Piden Catalogar Como Estafa A Un Controvertido Juego

La coalición política española Compromís presentó en el Senado una moción en la que pide reformas legales para acabar con la actividad de los trileros, tipificando el trile (también llamado ¿dónde está la bolita?), como delito de estafa en el Código Penal, y endureciendo las sanciones contra esta modalidad.

La moción insta al Gobierno a colaborar con las administraciones locales y autonómicas afectadas por este fenómeno, con campañas informativas preventivas destinadas a las potenciales víctimas de esta actividad y de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos.

Asimismo reclama involucrar al Consejo de Políticas del Juego para que, dentro de sus competencias, desarrolle normativa de protección de la ciudadanía y lucha contra el juego ilegal o no previsto en la Ley, en coordinación con la Comisión Nacional del Juego, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y las comunidades autónomas competentes en materia de juego.

El senador territorial de Compromís, Carles Mulet, recogió con esta iniciativa una petición de los representantes de la coalición en la ciudad de Benidorm.

"El fenómeno de los trileros continua presente en buena parte de nuestra geografía y, en especial, en las zonas turísticas donde se ceba especialmente con los y las turistas, transmitiendo una imagen letal de cara al extranjero, que no somos un destino seguro y agradable", lamentó.

Por su parte, el edil de Compromís en Benidorm Josep Bigorra dijo que la falta de una ley que tipifique el trile como delito, "da impunidad" a quienes continúan practicando este supuesto juego, en realidad una estafa, en que se incita al público a adivinar en qué lugar se esconde una bolita tapada por un vaso.

En el trile, avisa Compromís, no existe el factor suerte, sino que solo se gana si los trileros quieren, al influir en el juego con argucias. Con frecuencia los denunciados son insolventes y no afrontan las sanciones.

Pero además, las cantidades estafadas no suelen superar los 400 euros, de manera que solo pueden ser tratados como falta y no como delito y no se puede ni detener a los estafadores. Por eso, el partido pide considerarlo como un delito, puesto que se trata de una actividad organizada y reincidente por lo que le sería atribuible el artículo 570 bis del Código Penal, en tanto que organización criminal, con penas de cuatro a ocho años de prisión.

Hasta ahora, "la única solución es la desesperante acción policial hacia los operadores clandestinos, con el ánimo de que acumulen faltas y así poder ser acusados de delitos por desobediencia continuada".


 

 

Fuente:www.expansion.com

 

 


 

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