Choferes municipales, cuidadores de caballos, personal de seguridad, desfilaron ayer frente al TOC 1 y respondieron con claridad a los requerimientos del fiscal Marcos Eguzquiza, a la hora de dejar sentadas aquellas irregularidades denunciadas y, por consecuencia, el incumplimiento de los deberes de funcionario público a la hora de controlar, tal reza la imputación contra Pedro Espondaburu.

Así también quedó en claro que los choferes de los camiones respondían al director de Vialidad comunal, Guillermo Alassia, quien impartía las ordenes a los trabajadores para que acudan al predio turfístico para regar la pista en contraturno. Es decir, por la mañana regaban las calles de la ciudad, por la tarde, a requerimiento del concesionario, acudían al Hipódromo con los mismos camiones a hacer horas extras que, al decir de los propios choferes municipales, eran abonadas informalmente por el responsable del predio, incluso cargando un promedio de combustible.

Quienes ayer atestiguaron no resultaron ajenos a lo que ocurría respecto a lo que se hacía o no, pero claramente ignoraban los alcances del contrato de concesión. Lo que tenía que realizar el concesionario y lo que el Municipio, por contrato, debía exigir y/o sancionar.

Uno de los testigos fue Gastón Camio, empleado municipal de la Dirección de Vialidad, más precisamente chofer de uno de los camiones regadores en tiempos de la concesión del Hipódromo. El trabajador confió que efectivamente por orden de Alassia –su jefe directo- acudió con el camión municipal en varias oportunidades al circo de carreras a regar la pista, antes de la reinaguración.

Detalló que dichas tareas eran tomadas como horas extras y la labor se hacía en horario vespertino, quedando a su criterio y a las órdenes del encargado del predio, por ese entonces Jorge Cuenca, quien incluso fue el que le entregó el dinero –informalmente- para que complete un tanque de gasoil a modo de la contraprestación, más otro dinero por las labores del chofer, en la previa de la reinauguración.

A preguntas del fiscal, el chofer dijo desconocer si esas horas extras eran luego blanqueadas a la administración comunal, como así también si tenía algún seguro o ART, por si le ocurría algún accidente o se rompía el camión en medio de esas tareas extraordinarias.

También prestaron testimonio cuidadores y personas relacionadas a la actividad turfística, que no hicieron más que ratificar las graves falencias que presentaba el circo de carreras. Desde la peligrosa empalizada “mixta” improvisada con pilotes de cemento y caños de PVC, lo que se presentaba como un verdadero riesgo de vida tanto para el animal como para el jockey, a la mal mantenida pista.

El entrenador de caballos presentado como testigo, Juan Carlos Milan, graficó con claridad dichas irregularidades inseguras, las cuales supo advertir al propio titular de la concesión Daniel Blanco, pero dijo que el empresario nunca les daba trascendencia.

También reseñó sobre las cuadreras (carreras no oficiales) realizadas sin ningún contralor. Por caso, a la hora del dopaje a los equinos y su riesgo sanitario. Por lo cual, obviamente, había un rédito económico para el que organizaba dichas actividades sin rendir cuentas a nadie.

Asimismo, detalló sobre el cobro en negro que recibía como cuidador de caballos en el circo de carreras, lo que no hizo más que completar el escenario informal con que se trabajaba en el predio concesionado por el propio Municipio.

El comparendo del militar retirado Daniel Alberto Rodríguez resultó toda una revelación del affaire que poco había trascendido en los medios de la voluminosa instrucción penal.

El testigo recordó que en tiempo de milicia, y frente a los escasos sueldos que percibían, junto a un grupo de compañeros emprendieron una especie de pyme dedicada a brindar el servicio de seguridad privada en distintas actividades culturales o deportivas. Dicho grupo se conformó en 1994 hasta el 2004, cuando el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohibía que personal militar realizara trabajos privados de seguridad.

Así fue que el grupo se diluyó, aunque igualmente Rodríguez -como otros por su lado- una vez retirado de la fuerza, realizaba “changas” como personal de seguridad contratado, por caso en el mismísimo Hipódromo.

Rodríguez recordó que se trataba de él y no más de tres personas que fueron circunstancialmente contratadas cuando se realizaban las carreras, cumpliendo la función de seguridad en puntos estratégicos donde se manejaba dinero. En las boleterías, administración y donde se cambiaban los jockey. También con ellos el pago de sus tareas era informal.

Lo curioso fue cuando el fiscal le expuso un listado de personal de seguridad en el que figuraba su nombre, ante lo cual el testigo se vio sorprendido porque muchos de los que lo acompañaban en dicha lista nunca habían trabajado con él en el predio.

En efecto, se trataba de la lista que allá por el 94 Rodríguez había presentado en el Municipio para oficializar el grupo de personas que se dedicaban a la seguridad privada hasta que se votó la citada ordenanza que les prohibió seguir con la actividad.

Por causas que quedan para el imaginario colectivo y en suspicacias, ese listado que estaba en la órbita comunal pasó a manos de Daniel Blanco que, a requerimiento de la Provincia cuando se le solicitó información sobre el personal de seguridad contratado (tal rezaba como exigencia la actividad), presentó dicho listado.

“No sé cómo tenía esa lista Blanco. Eso es viejo y había quedado inactivo. Es del tiempo cuando lo presenté en el Municipio”, contestó el testigo que no hizo más que ahondar en las anomalías con las que transitó el cuestionado concesionario bajo -como mínimo- la omisión del Municipio.