Filipinas es uno de los mercados de juego de más rápido crecimiento en Asia, y sus complejos con casinos integrados ayudaron a crear empleos y generar ingresos fiscales y turísticos. También se beneficia de las prohibiciones al juego de azar, que existen en muchas naciones del sudeste asiático.

Duterte ordenó el martes una revisión del contrato de Landing, el mismo día en que inició el proyecto, argumentando que puso al gobierno en una situación de desventaja porque el pago del alquiler era demasiado bajo y el arrendamiento demasiado largo.

Reiteró su antigua oposición al juego y dijo que no quería nuevos casinos.

"Odio apostar. No lo quiero", dijo Duterte durante un discurso público el miércoles, sin dar más detalles.

"No habrá casinos fuera de lo que ya existe. No estoy otorgando nada", agregó.

El presidente ordenó al regulador de juego en enero que dejara de aceptar nuevos pedidos, en un intento por evitar la sobrepoblación en el sector y administrar su crecimiento.

A fines del año pasado, había nueve firmas privadas de casinos en Filipinas que operaban 1.444 mesas de juego y 9.427 máquinas de juego electrónico, según datos del gobierno.

Los ingresos brutos de los juegos aumentaron un 11,6% a 176.500 millones de pesos (U$S 4.500 millones) el año pasado.

Desde el cese de nuevas aplicaciones, dos firmas extranjeras, Galaxy Entertainment Group y Landing, de Macao, obtuvieron licencias de juego provisionales.

No quedó inmediatamente claro si otras aplicaciones enviadas antes de enero y pendientes de aprobación se verían afectadas.

Landing dijo ayer que no tenía nada que agregar a su declaración emitida el día anterior, que decía que el proyecto del complejo turístico integrado estaba avanzando y que su contrato de arrendamiento era válido.