El consejero de esa agrupación política, Julio Concepción, explicó que la empresa externa que tiene la concesión de ese servicio en el casino de Las Américas “realiza una gestión lamentable y precaria de este recurso e incumple la legalidad y las obligaciones pactadas en el convenio provincial de hostelería tanto en materia empresarial, como en las pésimas condiciones laborales de la plantilla”.

Citó en ese sentido “pagos en dinero negro, sueldos impagados, contrataciones en fraude de ley, despidos sin pago de las liquidaciones correspondientes y menos días de libranza de lo que procede legalmente”. “Y eso es solo una pequeña parte de la larga lista de irregularidades de este servicio adscrito a una empresa pública dependiente del Cabildo”.

Explicó que tras ser alertado por varios trabajadores de las irregularidades y abusos laborales en ese servicio, hace un año comenzó a pedir información sobre la situación de esa concesión. El Gobierno insular de CC-PSOE comenzó respondiendo someramente “que los servicios de bares y restauración los presta directamente un concesionario a quien en su día se le adjudicó” la explotación de ese recurso, “y que la información estaba en las actas que me habían entregado”. Agrergó que tras comprobar que en esas actas no estaban los datos que pedía, insistió “y respondieron que el servicio había sido subrogado, con lo que estamos hablando de una contratación de hace décadas que nunca se ha sacado a concurso público”.

Además de criticar “el pasotismo” de los responsables políticos del Cabildo, recalcó en que “una vez más, comprobamos que las auditorías que supuestamente fiscalizan el funcionamiento de sociedades insulares como ésta, no detectan irregularidades graves como las que están produciéndose en el citado servicio de bar”. Remarcó asimismo que la continuidad en el tiempo de las anomalías que pudo constatar, con un mínimo de interés por dilucidar cómo se gestiona ese servicio, “demuestra la ineficacia de las medidas de control que se aplican en casinos, y por lo que estamos viendo desde el grupo insular de Podemos, en otras sociedades del Cabildo”.

Para el caso concreto de ese servicio de restauración del casino de Las Américas, señaló que “está sobradamente justificado que se rescinda el contrato a la empresa concesionaria” y recordó que “el Cabildo tiene la obligación de velar por que en sus sociedades se cumpla la legalidad a rajatabla y, además, de garantizar que se respetan los derechos de los y las trabajadoras, sobre todo teniendo en cuenta que el pleno de esta Corporación ha adoptado varios acuerdos sobre políticas de calidad y bienestar laboral”.

Reclamó que ese proceso de licitación “respete los acuerdos de contratación empresarial responsable y de creación de empleo de calidad, sobre todo, entre los sectores afectados por situación de vulnerabilidad o exclusión socio-laboral”. Por último también pidió la readmisión del personal laboral que fue despedido durante el último año sin cobrar la indemnización correspondiente.

Concepción especificó que tanto esa concesión como todos los contratos que dependen de las sociedades del Cabildo, “deben adjudicarse vía concurso público garantizando la libre concurrencia de empresas y, además, en contra de lo que está ocurriendo, debe realizarse una fiscalización exhaustiva de su funcionamiento. Esa debe ser la labor principal de los altos cargos y de los consejos de administración de estas sociedades públicas –expone–, y no, como ha ocurrido en casinos, dedicarse a hacer inversiones especulativas de alto riesgo y a intentar arruinar empresas públicas altamente rentables para justificar su privatización”.