Declaró El Intendente De Tandil En La Causa Del Hipódromo

Se desarrolló ayer la tercera audiencia por el juicio que investiga la responsabilidad penal de los funcionarios del municipìo de Tandil por la controvertida concesión del Hipódromo. El jefe comunal Miguel Lunghi, en calidad de testigo, fue sometido a un intenso interrogatorio por parte del fiscal, y apeló a razones políticas y sociales que se priorizaron a favor de recuperar un predio histórico.

Fueron cuatro horas de interrogatorio, encarnado por el fiscal Marcos Eguzquiza, al intendente quien dejó en evidencia que se priorizó el interés político y social de mantener la concesión y el circo de carreras activo, a pesar de las evidentes irregularidades y/o incumplimientos que el concesionario perpetró sin miramientos ni sanción alguna. Mientras tanto, recibió suculentos subsidios provinciales para premios (de las carreras) e inversiones en un plan de obras que, a la postre, resultarían las causales que motivarían la discusión penal.

Lunghi fue llevando el por momentos tenso cuestionario acusatorio que buscaba esclarecer sobre la falta de control y sanciones para los incumplimientos recurrentes del concesionario del Hipódromo, y como lógica consecuencia el incumplimiento de los funcionarios de ejercer el poder de contralor del predio.

En ese contexto, Lunghi aludió a que el poder de control de la actividad hípica dependía de Provincia, a lo que el fiscal le exhibió un documento el cual precisamente Lunghi firmó haciéndose cargo del control del predio y su actividad.

Al respecto, el Intendente aceptó haber firmado dicho documento pero que igualmente existe una ley de turf que estaba por encima de cualquier documento municipal.

La pregunta que quedó flotando en el denso aire del recinto tribunalicio fue para qué firmar un documento haciéndose máximo responsable cuando una ley establecía otra cosa. Interrogante que Lunghi ni otro funcionario hasta aquí supo responder.

El jefe comunal fue claro y contundente a la hora de dejar sentado que "aquí ningún funcionario se llevó nada a su bolsillo", para poner el acento en la honestidad y transparencia de su gobierno y los respectivos integrantes del equipo, puntualizando especialmente en Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia (los dos aquí acusados) a quienes calificó como funcionarios probos, honestos, sobre quienes tiene mucho afecto.

A modo introductorio, Lunghi reseñó sobre las dos décadas de abandono del mítico predio en Villa Aguirre y de la decisión política de tomar posesión antes que el Club Hípico loteara, asumiendo el desafío ya que lo había plasmado en su campaña electoral, allá por el 2003, cuando prometió su recuperación.

También aludió a los trabajos realizados una vez tomada la posesión del lugar en pos de dejar el espacio presentable para su licitación, para lo cual se utilizaron recursos del Fondo Minero.

Precisamente el fiscal le preguntó cuánto dinero se había volcado en dicha inversión, sobre lo que Lunghi no supo responder.

Eguzquiza le recordaría que los ediles expusieron ese mismo interrogante en la interpelación de 2007, cuando tampoco respondió al respecto.

A partir de allí, las preguntas y repreguntas del fiscal se sucederían sin solución de continuidad para lo que fueron uno y cada uno de los compromisos asumidos y no cumplidos, frente a un Lunghi que por momentos gambeteó con habilidosa cintura la embestida, por otros pasajes halló razones y prioridades políticas y, en otras tantas, explicó -no sin un dejo de ironía- que él gobernaba para 140 mil habitantes y no podía estar, por caso, atento a la utilización de un camión (regador). Caso puntual por el cual está acusado Alassia, sobre lo cual también tendrían un tenso cruce el fiscal y el intendente que mereció algún reparo del defensor y del propio Tribunal, que solicitó ajustarse al protocolo de preguntas y respuestas y no a consideraciones personales.

Por caso, cuando se cuestionó sobre la no aplicación de multas por el incumplimiento de las obras asumidas por el empresario Blanco (concesionario del hipódromo), Lunghi ensayó respuestas tales como que se necesitaba ser flexibles porque las concesiones en este país no resultan nada sencillas.

A modo de respuestas, el fiscal Eguzquiza le replicó: "si un vecino estaciona mal o saca indebidamente un árbol de la calle lo multan sin ningún miramiento...a Blanco parece que no...", recriminó con contundencia.

Tampoco quedó claro la escasa voluntad del Ejecutivo a la hora de hacer cumplir lo que el concesionario había asumido como compromiso y que le valió ganar la licitación, incluso poniendo como garantía un patrimonio de origen poco claro, más precisamente un edificio que se quedó de la otrora mutual de Empleados de Comercio de una manera que también mereció un reproche penal.

