Río Negro No Interviene En Conflicto Por Las Tasas En El Bolsón

Los jueces del Superior Tribunal de Justicia rechazaron la posibilidad de citar a la provincia de Río Negro, en calidad de tercero obligado, en un puja judicial entre la Municipalidad de El Bolsón y Entretenimientos Patagonia SA. La empresa planteó la inconstitucionalidad de la ordenanza Nº 147/2010, que fijó un incremento del 50 por ciento para la actividad de juegos de azar y llevó la cifra que pagaba el casino a los 37.000 pesos mensuales. En ese contexto, solicitó la citación como tercero de intervención obligada a la provincia de Río Negro, concretamente a la Lotería rionegrina.  

 

Por entonces, la firma consideró que la norma impugnada, por la cual se readecuó el marco tarifario para el ejercicio fiscal 2011, afecta derechos constitucionales de la provincia y agregó que el municipio demandado "invade facultades tributarias que la Constitución provincial pone en cabeza de la provincia de Río Negro".

Alegó interés de la provincia, porque "si se convalidara la ordenanza puesta en crisis, afectará de manera terminal la ecuación económica financiera que tuvo en cuenta al momento de otorgar a su mandante el contrato de concesión para la explotación del casino de El Bolsón".

Sostuvo que por esta razón "la provincia quedará expuesta a un eventual reclamo por las pérdidas y perjuicios originados en la persecutoria conducta municipal hacia su mandante".

Por su parte, el apoderado de la Municipalidad de El Bolsón, Miguel A. Wisky, con el patrocinio letrado del abogado Matías Vera Figueroa, al contestar la demanda y peticionar el rechazo de aquélla, solicitó el rechazo del pedido de citación a tercero efectuado por Entretenimientos Patagonia, porque "el instituto procesal es de carácter restrictivo y no resulta necesaria su intervención para la resolución del caso".

Después, el apoderado de la provincia de Río Negro, Cosme Andrés Nacci, se opuso a la citación que en calidad de tercero se efectuó por entender que "no existe la comunidad de intereses que la actora considera acreditada".

Al analizar el caso planteado, el juez Sergio Barotto coincidió con el dictamen de la Procuración General, en cuanto corresponde rechazar la citación de la provincia de Río Negro en calidad de tercer obligado, tal como fuera solicitado por Entretenimientos Patagonia.

"Como bien señala la Procuración General, la intervención de terceros en el proceso y su citación es de carácter restrictivo; debiendo ser admitida solo por excepción, cuando las circunstancias demuestren que así lo exige un interés legítimo. Por ello, al solicitar la citación de aquel se debe
fundamentar extremadamente el pedido, atento la excepcionalidad del instituto y su carácter restrictivo, con lo que no resulta suficiente la invocación de una hipotética afectación de un interés o la simple afirmación de que la controversia es común", argumentó Barotto.

Agregó que la empresa "no acredita de modo suficiente la existencia de "controversia común" que involucre intereses de la provincia de Río Negro que puedan verse afectados con la sentencia que eventualmente recaiga en este proceso. La propia provincia de Río Negro se opone a su intervención en el pleito y niega cualquier conflicto de poderes en cuanto a la competencia para gravar la actividad". 

En Bariloche igual

Entretenimientos Patagonia SA presentó también una denuncia de inconstitucionalidad contra la nueva tasa establecida por el municipio de Bariloche para la actividad de casinos. La demanda data de junio pasado y fue formulada directamente ante el STJ.

Con todo, el asesor letrado municipal defendió en su momento la legalidad de la imposición que incluyó a las casas de juego en el régimen ordinario de la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene y los encuadró entre los rubros comerciales más gravados, con una alícuota del 4% sobre sus ingresos. La misma  pesa sobre joyerías, whiskerías, cabarets, hoteles por horas y alquileres de barcos y aviones.

En el caso del casino, dada la abultada facturación de sus dos locales en Bariloche, el monto de la tasa fluctúa entre los 250 y los 300 mil pesos mensuales. Antes de la nueva ordenanza la empresa gozaba de un régimen privilegiado y sólo pagaba 3.500 pesos por mes.

En tanto, desde la administración comunal de El Bolsón  informaron ayer que -pese del desacuerdo jurídico- el casino paga la tasa de acuerdo al monto vigente ($37,000 por mes bajo protesto), porque "de otro modo se expondría a una clausura".


 

 

Fuente:noticias-elbolson.blogspot.com.ar y adnrionegro.com.ar

 

 


 
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