La Segunda Sala del máximo tribunal del país rechazó otorgar tres amparos promovidos por igual número de centros de apuestas, cuyos operadores están en contra de los gravámenes locales que se aplican desde 2017.
Fue ese año cuando el ahora senador neoleonés por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, impulsó como diputado local una iniciativa en la materia en el Congreso de la entidad.
La Corte determinó declarar la constitucionalidad de la Ley de Hacienda de Nuevo León, que contempla dos impuestos sobre juegos y sorteos. En un comunicado, se informó que los ministros concluyeron que las reglas impugnadas “no trastocan los principios de justicia tributaria previstos en la Constitución federal”.
Tras el fallo, el senador García señaló que los impuestos a los casinos generan 1,000 millones de pesos de ingresos para Nuevo León, de los cuales 35% corresponde a los municipios y el 65% restante al gobierno estatal.
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ‘el Bronco’, también se pronunció al respecto.
Rodríguez Calderón defendió los gravámenes bajo el argumento de que sirven para contar con recursos destinados a programas sociales y seguridad. Según el funcionario, lo recaudado sirve para reforzar los cuerpos policiacos tanto del estado como de los municipios metropolitanos.
“Siempre estuvimos ciertos de que el impuesto a casinos fue una decisión acertada (...) El 35% se comparte con los municipios, y entre más gente vaya a los casinos, más dinero tenemos”, dijo a medios este jueves.