Los Empresarios En Contra De La Nueva Ley De Juegos Boliviana

El Gobierno boliviano podría recaudar unos USD 27 millones,  según las primeras estimaciones del Ministerio de Economía de ese país, con la puesta en vigencia de la nueva Ley de Juegos de Lotería y de Azar. El cálculo resulta muy alentador para el gobierno boliviano pero ha desatado una verdadera polémica de parte de los dueños de casinos y salas de juego que consideran que la carga impositiva es excesiva y reduce la rentabilidad del sector hasta límites que hacen peligrar la continuidad de la actividad.

Las bases de la nueva Ley incluyen la aplicación de un impuesto directo sobre el 30% del bruto. El total ingresado a la máquina, no como ocurre internacionalmente en la industria del juego, donde el bruto es el resultado de lo que ingresa a cada máquina menos los premios pagados (NET WIN).

Según entidades que defienden a los empresarios del sector, la Ley además, aplica el 13% de impuesto al valor agregado, "creando un precedente único en el mundo" y el 3% correspondiente al impuesto a las transacciones. Finalmente, la nueva Ley mantiene el 25% anual correspondiente al Impuesto a las Utilidades Empresarias.

Siempre haciendo referencia a las criticas de los dueños de casas de juego, la nueva norma también incluye un "insólito gravamen", el Impuesto a la Participación en Juegos, que prevé que cada jugador tribute en forma directa el 15% más el 13% de IVA cada vez que realice un cambio de dinero por fichas o créditos.

Javier Castedo, asesor jurídico tributario de la empresa de casas de juego Lotex, aseguró que la norma "inviabiliza el funcionamiento del juego en Bolivia, además de ser inconstitucional e ilegal en cuanto al tema impositivo".

El profesional acotó que "en suma, el impuesto llega a 60%. Algunas empresas podrían cerrarse". No descartó que se presente algún recurso judicial.

De cualquier manera los empresarios del sector la sacaron
barata. Durante el tratamiento de la ley la oposición pidió que el impuesto para las casas de juegos sea de 50 por ciento y no de 30; en tanto que para los jugadores sea de 25 por ciento y no el 15 por ciento, como establece la Ley.

Se prevé que la puesta en vigencia de la norma, recientemente promulgada por el presidente Evo Morales, evitará una evasión mensual de USD 500.000.

Sin embargo, el proyecto también había recibido fuertes críticas de parte de los municipios que consideraron que el porcentaje destinado a los gobiernos comunales era insuficiente. Por esa razón calificaron a la norma como "centralista"

De acuerdo con la nueva ley, el tributo a los jugadores se distribuirá en un 70% para el Tesoro General de la Nación (TGN), 15% al Gobierno Departamental y 15% al Gobierno Municipal.

De esta forma se actualizó la ley vigente, una norma elaborada en 1945 que se había quedado ampliamente desfasada.

De acuerdo con la Ley promulgada, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional.

Por las características de los juegos de lotería y de azar, la AJ es la única entidad facultada para otorgar licencias y autorizaciones, fiscalizar, controlar y sancionar las operaciones de las actividades señaladas en la norma.


 

 


 
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