad constituye un beneficio al erario y también a la economía.

El líder de la CCPR explicó además que formalizar las apuestas abriría la puerta a que establecimientos actuales como las agencias hípicas e incluso, los hoteles puedan ver un incremento en su actividad, lo que redundará en nuevos empleos.

Consultada en torno a los mecanismos que se requieren por disposición federal para evitar el blanqueo de capitales, Rivera Robles sostuvo que tomando en cuenta que las galleras y las agencias hípicas manejan apuestas en la actualidad, se esperaría que estas posean controles a esos efectos.

Los hoteleros y la experiencia acumulada en otras jurisdicciones apunta a que ese no sería el caso, en especial, cuando se considera el segmento de tragamonedas en Puerto Rico. Este mercado, que operó sin restricciones por casi una década en la isla, recién se autorizó en la isla con otra ley que permitiría el establecimiento de hasta 45.000 de estas unidades.

"Cuando te expandes fuera del casino, entonces comienzas a ver gastos significativos de fiscalización (por parte del gobierno)", dijo Gallaway al indicar que en el caso de los casinos, la infraestructura para prevenir el lavado de dinero está establecida.

Por su parte Bussmann dijo que la experiencia en otros lugares apunta a que facilitar las apuestas deportivas en hoteles contribuye al crecimiento del sector.

Según el proyecto de ley, luego de que se cubran los gastos de la Comisión de Apuestas, el 50% de los recaudos irían al pago de pensiones y otro 15%, a la Policía de Puerto Rico. Para compensar la aportación que deben hacer los municipios, la Administración de Seguros Médicos (ASES) recibiría otro 10% y lo mismo sucedería con los Departamentos de Educación y Recreación y Deportes.

La Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Amsca) utilizaría el 5% que recibiría para "educar y combatir la adicción a las apuestas".

El proyecto deja fuera de la ecuación a las organizaciones deportivas o los equipos por los que se apostaría.

De aquí que haya una mezcla de dudas en el liderato deportivo de varias ligas en la isla, al igual que se haya generado interés por conocer cómo se beneficiaría su producto, indica el periódico El Nuevo Día. Esto, porque el público apostador gusta de utilizar la información estadística de estos organismos y son las ligas, las que proporcionan esa data.

"Nada impide que haya legislación para que las compañías (de apuestas) que se benefician, tengan una obligación mínima para compensar a distintas ligas, federaciones y eventos de los que salen las estadísticas", opinó Fernando Quiñones, presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), quien espera presentar sus puntos en la vista pública del tema, programada para el próximo 17 de mayo.

De acuerdo con el líder del BSN, debe considerarse qué ligas están generando más dinero en apuestas para que de alguna manera sean recompensadas. "Aparte de eso", continuó Quiñones, "me estás dando una carga adicional porque mientras más apuestas genere este deporte, más necesidad de que hayan medidas de fiscalización, y vamos a tener gastos adicionales".

José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol Aficionado, se mostró incrédulo con la propuesta, pues no ve cómo el gobierno pueda cambiar la idiosincrasia de las apuestas en el Béisbol Doble A, que por tradición, se dan en medio de los juegos, en las mismas gradas.

"No es un secreto que en el béisbol Doble A siempre han existido las apuestas. Pero cómo el gobierno va a lograr incentivar a los apostadores para que dejen de apostar como están acostumbrados", cuestionó Quiles, asegurando que para que tenga éxito la medida en el caso del Béisbol Doble A, tendría que colocarse una oficina de apuestas en cada estadio. Ello, porque a su juicio, el apostador no va a dejar de ir al parque para presentar la apuesta en otro lugar, como sería un casino.

De otra parte, el presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Juan Antonio Flores Galarza, dijo que no recibió invitación alguna a deponer, pero aseguró que la junta directiva del organismo no tomó una postura institucional sobre el proyecto.

"En mi calidad personal, conceptualmente, entiendo que es un error de política pública promover las apuestas deportivas para generar ingresos al fisco, que no resuelven nada, a un gran posible costo", dijo el exsecretario de Hacienda en referencia a los problemas de adicción que esta actividad genera.


 

 

Fuente:www.elnuevodia.com

 

 


 

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