Reclaman Mayor Control Sobre Tragamonedas Ilegales

Empresas operadoras de juego de azar reclamaron al ministro de Hacienda de Paraguay, Germán Rojas, que tome las medidas pertinentes para brindar al Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), la logística necesaria con el fin de que ejerza un control efectivo sobre las tragamonedas ilegales.

Exponentes de la industria admitieron que Conajzar, efectivamente, no posee atribuciones para prohibir el despliegue de máquinas, pues esa es una prerrogativa municipal, pero la entidad sí tiene potestad para definir qué puede autorizar un municipio y también qué juego es legal o ilegal.

Pidieron al ministro dejar de lado las incoherencias e iniciar un "combate serio" a los juegos clandestinos, en especial a las máquinas tragamonedas, que son "ilegales" y fomentan una "corrupción en cadena".

Una fuente del sector empresarial expresó que Conajzar debería derogar toda autorización que pudiera existir sobre máquinas de juego programado,, aunque en la actualidad no se conoce licencia alguna operando bajo esta figura.

Al mismo tiempo, manifestó que habrá que definir un reglamento de máquinas y la tipología correspondiente, además de establecer "criterios claros de legalidad".

La fuente empresaria expresó que existen tres aspectos por los cuales se debería prohibir la proliferación de las máquinas tragamonedas ilegales. Primero, por su tipología, pues son artefactos armados en talleres clandestinos, sin ningún tipo de certificación de los programas que llevan dentro.

En segundo lugar, se aduce que su instalación "no aporta nada el fisco ni al sistema formal". Por el contrario, constituyen "una competencia desleal con las empresas que sí aportan al fisco, pagan canon y tienen costos
emergentes de la fiscalización del Estado", en este caso Conajzar.

El pago de los cánones por la concesión de juegos de azar posibilita el sustento de la Dirección Nacional de Beneficencia (Diben), que desarrolla un vasto programa social que crece constantemente en cuanto a necesidades y exigencias. En ese sentido, la fuente señaló que "la ilegalidad neutraliza a las empresas legales que aportan y, por lo tanto, las recaudaciones para los fines sociales del Estado se reducen drásticamente". Señalan que no se ejerce control sobre la localización de estos aparatos, que afecta básicamente a menores de edad.

En Ciudad del Este, en tanto, el Juzgado de Faltas dispuso ayer la destrucción de unas 300 máquinas tragamonedas incautadas en varias intervenciones realizadas por la Fiscalía en las últimas semanas.

El procedimiento fue realizado en el vertedero comunal, donde Braulio Duarte, asesor jurídico de la Comuna, explicó que se corrió traslado a la Procuraduría de los Juzgados de Faltas, y como no se presentó ningún propietario de las máquinas hasta esa instancia, se ordenó su destrucción.

Las máquinas fueron incautadas en locales del microcentro, barrios periféricos y el Mercado de Abasto de la capital departamental. En el mercado municipal fueron halladas 15 máquinas en un solo local, muy frecuentado por niños y adolescentes de la zona.


 

 

Fuente:www.abc.com.py y www.ultimahora.com

 

 


 

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