Municipios Uruguayos Podrán Autorizar Tragamonedas

El proyecto de ley para regular en Uruguay el negocio de las tragamonedas fuera de los casinos, autorizará un máximo de tres slots en negocios como bares o cantinas, sin exigir contraprestaciones, salvo el pago de un impuesto de dos Unidades Reajustables (hoy $ 1.306) mensuales por maquina.

El Ministerio de Economía estima que el negocio que se pretende regular abarca a 18.000 tragamonedas, que tienen una recaudación mensual promedio de entre $ 12.000 y $ 16.000 por unidad. Por tanto le cobrará entre 8% y 10% aproximadamente. En el juego legal actual, la modalidad más utilizada es la asociación con privados donde el Estado tiene 60% de las utilidades. Hay dos casos excepcionales que son el Hotel Casino Carrasco (la Intendencia le dio una concesión por 30 años) y el Hotel Conrad de Punta del Este, que son 100% privados.

El proyecto de ley que fue redactado en la Dirección Nacional de Casinos y perfeccionado en Economía, deberá regular una actividad que mueve unos US$ 170 millones al año sin aportar nada al fisco, según datos que maneja el ministerio de Economía.

El nuevo texto -según indica el diario El Observador-, será remitido en días al Parlamento de acuerdo a lo informado por el ministro Fernando Lorenzo, pero el Frente Amplio no tiene el apoyo de todos sus legisladores por lo que deberá negociar con la oposición.

El proyecto otorga potestades a las intendencias para que autoricen en forma precaria y revocable, hasta tres máquinas tragamonedas en negocios donde se vendan bebidas alcohólicas al mostrador (bares, pubs o cantinas). Esos negocios deberán estar alejados de escuelas o colegios, complejos sociales o deportivos, instituciones religiosas o culturales, prestadores de salud, hoteles, restaurantes y tampoco podrán están conectados a salones de fiesta o lugares bailables.

Se especifica incluso que deberán ubicarse guardando una distancia de 500 metros de escuelas y liceos, casinos o salas de juego autorizadas por el Estado. Los comercios con slots, que tienen prohibida la entrada a menores de 18 años, deberán publicitar los riesgos vinculados a la ludopatía y crear espacios específicos para las maquinitas.

Economía creará además un registro donde estará la información de las tragamonedas, los fabricantes y sus operadores, que será un requisito para obtener la autorización. La reglamentación establecerá las condiciones de los slots sobre los componentes nacionales que deberán tener, normas técnicas que se exigirán, así como el margen de retención de apuestas con las que se deberán programar los equipos.

El incumplimiento de la ley facultará a las comunas a
clausurar los locales, decomisar las máquinas, destruirlas y aplicar multas. Los que instalen tragamonedas sin autorización podrán ser castigados con una pena de tres meses a seis meses de prisión y la pérdida de la habilitación para comerciar.

El diputado Walter De León (MPP) informó ayer que no dará su voto para "legalizar una actividad clandestina". Opinó que el juego en Uruguay está regulado desde la época de José Batlle y Ordoñez, y consideró que la propuesta del gobierno "estimulará la participación de menores porque en los hechos no habrá capacidad para controlar nada".

El proyecto traspasa la obligación de contralor a las intendencias mientras que el Ministerio de Desarrollo Social tendrá la responsabilidad de impulsar políticas de prevención y asistencia a las víctimas de ludopatía.

Las slots de los casinos legales están conectados en línea lo que permite controlar la premiación, la recaudación diaria y el pago de impuestos. Las tragamonedas de los comercios, explotarán el negocio sin control informático.

En la exposición de motivos que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento para defender el proyecto que regula a los juegos de azar, se hace una reseña de la evolución normativa del país en esa materia a partir de una ley de 1882. Se afirma que a pesar de las restricciones vigentes, "desde hace bastante más de una década, se asiste al desarrollo vertiginoso y en completo desorden, de una oferta de juego no autorizado (aunque generalmente no clandestino), en base a la instalación y explotación de máquinas electrónicas, que abarca cada vez un mayor número y variedad de lugares, sin limitación, garantías o control alguno".

Economía reconoce que esa actividad "escapa" a toda imposición fiscal. Para el Poder Ejecutivo, los intentos de represión no dieron resultado y se permitió una "caótica multiplicación del fenómeno" hasta llegar "a una suerte de legalización de hecho" que "no brinda garantías a los ciudadanos, expone a los menores, no respeta ningún patrón de instalación, perjudica al Estado que no percibe ningún aporte y materializa una flagrante desigualdad con respecto a los agentes vinculados a los juegos de azar autorizados", expresa el proyecto oficial. Para el gobierno el camino elegido es una "regulación sumamente severa y restrictiva de esa actividad".

 

 


 

 

Fuente:www.elobservador.com.uy

 

 


 

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