La Fiden Pide La Intervención Del Presidente Piñera

Trabajadores y propietarios nucleados en la asociación de Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado de Chile (Fiden), manifestó que el proyecto de ley que se tramita en el Senado para prohibir el uso de tragamonedas fuera de los casinos, los criminalizaría como trabajadores.

El senador del partido País Progresista, Alejandro Navarro, ingresó el proyecto de ley en 2016 para que se prohíban las máquinas tragamonedas fuera de los casinos. La argumentación principal de la iniciativa es la de combatir la ludopatía entre la población.

Actualmente la pieza legislativa se discutirá en el Senado, por lo que el sector, representado por Fiden, realizó una manifestación en la Plaza de la Constitución, frente del Palacio de La Moneda, para luego entregar una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera.

En la misiva se solicita la intervención del primer mandatario, y que se evite la aprobación de la iniciativa legal, la cual, según Fiden, dejaría a muchas personas sin trabajo.

El vicepresidente del gremio y vocero de la agrupación, Raúl Sepúlveda, enfatizó que, si se aprueba esta medida, los trabajadores de la industria de la entretención serán trabajadores criminalizados.

"El proyecto en sí busca criminalizar y penalizar (la actividad). Nosotros creemos que lo único que se va a conseguir con esto es lograr la prohibición y con ello afectar a más de cien mil personas que laboran en esta industria", señaló Sepúlveda.

Según estimaciones entregadas por el dirigente, "más del 95% de los municipios del país tienen ordenanzas y dan patentes para las máquinas. Entonces, por unos pocos que cometen algunos ilícitos e ilegalidades, se puede criminalizar una actividad que se ha desarrollado durante más de 40 años" y que actualmente cuenta con alrededor de 500 máquinas de este tipo a lo largo de Chile.

El dirigente se mostró a favor de que este mercado sea regulado -no prohibido-, solicitando, entre otras cosas, que "exista una cantidad de salas de acuerdo a los habitantes de la comuna; que estas salas tengan juegos que sean supervisados y controlados por algún sistema tecnológico; que tengan un control del SII para que se paguen los impuestos como corresponde; y que cuenten con sistemas de seguridad para garantizar la fe pública y la seguridad de los clientes que nos visiten"

"Nosotros no queremos transformarnos en un casino, queremos hacer lo mismo que se hace en todos los países del mundo donde se ha legislado esto", apuntó, agregando que "sería fantástico que La Moneda bajara este proyecto", y así "podríamos retomar mesas de trabajo que hemos tenido con el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, donde podamos aportar nuestra información".

En caso de que se concrete la prohibición, continuó, "nosotros queremos llegar hasta las últimas instancias". "Es decir, iremos a las comisiones del Congreso para permitir que nosotros pongamos nuestros puntos de vista. Pero si se vota la prohibición, bueno tendremos que llegar al Tribunal Constitucional e instancias internacionales, porque acá hay discriminación. No puede ser que la gente que es pudiente tenga derecho a la entretención y la gente humilde no", finalizó.

El impulsor de la iniciativa legal, el senador Alejandro Navarro, señaló que su propuesta busca capacitar y compensar a los afectados mediante la compra de sus
máquinas.

Sin embargo, cerró la puerta a una posible regulación de la industria, ya que asegura que el entorno de comercios dedicados a juegos de azar se han gestado diversos delitos.

"Todas las instituciones (Aduanas, PDI, Carabineros y Ministerio Público) coinciden en el nefasto impacto de estas máquinas, en especial para las personas de menor ingreso. Éstas pasaron de máquinas tragamonedas a tragabilletes, donde funcionan con billetes de hasta $20 mil. Son verdaderos casinos no regulados y que deben terminar", expuso el parlamentario.

Por su parte el senador Pedro Araya (IND), quien preside la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, instancia que por unanimidad decidió avanzar en este proyecto, explicó que para poder "entender el problema" primero es necesario retrotraerse a la implementación de la Ley de Casinos, dictada en 2005. "Allí se estableció que los juegos de azar solamente podían operar en los casinos de juegos por regla general, y en caso de situaciones como bingos y loterías en otros lugares. Y se estableció que los juegos de destreza podían operar bajo cualquier circunstancia en la medida que contaran con una patente del municipio".

"El problema se suscitó en que la Ley de Casinos en su minuto no estableció cuál era la autoridad llamada a establecer qué se entendía por juego de azar y juego de destreza. Lo que ocurrió es que muchos de estos minicasinos se han instalado aprovechándose de un vacío legal y establecieron que sus juegos eran de destreza, dado que no había una norma técnica para regular el tema", añadió.

"Este tipo de lugares no tienen una reglamentación especial, entonces, por ejemplo, no se sabe cuánto dinero una persona juega en uno de estos lugares. Pueden ingresar menores de edad. No hay normas de control respecto de que ellos tengan que informar a la Unidad de Análisis Financiero cuánto dinero se está moviendo en esos lugares, lo que obviamente puede facilitar la comisión de ciertos delitos".

Por lo tanto, Araya aseguró que este proyecto "zanja el gran vacío de la Ley de Casinos estableciendo que la Superintendencia de Casinos tiene que establecer la norma técnica de qué se entiende por juego de azar y destreza", añadiendo que "lo que le hemos dicho a la gente que tiene estos locales es que si sus máquinas son de destreza, si tienen la certificación de la Superintendencia, van a poder seguir funcionando. Si son de azar, tienen que cerrar".

Sobre la pérdida de empleos que podría generar esta medida, según los dueños de tragamonedas, Araya indicó que "acá hay un problema mucho más importante. Hay una cantidad muy grande de problemas de seguridad pública que se han ido suscitando en estos locales. Eso para nadie es un misterio". "Estos locales no están sujetos a ninguna norma de control. Son locales que tienen una cantidad importante de dinero y, por ejemplo, no le informan a la Unidad de Análisis Financiero respecto de cuánto dinero se está jugando, o si una persona entró, jugó y cuánto ganó, lo que obviamente facilita el lavado de dinero", concluyó.


 

 

Fuente:www.emol.com

 

 


 

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