En el encuentro que se realizó bajo la presidencia del Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se designó vicepresidente del Pleno del Consejo de Politicas del Juego, hasta ahora ostentado por la Comunidad Autónoma de La Rioja, al representante de la Comunidad Autónoma de la Junta de Castilla y León.
Por otro lado, se aprobó la propuesta de aproximación técnica en materia de interconexión de los registros de prohibidos, y el procedimiento transitorio a aplicar previo a la implantación de la mencionada solución. En los próximos días se harán públicos a través los documentos relativos a esta cuestión.
Adicionalmente se aprobó además el programa de actuaciones de los Grupos de Trabajo del Consejo de Políticas del Juego para 2017 y 2018, consistente en sendos proyectos destinados a seguir profundizando en la racionalización normativa en aspectos de posible interés común y, en particular, en relación con las fianzas de explotación; la posibilidad de elaborar una memoria nacional del juego bajo el auspicio del Consejo de Políticas del Juego;y el análisis de los riesgos, vulnerabilidades y medidas a adoptar en relación con el fraude en la actividad del juego.
Por la mañana se realizó una sesión monográfica sobre Juego Responsable, Salud Pública y Juego, para establecer un espacio de colaboración donde se compartieron distintas iniciativas, visiones, experiencias y vías de futuro en relación con estas cuestiones.
Se llevaron a cabo presentaciones el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, así como los Directores Generales responsables de Juego del Principado de Asturias y del Gobierno de Aragón y, finalmente, la DGOJ. En las mismas y en el debate subsiguiente se presentaron cuestiones de interés en relación con la manera en que los reguladores de juegos de azar deben abordar la dimensión de salud pública y la protección de los sectores vulnerables (menores y colectivos afectados por el juego problemático) en sus políticas y regulaciones, así como las relaciones con los responsables en materia de salud pública en las distintas administraciones.
Además, se compartieron las distintas experiencias existentes a nivel estatal y autonómico donde se han establecido espacios de coordinación administrativa entre los distintos agentes institucionales implicados en la vertiente social del juego. También se ha discutido sobre cómo dimensionar de manera ponderada tales implicaciones de cara a la sociedad, dada la especial responsabilidad de los reguladores de juego como referentes públicos sectoriales de este legítimo sector de actividad.