"Piedrita" Rodríguez Testificó En La Causa Del Hipódromo De Tandil

El expresidente del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires (IPLyC) durante la gestión del gobernador Scioli, Jorge “Piedrita” Rodríguez, prestó declaración testimonial en el debate oral y público, en que se ventila las responsabilidades penales de los funcionarios municipales ante la controvertida concesión del Hipódromo de Tandil, cuando el empresario Daniel Blanco (fallecido) se hizo cargo de ese predio.

El exfuncionario -recientemente excarcelado por una causa que se le sigue en su contra y otros funcionarios bonaerenses por un defalco de magnitudes, sindicado incluso como parte de una asociación ilícita-, arribó a la sala de debate en carácter de testigo y dejó su huella en lo que resultó el escandalosa concesión, habida cuenta que uno de los ejes por el que se transita el debate entre las partes versa sobre quién tenía el poder de contralor sobre la actividad que se desarrollaba en el circo de carreras. Hasta dónde el Municipio podía o debía controlar y dónde comenzaba a intervenir la Provincia, en este caso a través de Lotería y Casinos a cargo de Rodríguez, organismo que en definitiva derramaba los subsidios para que, en este caso el concesionario, afrontara los costos de la administración del Hipódromo como las inversiones acordadas.

No dudó en calificar al Municipio como socialmente responsable de lo que hizo o dejó de hacer el concesionario (NdR. El empresario Daniel Blanco estaba imputado de defraudación al erario público). El exfuncionario hoy jubilado consideró que Loterías y Casinos de la Provincia tenía el poder indelegable de controlar la actividad turfística.

Fiscal y defensor, entonces, tomaron provecho de la declaración para alimentar lo que será en el epílogo del juicio el tiempo de los alegatos que, a la fecha, aún no cuenta con certezas sobre el día a protagonizar el acto de rigor, siendo que restan desfilar frente el Tribunal testigos varios para una instrucción voluminosa como compleja, más allá de las sensibles imputaciones que pesan para con los acusados Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia.

Esta tercera audiencia comenzó con una fallida videoconferencia con los peritos que oportunamente intervinieron y dieron forma a peritajes acerca del estado del circo de carreras en tiempos de denuncias. Los profesionales citados para la ocasión dijeron desde La Plata no estar al tanto del caso por el que habían sido citados, acusando falta de notificación oficial al respecto.

No sin fastidio, desde la secretaría del Tribunal y las partes resolvieron postergar los esperados testimonios para próximas audiencias y, tras un cuarto intermedio, continuar con el comparendo de otros testigos traídos a la sede judicial.

Ingresó a la sala, consecuentemente, Virginia Gallo, expareja del denunciante Jorge Cuenca, quien respondió sobre las motivaciones que llevaron al cuidador a, primero, involucrarse en la recuperación del predio, y después protagonizar las desavenencias con el empresario Blanco y funcionarios comunales, hasta derivar en la denuncia penal.

La testigo, supo referirse a esos años de confrontación y exposición en pos de generar conciencia en la población sobre lo que estaba ocurriendo en el Hipódromo, acerca de las irregularidades en materia de inversiones para el predio como así también con las carreras oficiales y no oficiales que allí se montaban.

Dijo haber sido testigo presencial de un encuentro casual callejero entre Cuenca y el exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu, a quien su expareja le daba cuenta sobre las irregularidades. A consulta del defensor, la mujer no supo reconocer al funcionario nombrado, que estaba a escasos metros, sentado en el banquillo de los acusados.

Más luego devino en una ahora sí concretada videoconferencia con un instructor judicial con asiento en Azul. Se trató del contador Roberto Terille, quien oportunamente propiciara un par de informes que obran en el expediente acerca de los recursos que recibía la concesión en carácter de subsidios.

No fue casual que allí el fiscal Eguzquiza se detuviera en que el contador realizara un pormenorizado repaso de dichos informes acerca de los subsidios trimestrales recibidos y haciendo el cálculo con la cotización del dólar de esos años, buscando así darle dimensión de los montos que están en discusión. Cientos de miles de dólares fueron a parar a manos del concesionario sin mayores controles a la hora de corroborar el destino de los mismos en pago de premios por carreras (oficiales, no oficiales, cuadreras, simulcasting) e inversiones en un plan de obras que, a todas luces no lució nunca.

Dicho testimonio con su respectivo informe echaría por tierra lo que el intendente Miguel Lunghi expuso en su declaración en la pasada audiencia, cuando aludió a los retrasos en los pagos que la Provincia protagonizaba y que factiblemente los padecía el concesionario a la hora de poderlos volcar a lo que se había comprometido, incluso con el pago del canon.

Por lo dicho por el instructor, con respuestas oficiales de Lotería y Casinos en mano, Vistas Serranas cobraba en tiempo y forma suculentas sumas de dinero que no se volcaban al menos al predio, como se había acordado, vía contrato de concesión con el Municipio.

Por caso, Blanco se había comprometido a donar un porcentaje de las carreras de simulcasting cuando superaba los 7 mil pesos de recaudación de apuestas. Al decir de los informes oficiales y el cálculo realizado por los contadores, claramente se superaba dicho monto pero nunca hubo donación alguna.

