Organización De Discapacitados Pide Que Se Legalice Su Actividad

La Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que actualmente en España opera una lotería considerada alegal, pidió al Ministerio de Hacienda “iniciar un camino de diálogo para poder resolver la situación" y legalizar su actividad. Asimismo culpa a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) de mantener un monopolio en el sector.

El Ministerio de Hacienda impuso hace algunos meses una multa de 25 millones de euros a la OID por una infracción "muy grave" de la Ley del Juego. De esta manera se la sancionaba por no tener licencia a nivel nacional o autonómico para la fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería denominados "Euroboleto, Euromillonario", "Busca OID", "Busca 25.000 euros" y "Superbusca 10 millones de euros".

El titular de la OID, Dionisio González Otero, pidió al Gobierno "iniciar un camino de diálogo para poder resolver la situación y nuestra normalización como asociación legalmente constituida e inscrita en el Ministerio del Interior que somos".

En la actualidad la agrupación cuenta con unos 4.000 vendedores y empleados. Unos 400 de estos trabajadores están dados de alta a la Seguridad Social pero los vendedores trabajan como autónomos. González Otero explicó que ellos les daban de alta, pero la Seguridad Social las anulaba "para que no acumularan derechos".

Por otra parte, González Otero dijo que hizo una Ley a la medida de un patrocinado, la ONCE, en contra de los derechos del resto y de las leyes europeas. "Se han pasado tres pueblos", añadió. La OID se queja de que se lgisló para dar monopolio al Estado y a organizaciones como la ONCE "que no hace más que ponernos zancadillas".

Sostiene que su lotería no comente ningún tipo de infracción y cita un auto del año 1999 de la Audiencia Nacional en el que señala que la OID "no comete ningún tipo de delito, ni estafa, ni contrabando, ni contra la Hacienda Pública". "Hay 135 autos de archivo en otros tantos juzgados de toda España",
indicó. Desde hace 23 años explicó que piden constantemente la licencia administrativa, pero la Dirección General del Juego se lo niega, si bien aseguró están al corriente de todos los impuestos y obligaciones fiscales.

González Otero recalcó que el Estado protege a la ONCE que cuenta con unas 100.000 personas, mientras que en España hay unos cuatro millones de personas con alguna discapacidad. El presidente de la OID formaba parte de una organización de venta de boletos llamada Prodiecu. Hace años muchos las personas que trabajaban en esa lotería fueron admitidos en la ONCE "pero yo, y muchas personas más aún estamos esperando porque nos querían mandar a muchos kilómetros de nuestras casas y puntos de venta", dijo.

"Nadie tiene el monopolio de representar a los discapacitados y eso lo sabe el Gobierno, que mantiene su protección a la ONCE", afirmó González.

Respecto a la sanción de 25 millones de euros, afirmó que está prescrita y "además el juez pide a Hacienda la resolución y parece que la ha perdido pues no la envían. Lo que ocurre es que saben que lo que está haciendo es contrario a los derechos comunitarios y por eso no siguen", agregó.

El presidente de la OID instó al Gobierno a que persiga a los delincuentes "y no a los que apoyamos a la discapacidad". La organización mantiene que la normativa española que regula el juego es nula de pleno derecho, ya que las leyes europeas prohíben los monopolios salvo en caso de excepción. Respecto al dinero que ingresa a la OID, señaló que primero se paga a los trabajadores. Del resto, un 50% es para abonar los premios que nunca se dejaron de entregar, el 9% a administración y a otras partidas. Un 3% se reinvierte en otras empresas de la propia entidad.


 

 

Fuente:vozpopuli.com

 

 


 
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