Productor De Terminales Denuncia A Andalucía Por Atropello

Una de las principales empresas que fabrica y distribuye terminales de venta de lotería calificó como "un atropello de la Junta de Andalucía" a los operativos de la Policía Autonómica para decomisar las máquinas consideradas fraudulentas. La firma Distrimac presentó alegaciones al decomiso y propuesta de sanción de la administración autonómica al entender que sus máquinas "son absolutamente legales, y lo peor de todo es que la Junta lo sabe".

En operativos realizados por la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en la ciudad andaluza de Sevilla, se procedió a la incautación de estos dispositivos que no se ajustaban a las disposiciones vigentes.

La empresa es una de las principales señaladas por esta actuación de la Policía, que retiró de establecimientos comerciales de la provincia de Sevilla 13 de estos dispositivos. Las actas por las que se precintan las máquinas de esta firma refieren que el establecimiento en cuestión donde se detectan carece de autorización oficial de Loterías y Apuestas del Estado, vulnerándose además el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de Andalucía y, sobre todo, la Ley de Juego y Apuestas de la comunidad autónoma, que prohíbe el juego y la apuesta en dispositivos que no estén homologados por la Junta.

"El material que no esté homologado y que se use en la práctica de los juegos y apuestas se considera clandestino", indican las resoluciones administrativas de esta operación, a las que el diario ABC tuvo acceso. Se trata de infracciones "muy graves", aunque no de un delito penal. La Junta detectó lo que entendió como un fraude a los usuarios, pues las máquinas sin permiso estaban vendiendo resguardos de loterías, y envió a la Policía Autonómica a localizarlas y precintarlas.

Para la empresa la acción policial es "un atropello de la Junta de Andalucía" y asegura que sus máquinas "son absolutamente legales, y lo peor de todo es que la Junta lo sabe".

La principal distribuidora se siente "víctima de un abuso" y espera respuesta de la Junta a las alegaciones que presentó. Uno de sus responsables, José Miguel Martín, detalló con "indignación por el atropello al que hemos sido sometidos por parte de la administración regional, que además conoce ya el asunto y tiene una resolución de 2009
que fue favorable a nuestra empresa y tuvieron que desprecintar las máquinas y devolverlas. No se entiende que ahora caigan en lo mismo, seguimos preguntándonos qué hay detrás de todo esto, qué hay tras la actuación de la Policía".

Básicamente, lo que hay es un vacío legal, una falta de regulación en el sector que, según Distrimatic, les perjudicó. El principal argumento contra la actuación policial es que "no se trata de máquinas de juegos sino de simples ordenadores con diversos programas instalados. Este tipo de apuestas se pueden hacer por internet sin problema alguno y se basan en mandatos que se dan a la distribuidora para adquirir un boleto, no en la compra del boleto en sí. Por eso no venden loterías, no dispensan billetes, sino que trasladan una petición, un mandato, sin sobreprecio. No se trata, por tanto, de máquinas de lotería".

El responsable de la compañía que instala los dispositivos insistía en que "se trata de una actividad del todo legal, solo que las normativas sobre el juego las regula cada comunidad autónoma y en Andalucía falta legislación. No se han puesto a trabajar en ello y se limitan a decomisar máquinas sin más, perjudicando a mucha gente". El Ejecutivo regional "podría declarar estos dispositivos como máquinas de juego homologándolos, pero antes debería legislar y no lo ha hecho, con lo que los mantiene en una especie de limbo legal".

Andalucía considera que se trata de aparatos sin homologar, por lo que no les da permiso para funcionar. "Es la pescadilla que se muerde la cola --explicó Martín--, porque pedimos que nos la homologuen y nos dicen que no se puede porque no es una máquina de juegos. Pero luego nos sancionan y nos aplican la normativa de máquinas de juegos. ¿En qué quedamos? Cuando la Junta quiera, nos ponemos a legislar, pero mientras no tienen base jurídica para requisarnos las máquinas".


 

 

Fuente:sevilla.abc.es

 

 


 
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