Respecto al incumplimiento del pago del canon, constan en el expediente cuando el Municipio, a través de la Secretaría a cargo de Espondaburu notificaba sobre la deuda con intimaciones y cartas documento (en tiempo que el Concejo exigía información), pero que no se avanzaba más allá.

De hecho, el fiscal apeló a un dato sugestivo. A horas de
protagonizarse la interpelación del Concejo Deliberante, de buenas a primeras el empresario pagó en concepto de canon lo que debía de meses.

A su término, fue el turno de la contadora municipal Marcela Espino, quien debió afrontar un severo interrogatorio del Ministerio Público. De hecho, tras dar por culminado su testimonio, la contadora dejó la sala sollozando.

La testigo apenas había participado de la apertura de la licitación de la polémica y no mucho más. Sin poder dar mayores precisiones sobre cómo el Municipio corroboraba si el concesionario cumplía con los pagos asumidos por contrato.

También compareció ayer un albañil que oportunamente fue convocado por Blanco para realizar distintas obras de mejoras que se había comprometido en lo que concierne a los boxes como la hotelería del predio donde se ubicaban los jockey y cuidadores.

Al decir del propio testigo, las obras resultaron menores como precarias, con materiales usados y en lo que debía ser la hotelería en verdad parecía una matera.

Llegó el turno de uno de los testimonios más esperados en el recinto: Jorge "Piedrita" Rodríguez.

Tras repasar su rol en el organigrama provincial y sus más de 30 años como funcionario público, conocedor como pocos de la actividad hípica, repasó cómo se inició el proceso que generó la reapertura del histórico predio en Villa Aguirre.

Con claridad afirmó que la autorización para la apertura del Hipódromo la realizó el Municipio, como así también gestionó los subsidios correspondientes que, primeramente se hacían por mes y luego pasó a ser en forma trimestral.

Aclaró que quien se encargaba de controlar que dichos subsidios cobrados en tiempo y forma fueran a parar al destino prefijado era la comisión de seguimiento dentro del organismo provincial. Una vez pasada la rendición de cuentas por dicha dependencia se aprobaba el pago del subsidio siguiente.

Afirmó tajantemente sobre la "solidaridad responsable" del Municipio con Vistas Serranas quien, en definitiva, logró la concesión por decisión de la comuna. De hecho, sumó que en principio hubo un aval del Municipio para que la empresa cobrara el dinero en cuestión.

Una vez más allí, el fiscal expondría el documento en el que el intendente Miguel Lunghi firmaba hacerse totalmente responsable del Hipódromo, foja que fue entregada a la Provincia.

Asimismo, respondió afirmativamente sobre la exigencia que hizo la Provincia para que el Municipio tuviera un veedor para controlar el cumplimiento de las obras exigidas por contrato. Por lo que la comuna tenía obligación de controlar.

No supo responder por qué entonces no se hizo caso a los informes lapidarios de dicho veedor que de buenas a primeras fue despedido.

También aludió a las inspecciones que la propia Provincia realizó a partir de las denuncias que Cuenca realizaba y allí empezó a relativizar las falencias citadas, ya sea de la pista de carreras o la empalizada que, a su entender, tenía las mismas precariedades que otros hipódromos.

"Había problemas subsanables", supo decir ante preguntas del defensor que luego lograría sacarle la definición más preciada: quien tenía el poder de contralor de la actividad hípica era la Provincia, en lo concerniente a las carreras oficiales y no oficiales, el respetivo pago y el estado de los caballos, por citar ejemplos. No así las obras asumidas en el predio.

Rodríguez indicó que la autoridad de aplicación era un poder "indelegable" de la Provincia en materia de actividad turfística, pero el Municipio era "socialmente responsable" por haber dado la concesión.

Cabe consignar sobre el funcionario devenido en testigo, que fiscal, defensa, como los jueces, primeramente debieron resolver sobre la situación procesal del citado, siendo que "por los medios" sabían sobre una imputación en su contra por una defraudación precisamente en Lotería y Casinos.

La duda radicaba en si dicho procesamiento y causa respectiva tenía vinculación con la de aquí y ahora ventilada. El propio Rodríguez se encargó de aclarar que no. Que efectivamente estaba imputado y recientemente excarcelado por una causa independiente a lo que en Tandil se estaba investigando.

A más precisiones, el expresidente del Instituto de Lotería y Casinos bonaerense, a principios de enero se entregó a la justicia y quedó procesado por malversación de caudales públicos, al igual que el ex tesorero de la entidad, Jorge Maggi.

"Presentamos los informes de ausencia de antecedentes y peligrosidad procesal. Ellos no entorpecerán la investigación. Además, el delito que se les imputa es excarcelable porque tiene penas que van de 2 a 10 años de prisión", explicó el letrado defensor.

Tanto Rodríguez como Maggi, más los empleados Marcelo Bordenave y Alejandro Selva, están acusados de haber malversado fondos públicos al haber emitido órdenes de publicidad apócrifas por más de 18 millones de pesos.

Según la investigación, entre abril de 2013 y 2015, se iniciaron expedientes para generar órdenes de publicidad apócrifas en favor de personas con las que los acusados estarían en connivencia.

La denuncia había sido radicada en 2016 por el entonces director de Lotería de la provincia de Buenos Aires, Eugenio López Melitón, tras una auditoría que realizó en el organismo cuando asumió el cargo.


 

 

Fuente:www.eleco.com.ar

 

 


 
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