Bajo ese espíritu se replicarían preguntas sobre la falta de interés por saber el objeto social del concesionario (una empresa constructora devenida en a la actividad del turf) y si dicho empresario era solvente, el canon fijo establecido por diez años y demás menesteres que rodearon siempre a la cuestionada licitación, a lo cual Lunghi volvió a apelar al interés político, no sin dejar de señalar con especial énfasis que por esos tiempos había "turbulencias" políticas y que, en el caso de las objeciones de la oposición política "siempre tiene objeciones".

En ese tono, no sin picardía, Lunghi le preguntó al fiscal y a quienes quisieran oír en el recinto por qué los cuestionamientos se sucedieron en aquellos años y con aquella concesión y una vez terminada nunca más se habló del Hipódromo. "No hubo ninguna denuncia más", "ahora parece que está todo perfecto, es un tren bala", señaló. (NdR. Cabe consignar que en la posterior concesión -2015-también hubo denuncias por irregularidades y la propia Provincia intervino con inspecciones en pos de corroborar si los subsidios se destinaban al plan de obras).

Lunghi consideró que las falencias denunciadas (mal estado de la pista, falta de sistema de riego, precaria empalizada) a su criterio resultaban "falencias menores" frente el interés superior de mantener abierto el predio y de allí la decisión de no multar al concesionario, a pesar del contrato así lo exigía.

El Intendente habló de las complejidades de un país poco previsible y en la necesidad de "acompañar" al concesionario para que estuviera al frente del Hipódromo y fuera cumpliendo con los compromisos asumidos.

En este tramo del duro cuestionario acusatorio (la defensa acusó de parecerse más a una auditoría que a preguntas de un fiscal y un testigo) tampoco Lunghi tuvo empacho en respaldar el paso del polémico empresario Blanco (fallecido), sobre quien dijo que iba cumpliendo a medida que le llegaban los recursos de los subsidios.

Reconoció en Blanco una persona "no fácil", como tampoco resultaba fácil manejar una concesión de estas características.

Así, Lunghi señaló que, como siempre, la Provincia entrega el dinero con retrasos sensibles y allí buscó encontrar las razones de la falta de obras asumidas por el concesionario.

El interrogatorio giró al tema de la cuestionada utilización de los camiones regadores municipales para una concesión que estaba obligada a invertir en un sistema de riego, que finalmente lo hizo no sin antes reproches políticos y motorización de denuncia penal.

Tal adelantó la estrategia defensista, Lunghi aludió a la colaboración que el Municipio presta a distintas instituciones de la ciudad, incluso con aquellas con fines de lucro. "Era un uso y costumbre", dijo, incluso señaló que se hacía antes de su gestión.

El abogado defensor Jorge Dames prefirió limitarse a un par de interrogantes para que el jefe comunal respondiera sin mayores dificultades.

El letrado puso el acento en la cadena de responsabilidad dentro del organigrama municipal que conforman las autoridades y, especialmente en el tratamiento del Hipódromo, quiénes tuvieron mayor injerencia.

Puso el acento en la intervención del otrora secretario de Desarrollo Local, Oscar Maggiori, como en el jefe de Gabinete de aquellos días, Carlos Fernández.

Lunghi asintió sobre el protagonismo de dichos actores, como así también del asesoramiento legal del hoy presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik y del secretario de Obras Públicas, Mario Civalleri.

El defensor proyectó en el recinto imágenes del antes y el después del Hipódromo una vez el lunghismo en el gobierno, como así también la carrera organizada por la UTTA (Unión de Trabajadores del Turf y asociados).

Después de Lunghi, llegó el turno de otro par de testigos citados por la fiscalía.

Se trató de quien fuera gerente del predio de aquella concesión, Jorge Berti, quien, entre otras consideraciones, aceptó no tener experiencia alguna sobre la actividad turfística, más allá incluso que fue integrante de la comisión de carreras encargada de realizar los controles.

El debate se cerró con el comparendo de un jockey que fuera noticia tras sufrir una severa lesión al protagonizar un accidente mientras vareaba. El deportista aludió a la falta de atención médica en el lugar mientras practicaba la actividad, otra de las falencias que hizo notar la acusación fiscal, que se establecía por contrato y que la gestión también omitió exigir.


 

 

Fuente:www.eleco.com.ar

 

 


 
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