Son varios los argumentos del gobierno que preside Carlos Alonso sobre los que muestra una total discrepancia UGT. El sindicato, por ejemplo, no comparte lo dicho en decaracione públicas por el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías: que aseguró que la legislación estatal de administraciones locales (Ley de Racionalización y Estabilidad Financiera) no recoge los casinos entre sus competencias propias, que el pliego de este concurso público fue negociado con los trabajadores, que estos establecimientos no reportan desde hace una década beneficios reales para el Cabildo, sino que se dedicaron a sanearlos, y que se trata de los únicos de titularidad pública en España.

Frente a esa argumentación oficial, UGT sostiene que "no existe causa legal ni económica que justifique la venta, y mucho menos cuando los casinos generan amplios beneficios [el director general admite dos millones al año], por lo que se trata de una burla esa justificación oficial". Además, "el expediente puede no estar ajustado a derecho".

De hecho, la pasada semana esa organización sindical presentó un recurso de reposición contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se venderán los casinos, una impugnación que es la antensala a plantear un litigio ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

El sindicato se pregunta por qué si el director insular indicó que el interventor general del Cabildo señaló que el expediente de este concurso está "perfecto" su informe no obra junto al resto de la documentación del proceso.

En cuanto a la negociación con la plantilla, mientras el alto cargo del Cabildo manifestó que se celebró una "reunión informativa" y que se incorporaron a los pliegos que rigen el concurso los cambios que solicitaron los trabajadores de los tres casinos, UGT sostiene que "no es cierto", y que "no es lo mismo informar que negociar, e imponer que negociar".

El propio secretario general de UGT a escala regional, Gustavo Santana, cuestionó que el procedimiento seguido por el Cabildo para enajenar los casinos se realizó "con nocturnidad y alevosía, de modo que ni los trabajadores ni los sindicatos nunca han podido blindar sus derechos laborales, que tienen que estar reconocidos en el convenio colectivo".

En la normativa del concurso se establece que los 121 trabajadores deberán ser asumidos al menos durante dos años por la empresa adjudicataria "con los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social correspondientes y con los mismos complementos, protección social y otros premios de permanencia que cada trabajador tenga".

Respecto a la rentabilidad, el sindicato critica que el análisis del Cabildo se realiza con datos referidos al periodo de crisis económica, y no al momento actual, cuando, insiste, es una actividad rentable para las arcas públicas, por lo que UGT se plantea: "Por qué entonces se priva de este recurso público a los tinerfeños".

También desmiente esta organización sindical que los casinos tinerfeños sean los únicos de España de propiedad pública, pues asegura que también los hay en Santander y en otros países de Europa.

Echa en falta el sindicato un informe de tasación sobre el valor de los tres casinos, si bien el director general de Hacienda indicó que el proceso "ha sido fruto de una tasación, que es una valoración de salida, por una empresa entre las cinco más importantes de este país. Además, se ha hecho un estudio muy minucioso por el procedimiento comúnmente más aceptado, el de flujo".

El precio al que saldrán a concurso las tres salas de juego, de forma conjunta, es de 25 millones de euros, una valoración que, según subraya el sindicato, "no ha tenido en consideración otras variables que ampliarían de forma considerable el valor de los tres establecimientos".

UGT recuerda que en el anterior intento de privatización, en 2016, solo al casino situado en Playa de las Américas se le puso un precio de licitación de 20 millones. A ese fallido concurso se presentaron Automáticos Canarias, Barceló Hoteles y Hotel Oasis Paraíso.

En esta ocasión saldrán a concurso, en el mismo paquete, las tres salas de juego, que pertenecen a tres sociedades públicas del tipo SA: Casino Taoro, en Puerto de la Cruz; Casino Playa de las Américas y Casino Santa Cruz.